La futura Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud pretende transformar uno de los pilares del sistema sanitario: la red de hospitales que funcionan mediante conciertos privados. El Ministerio de Sanidad busca limitar un modelo extendido por el país y que afecta a hasta 144 centros. Desde los seis que sustituyen por completo a los públicos hasta los 138 que complementan su actividad, según recoge el anteproyecto.
El pasado martes, Moncloa aprobó esta norma, que derogará la Ley 15/1997, aprobada bajo el Gobierno de José María Aznar y que abrió la puerta al modelo Alzira y otras fórmulas de gestión privada. El texto está actualmente en fase de Audiencia pública y las organizaciones podrán presentar alegaciones hasta el 4 de marzo.
La norma fija que la gestión indirecta solo podrá usarse de forma excepcional y bajo una serie de requisitos. Será necesario demostrar que no es posible prestar el servicio de manera directa, garantizar la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y cumplir criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Además, antes de formalizar cualquier concierto o colaboración público-privada, las comunidades autónomas deberán realizar una evaluación previa. Tendrán que elaborar un informe justificando la necesidad de externalizar el servicio, que posteriormente será revisado por un comité de expertos y técnicos.
España cuenta –según datos de 2025– con seis hospitales bajo concierto sustitutorio, un modelo en el que una empresa asume por completo la asistencia que correspondería a un hospital público y recibe una remuneración por la actividad realizada. Son dos en Galicia (uno de ellos es el Hospital de Povisa, en manos de Ribera Salud), uno en Asturias, uno en Comunidad Valenciana, uno en Madrid (Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Quirónsalud) y otro en La Rioja (Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera, administrado por Viamed), según recoge el anteproyecto.
La norma también limita los conciertos parciales, cuyo objetivo es apoyar a los hospitales públicos absorbiendo pacientes en lista de espera, realizando pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o prestando servicios específicos como rehabilitación o salud mental.
En 2025, existían 138 conciertos complementarios firmados con centros privados. Andalucía concentra 23, seguida de Castilla y León (19), Murcia (14), Madrid y Canarias (13 cada una). También hay conciertos parciales en Navarra, País Vasco, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias y Aragón.
Por otra parte, los hospitales gestionados por entidades sin ánimo de lucro –como fundaciones u órdenes religiosas– no se verán afectados por estas limitaciones. Al contrario, el anteproyecto establece que serán priorizados en caso de empate a la hora de adjudicar un concierto. En 2025, había 109 hospitales bajo este modelo. Andalucía cuenta con siete (como el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe); Madrid, con tres (entre ellos, el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela); País Vasco, con dos; y Cantabria y Navarra, con uno cada una. Cataluña destaca especialmente, con 93 centros.
Modelo sanitario catalán
El modelo sanitario catalán es singular porque, mucho antes de que existiera una red pública, la atención ya la ofrecían órdenes religiosas, fundaciones benéficas y mutuas creadas por empresas industriales para cubrir a sus trabajadores. Esto hizo que el territorio desarrollara una amplia red de hospitales y centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro, con fuerte implantación local.
Cuando la Generalitat asumió la sanidad en los años 80, en vez de absorberlos, integró todos estos centros dentro del sistema público (Siscat), manteniendo su gestión no lucrativa pero bajo financiación y planificación pública. Por eso Cataluña sigue teniendo tanta provisión sanitaria pública gestionada por fundaciones, mutuas y órdenes religiosas. Ejemplo de este modelo son el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital del Mar o el Hospital de Sant Pau.
Por otra parte, el anteproyecto eliminará la gestión concesional, también conocida como modelo Alzira, nacido en la Comunidad Valenciana de la mano de Ribera Salud, entonces dirigida por Alberto de Rosa. Bajo este sistema, la administración financia el hospital, pero cede a una empresa la construcción y gestión, que recibe un pago anual fijo por cada habitante asignado.
En la actualidad, hay cinco hospitales bajo el modelo Alzira: el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) y el Hospital del Vinalopó (Alicante), gestionados por Ribera Salud; y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital General de Villalba, administrados por Quirónsalud en Madrid.
Según consta en el anteproyecto, los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, aplicándose la nueva normativa en los procedimientos futuros. Los actuales contratos de concesión empezarán a perder su vigencia en 2030.
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