Tras un debate intenso la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó finalmente por unanimidad este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que aunque no es «perfecta», como la calificó la vicepresidente Nora Bracho a ABC, logra un avance importante para la liberación de … la mayoría de los presos políticos, exiliados, perseguidos e inhabilitados políticos.
Haciendo un resumen de los beneficios alcanzados la ley permitirá a los familiares y presos políticos soñar despiertos porque obtendrán libertad plena; se eliminarán los grilletes electrónicos, la prohibición de salida del país y el régimen de presentación tan pronto salga publicada en la Gaceta Oficial en los próximos días.
También los exiliados podrán tramitar a distancia con su abogado el retorno al país sin necesidad de estar presentes en los tribunales con la garantía de que no se les detendrá nuevamente. Fue creada una comisión especial de seguimiento, integrada por 23 diputados, que evaluará los casos de los sindicalistas, los perseguidos y los inhabilitados políticos para que puedan ser habilitados.
Para la segunda discusión del proyecto de ley la comisión parlamentaria redactora recibió unas 2.700 propuestas de diferentes sectores de familiares, ONG, grupos de juristas, gremios profesionales. Las propuestas de la sociedad civil fueron incorporadas en 15 artículos.
La sesión plenaria estaba convocada para las 16 horas pero comenzó a las 19 horas de la tarde después de una larga y fuerte discusión entre los diputados chavistas y los denominados opositores.
«Esta es una ley muy humana. Tiene rostro y lo vemos cuando atendemos a las madres de los presos políticos. Es un instrumento para intentar sanar heridas profundas y tender puentes invisibles en los abismos que hemos vivido durante 27 años», afirmó Bracho.
La diputada opositora afirmó que el artículo 7 fue modificado para que la amnistía no obligue a los presos políticos y a los exiliados la presentación física inmediata ante tribunales, permitiendo mecanismos telemáticos o mediante representación legal para evitar detenciones arbitrarias durante el proceso.
En efecto, se incorporó este texto al artículo 7: «excepcionalmente cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado de su confianza, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad.» Se da garantía para no volverlo a detener por la misma causa.
También dijo que se modificó el artículo 8 para permitir que jóvenes y ciudadanos que cometieron faltas menores contra el patrimonio público (no relacionadas con corrupción) puedan reinsertarse a la sociedad.
En el artículo 8 se incorporaron las detenciones por los hechos políticos violentos como manifestaciones, huelgas y protestas ocurridos desde 1994 hasta la actualidad, incluidas las protestas por el fraude de las elecciones del 28 de julio de 2024, 2025 y 2026.
En el artículo 9 se excluyeron de la amnistía a las personas que hayan cometido delitos por violaciones graves a los derechos humanos, los delitos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por homicidio intencional y lesiones gravísimas, por corrupción y tráfico de estupefacientes y drogas.
En el artículo 10 «se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía en cualquier estado y grado de proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de esta ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada».
Por su lado, el artículo 11 señala que el tribunal competente «verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo, en un plazo que no excederá de quince (15) días».
Nora Bracho señaló que el grupo parlamentario Libertad de los 12 diputados no chavistas exigió la creación de una comisión de seguimiento que garantice que el Ministerio Público y los tribunales cumplan la ley de manera expedita. «La meta es la restitución total de derechos civiles y constitucionales, eliminando medidas restrictivas como grilletes electrónicos o arrestos domiciliarios».
Bracho afirmó a ABC que la comisión de seguimiento atenderá a los excluidos como los sindicalistas, los ex trabajadores de PDVSA y Corpoelec, e inhabilitados para que puedan recuperar su habilitación política. Hoy viernes darán una rueda de prensa a las 11 de la mañana en el palacio legislativo.