11/08/2025
Actualizado a las 20:21h.
Jumilla, esa localidad murciana de poco más de 27.000 habitantes en la que conviven hasta 72 nacionalidades distintas, vuelve a situarse en el foco mediático por segunda semana consecutiva. Tras avisar la pasada semana la ministra Elma Saiz de que permanecería vigilante ante cualquier delito de odio y de que el defensor del Pueblo abriera una investigación de oficio, el Gobierno central ha dado este lunes un paso pasó y enviado un requerimiento a este ayuntamiento con el que impugna la moción que PP y Vox sacaron adelante el pasado 28 de julio para prohibir la celebración de rituales religiosos. Un acuerdo entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal en este consistorio de Murcia que se interpretó como un veto directo a fiestas islámicos como la Fiesta del Cordero o el fin del Ramadán, que venían celebrándose en estos espacios desde hace años.
Moncloa da así un mes de plazo (hasta el 11 de septiembre) para que PP y Vox anulen su acuerdo. En caso contrario, ha advertido en declaraciones a ‘La Verdad de Murcia’ la delegada del Gobierno en la Región de Murcia y promotora del requerimiento en coordinación con los Ministerio de Justicia y Política Territorial, Mariola Guevara, el caso será elevado a través de la Abogacía del Estado a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El consistorio de Jumilla ha respondido que suspenderá la medida en caso de que los técnicos determinen que la medida aprobada incumple el ordenamiento jurídico, informa este mismo diario.
El Ejecutivo, tal y como puede leerse en el documento, que ha recogido Europa Press, considera que la iniciativa «infringe el ordenamiento jurídico» por violar el derecho a la libertad religiosa recogida en el artículo 16 de la Constitución española. También apunta Moncloa a una vulneración de la neutralidad política de los poderes públicos en materia religiosa. El requerimiento del Gobierno señala asimismo que la «motivación real» del mismo «no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores».
Recordar que fue Vox el que presentó una moción a través de la cual se instaba al Ejecutivo local de la popular Severa González a «prohibir la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del Cordero’ u otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradicionales […]», así como a rechazar la realización de dicha celebración. Entre los motivos esgrimidos por los de Santiago Abascal en Jumilla, que ritos y celebraciones como el ya mencionado «resultan completamente ajenos a los usos y costumbres que han configurado nuestra identidad nacional».
El texto finalmente logró salir adelante el pasado 28 de julio, en el último pleno del curso político, después de que el PP lo enmendara, reduciéndolo a sólo dos puntos. Por un lado, la reforma del reglamento para promover «actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país», y por otro, el uso de las instalaciones deportivas municipales «para fines deportivos o institucionales organizados por el Ayuntamiento» de Jumilla.
A este último punto se acoge precisamente en la dirección nacional del PP, que este lunes ha vuelto a avalar la actuación de la alcaldesa de Jumilla, escudándose en que el texto no señala ritos ni religiones. Por tanto, tampoco al Islam. «No veta absolutamente nada, no habla de confesiones. No tiene ningún efecto jurídico, se trata de una manifestación política», ha querido dejar claro el vicesecretario de Hacienda popular, Juan Bravo, en rueda de prensa en la sede nacional del partido. Lo ha hecho no sin antes defender en nombre de su partido la libertad de culto y el «máximo» respeto a todas las religiones conforme a lo establecido en la Carta Magna.
Crítica velada del PP a Vox
Después de días rehusando el choque frontal con PSOEy Vox –que le tachan de «cobarde», por un lado, y de «racista», por otro–, los populares se se han decidido este lunes a responder, acusando al PSOE de «exagerar» y «buscar hacer ruido» con el veto a ritos religiosos en instalaciones deportivas públicas en Jumilla para desviar el foco de los casos de corrupción que cercan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre ellos, ha hecho referencia Bravo, el de su ex número tres, Santos Cerdán, en prisión provisional y sin fianza desde finales del mes de junio.
A Vox, en cambio, le ha hecho responsable a través de una alusión velada de avivar la polémica de Jumilla «a cambio de buscar un titular […] para ganar un espacio que no tiene». En cualquier caso, ha declinado entrar a valorar las declaraciones del día anterior de Abascal en las que el presidente de Vox llegó a insinuar que la Conferencia Episcopal rechazó la iniciativa y salió en defensa de la comunidad musulmana por los «ingresos públicos» que recibe del Estado o por los «casos de pederastia» que la mantienen «amordazada». Eso sí, ha pedido respetar «a todo aquel que con educación manifiesta sus opiniones, en referencia a los obispos españoles.
IU celebra la impugnación del Ejecutivo: «La moción va en contra de la libertad religiosa»
Por parte del socio minoritario del Gobierno de coalición, ha sido Izquierda Unida (IU), integrado en Sumar, el encargado de censurar este lunes la polémica iniciativa de la derecha en esta localidad murciana. «Hace bien el Gobierno de España impugnando este acuerdo como acaba de hacerlo», ha defendido el coordinador federal del partido, Antonio Maíllo, quien además ha reivindicado que se trata de una medida que IU había planteado al PSOE para revertir una decisión que, a juicio de Maíllo, «va en contra de la libertad religiosa». Maíllo se muestra además preocupado por esta «peligrosa espiral de ataque a sentimientos religiosos» en un contexto como el actual, «de odio al inmigrante y del musulmán como objeto de ataque», ha denunciado el líder de IU. Una estrategia política, ha zanjado, «que viene de Vox y que está arrastrando al PP, que la asume».
Frente a los intentos del PP de rebajar su acuerdo con Vox, la euforia de la formación derechista, que en su día se jactó de haber sacado adelante la moción. «Objetivo cumplido», se escuchó decir gracias a un micrófono abierto a Juan Agustín Carrillo, único concejal de la formación derechista en el consistorio jumillano.
Tanto el propio Abascal como sus dirigentes territoriales, entre ellos, el de Murcia, José Ángel Antelo, defienden el veto a ritos religiosos en el espacio público como vía para proteger la cultura española ante el «el islamismo radical que cada vez avanza más». Antelo, a modo de guiño al presidente de su partido, ha criticado este lunes en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 a parte de la jeraquía eclesiástica por su «silencio atroz» respecto a la política migratoria del Gobierno.
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