La decisión tomada el año pasado por parte del Ministerio de Agricultura de disponer, por primera vez en lo que llevamos de siglo, de un mecanismo estatal para restringir la oferta de aceite de oliva en casos de sobreproducción -para evitar desplomes de precios- ha … abierto una guerra entre los agricultores, que apoyan la medida sin fisuras, y la industria, que cree que tal y como está planteada atenta contra la competitividad del sector y los consumidores, según dijeron en un comunicado conjunto.

La primera piedra la lanzaron estos últimos al presentar, el pasado enero, un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional a cuenta de las «distorsiones competitivas», aducen, que puede causar la llamada ‘norma de comercialización’ impulsada por el Gobierno. Apenas unos días después, el 13 de febrero, Cooperativas Agro-alimentarias de España, que es la principal organización que aglutina los intereses del cooperativismo agrícola -léase, los agricultores-, recogía el guante anunciando que se iba a personar en la causa para tratar de defender la intervención de mercado, y lo hizo mediante un comunicado muy duro, en el que acusó a la industria de centrar su estrategia «exclusivamente en la maximización de márgenes comerciales». 

«El aceite regalado les sigue pareciendo caro», añadieron en la nota, antes de aseverar que a los transformadores no les importa «cuanto pagan a los agricultores por su aceituna». El pasado jueves, a su vez, la organización agraria COAG escaló el conflicto al anunciar que también ellos se iban a sumar al litigio, aunque de forma independiente de las cooperativas.

Lo relevante, en este caso, es quién está en cada lado de la disputa, pues en la lista figuran las empresas más importantes del sector aceitero español. Firman el recurso interpuesto en la Audiencia Nacional -que sigue a un dictamen de la CNMC que también es crítico con la medida, por cierto- Asoliva y Anierac, las dos principales patronales de la transformación y la exportación -esto incluye a Borges, Carbonell y Deoleo, entre otras-, junto con la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) y Almazaras Federadas de España (AFE), que representan a las almazaras que no están cooperativizadas.

Enfrente, como ya se ha avanzado, estos últimos tendrán al sector primario, ya sea por interposición de COAG o de Cooperativas Agro-alimentarias, que es una organización formada principalmente por pequeños agricultores, aunque -y esto no es poco importante- entre sus miembros cuenta con Dcoop, que es la mayor cooperativa del mundo y mucho más que un productor. Dcoop transforma, envasa, vende bajo marcas propias y tiene una posición de liderazgo en un mercado clave como son los EE.UU. Es un gigante, en fin, que además tiene un pie en cada lado de la cadena agroalimentaria, tanto es así que en su día formó parte de Anierac, aunque finalmente abandonaría esa patronal, con la que incluso ha protagonizado algún desencuentro; el más sonado de ellos, a cuenta de un supuesto fraude masivo con la calidad del aceite que ellos denunciaron y el resto del sector desmintió en bloque.

Demasiado aceite

Las alarmas saltaron a inicios del año pasado, cuando la producción aumentó un 40% y los agricultores temieron un exceso de oferta en 2026

El último choque llega a cuenta de la intervención de precios, un conflicto que aflora ahora pero que en realidad siempre ha sobrevolado las relaciones entre los actores del sector. Para contextualizar este caso hay que remontarse al año 2021, cuando, mediante la aprobación del Real Decreto 84/2021, el Consejo de Ministros incorporó a la legislación española un reglamento europeo que autoriza las medidas de control de la oferta. Con esa ley, el ministro Luis Planas atendía una reivindicación histórica de los olivareros, que llevaban años reclamando un mecanismo más expeditivo para asegurar un precio justo en origen ante el fracaso de iniciativas precedentes, como fueron el almacenamiento voluntario (subvenciones a cambio de no vender) y, unos años antes, la empresa Cecasa, una sociedad creada por las propias almazaras para intervenir el mercado, ante la pasividad estatal.

El caso es que desde 2021 el Real Decreto ha estado en un cajón, pues en este tiempo el problema ha sido más la falta de oferta que el exceso, tanto es así que en 2024 la situación llegó al extremo de que el precio del litro de aceite -incluso en las categorías más bastardas- llegó a superar los diez euros. La recuperación llegaría en la campaña 2024/2025, con 1,4 millones de toneladas producidas (un 40% más que el año anterior), pero los agricultores apenas estaban celebrando esto cuando repararon en que el péndulo empezaba a mecerse peligrosamente hacia el otro extremo y amenazaba con llevárselos por delante.

A inicios de 2025 las condiciones climatológicas eran excelentes y de fuera de España llegaban noticias preocupantes sobre un estancamiento de la demanda a nivel internacional (uno que es muy real, según indican los informes del Consejo Oleícola Mundial), de modo que Agricultura empezó a trabajar en una ‘norma de comercialización’, la llamaron, que diera curso al Real Decreto 84/2021. Tal y como fue redactado, el proyecto de norma obligaba a las almazaras a almacenar hasta un 20% de su producción -con excepciones en función de su tamaño- en caso de que el ‘stock’ nacional a inicios de campaña más las estimaciones de producción igualaran o superaran el 120% de la media de los últimos seis años.

Intervención del mercado

La norma ideada por el Ministerio obligaría a las almazaras a almacenar hasta un 20% de su producción

Afortunadamente para los agricultores, el Real Decreto volvió al cajón pasadas apenas unas semanas, ya que una vez empezada la cosecha 2025/2026 se hizo evidente que la recolecta sería similar a la de 2024/2025. Pero el texto ha quedado ahí para años venideros, un hecho que la industria se toma como una amenaza porque consideran que está redactado en términos inasumibles.

En su comunicado conjunto, Anierac, Asoliva, Infaoliva y AFE aseguran no estar en contra de la medida ‘per se’, sino de determinados aspectos de la misma que «podrían generar distorsiones competitivas en el mercado global frente a operadores de otros países», principalmente porque la orden de retirada de producto tendría una aplicación exclusivamente nacional. «El recurso no cuestiona la finalidad de la norma ni los objetivos de estabilidad del mercado», insisten en la nota, antes de pedir que «cualquier medida de intervención se articule bajo criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y coordinación europea».

Acusación a la industria

«Buscan exclusivamente hacer rentable su actividad de extracción sin importar cuanto pagan a los agricultores»

Cooperativas Agro-alimentarias

Estas justificaciones no han aplacado a las cooperativas -ni a COAG-, que creen que el hecho de que la industria presentara el recurso cuando el Ministerio ya había dicho que no habría intervención este año demuestra que, lejos de ser coyuntural, el mismo «persigue su eliminación estructural como herramienta de regulación futura», a la vez que piden a los productores que «reflexionen sobre quienes realmente atienden a sus intereses económicos», en lo que es una clara reivindicación de las almazaras cooperativizadas frente a las empresas que solamente son transformadoras.