Es la receta habitual. Recurrir al pasado para esquivar el presente y un futuro incierto. En pleno ciclo electoral adverso para el PSOE y en previsión de una nueva dosis de recuerdo de su debilidad parlamentaria este jueves, el Gobierno impulsará en su reunión semanal … de este martes dos medidas de alta carga política, disfrazadas bajo la premisa de la guerra contra la desinformación. La desclasificación de documentación relativa al 23-F y la limitación de la publicidad institucional en los medios de comunicación. La maquinaria ideológica se reactiva y funciona a pleno rendimiento para desviar el foco de los asuntos perjudiciales a otros con mayor rentabilidad en las urnas. A presente y a futuro.

Pedro Sánchez utilizó este lunes su cuenta en X -esto es, la red social del tecno-oligarca Elon Musk- para avanzar que el Consejo de Ministros revelará los documentos relativos al 23-F. El anuncio, coincidiendo con el 45º aniversario de la intentona golpista, se presenta por el presidente con la vocación de «saldar una deuda histórica con la ciudadanía». «La memoria no puede estar bajo llave», reza el mensaje. Sin embargo, lo que permanece en un cajón es la reforma de la ley de secretos oficiales, en la que está incluida esta desclasificación automática, que sigue bloqueada en el Congreso por falta de apoyos. Ni siquiera se ha celebrado el debate a la totalidad.

Esta ausencia de respaldo parlamentario suficiente, que se ha convertido en una constante en la legislatura, lleva al Gobierno al atajo de esquivar el aval de las Cortes y proceder unilateralmente vía ejecutiva, con una decisión que aprobará hoy el Consejo de Ministros, tal como informó Moncloa. Fuentes gubernamentales confirman que los documentos estarán un día después, el 25 de febrero con su publicación en el BOE, a disposición de quienes quieran consultarlos, pero no especifican a qué información concreta se levantará la reserva. Se limitan a emplazar a la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, en la que la portavoz, Elma Saiz, dará todos los detalles al respecto.

El Gobierno realizará una desclasificación controlada. Es más, la propia reforma de la ley de secretos oficiales prevé que aquellas cuestiones que puedan estar afectadas por motivos de seguridad nacional no tengan una publicación automática, sino que su confidencialidad se pueda ampliar hasta 15 años más. Todo a criterio gubernamental. El movimiento permitió al Ejecutivo recuperar la iniciativa política, ese codiciado control de la agenda tras una semana muy dura a cuenta del caso del DAO de la Policía Nacional. Como otros giros de guion previos -el último, la regularización masiva de inmigrantes-, el Gobierno avanza en base a sus propias competencias esquivando el control del Parlamento. Fue precisamente en sede parlamentaria, donde el escritor Javier Cercas, en la presentación de la serie ‘Anatomía de un instante’, exhortó a Sánchez a que desclasificara «todo lo que haya» sobre el 23-F para desactivar a los que siguen contando «bulos y bolas».

La reforma de la ley de secretos oficiales es uno de esos compromisos pendientes -en este caso con el PNV- que van saltando de legislatura en legislatura. El Gobierno remitió al Congreso el texto, pero su tramitación no ha avanzado un ápice porque no cuenta con el suficiente respaldo para ello. De hecho, una vez que se oficializó el anuncio varios fueron los socios parlamentarios que reclamaron desclasificaciones a la carta. Desde el PNV señalaron que también se haga lo propio con el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana, entre otros. En EH Bildu también se apunta a los GAL.

ERC supo ver un nuevo conejo en la «chistera» de Sánchez para «tapar» sus problemas de «gestión y liderazgo»

El sentir entre los socios del Gobierno es desigual. Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se felicitaba de la iniciativa, porque «la democracia no se protege con silencios, sino con memoria y transparencia»; desde IU evitaban cualquier triunfalismo considerando la medida insuficiente y su coordinador, Antonio Maíllo, instó a Sánchez a que acelere la nueva ley de secretos oficiales. Especialmente relevante ha sido el desmarque de ERC, que ha sabido ver un nuevo conejo en la «chistera» de Sánchez para «tapar» sus problemas de «gestión y liderazgo». Un diagnóstico que coincide con el del PP y Vox, que lo calificaron de «cortina de humo».

Asfixia económica

Otra de las decisiones de alto impacto político que aprobará hoy el Consejo de Ministros es la aprobación del anteproyecto de ley de Publicidad del Sector Público. Así en frío parece algo anodino, pero cuando se aterriza queda en evidencia su trascendencia. Esta es una de las últimas reformas de calado pendientes del plan de regeneración democrática que Sánchez anunció tras sus cinco días de reflexión. Entonces, el presidente del Gobierno retomó la vida pública alertando contra la «máquina del fango» y los intentos de la derecha política, mediática y judicial para derribarle, utilizando «mentiras, bulos, ‘fake news’ y desinformación».

Bajo la premisa de una pretendida «transparencia», el Gobierno prevé limitar a un 35% los ingresos públicos que nutren a los medios de comunicación. «Con recursos públicos se está financiando la desinformación», aseveró el presidente, en su especial cruzada contra lo que consideró «pseudomedios» y a quienes se quiere comprometer su viabilidad por la vía de los ingresos. «Hay medios que no tienen lectores, solo dinero público», denunció Sánchez. Con la pátina de iluminar los claroscuros de la financiación de los medios, el espíritu de la norma busca revelar en qué invierten el dinero público las administraciones, de manera que exista una trazabilidad de la distribución de la publicidad institucional.

En el Gobierno argumentan que esta fuente de ingresos públicos puede acabar por hacer vulnerables a los medios ante la «influencia» económica que repercute sobre su supervivencia y que esto perjudica la libertad para la prestación de sus servicios y, por extensión, la garantía de un derecho fundamental como es el de la información veraz. El Gobierno ya ha avanzado en otras iniciativas en esta dirección como los anteproyectos de ley sobre el derecho al honor o la actualización de la ley del derecho de rectificación, que permitirá que cualquier ciudadano pueda solicitarla ante falsedades e inexactitudes que le afecten, difundidas por medios de comunicación o ‘influencers’.