El Ayuntamiento de Madrid tiene 57 concejales, pero el Pleno de febrero ha arrancado con todo el protagonismo en los cinco de Vox. A primera hora, el todavía portavoz del grupo, Javier Ortega Smith, ha llegado al Palacio de Cibeles acompañado de sus ‘dos fieles escuderos’, la concejala Carla Toscano y el concejal Ignacio Ansaldo. Los tres expulsados disciplinariamente al no acatar órdenes directas de la directiva nacional. Ortega por negarse a renunciar a su portavocía y Toscano y Ansaldo por atrincherarse con él y bloquear su destitución. A su llegada, Ortega ha aprovechado para reprochar a Vox que «ante una situación de tanta gravedad en España con un gobierno de delincuentes y de criminales» hayan querido poner al grupo «en la tesitura del enfrentamiento» y «entorpecer la labor en pro de los madrileños».
Poco después, la sucesora de Ortega nombrada por la portavocía, Arantxa Cabello, ha dado «un mes» para que el proceso se resuelva para pasar a los tres ‘díscolos’ al grupo de no adscritos y ella pueda asumir su «responsabilidad como nueva portavoz». Los cinco de Vox han pedido votar de forma individual y, en casi todas las propuestas, han coincidido en su intención, menos en las de Urbanismo. El bando de Ortega se ha posicionado a favor de tres iniciativas y el de Cabello junto a Fernando Martínez Vidal se ha abstenido. Fuentes de Vox aclaran que la abstención del segundo bando no se ha dado por motivos políticos sino porque el concejal que se encarga de los temas urbanísticos es Ansaldo y, a los otros dos concejales, no les ha dado tiempo para informarse lo suficiente como para posicionarse en los planes.
Sin embargo, el nivel de tensión no ha vuelto a acercarse —ni de cerca— al de la llegada de los concejales. Incluso los todavía cinco de Vox se han puesto de acuerdo para la única iniciativa del día no propuesta por el PP que se ha aprobado este martes. Precisamente, ha sido presentada por Arantxa Cabello para que el Ayuntamiento se adhiera económicamente al estudio contra el cáncer de páncreas del doctor Mariano Barbacid. Aún así, ni Cabello ni Ortega se han dirigido miradas ni palabras durante la jornada. Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha sido menos duro de lo esperado con el limbo en el que se encuentra Ortega Smith tanto en el Ayuntamiento como en Vox pese a que este lunes le calificaba como uno de los portavoces «más duro» con él.
Colapso de padrón, limpieza y regularización de migrantes
Y es que, casualmente, ha sido Ortega el encargado de inaugurar la sesión formulando la primera pregunta del día al alcalde sobre el empadronamiento ilegal y los casos de fraude que se han detectado recientemente en las oficinas de atención a la ciudadanía, encargadas de estas gestiones administrativas. El alcalde ha afeado a Ortega que hable de empadronamientos ilegales habiendo formalizado él mismo uno «en Sant Cugat del Vallès para poder votar allí en las elecciones generales» y ha asegurado que, cada caso que detectan, lo persiguen «en colaboración con la Policía Nacional» y acusó a Ortega de «superioridad moral». «¿Por qué denuncia usted los empadronamientos ilegales de los demás si en el año 2019 hizo exactamente lo mismo? ¿Tienen ustedes esa superioridad moral?», ha continuado el alcalde.
Poco después, la inmigración volvió a centrar el debate con el rechazo de PP y Vox de la propuesta del PSOE para ampliar hasta cinco las oficinas municipales de atención a población migrante y también de las de atención a la ciudadanía, encargadas de hacer las gestiones del padrón. La portavoz socialista, Reyes Maroto, defendió garantizar una atención «ágil, cercana y territorialmente equilibrada» ante el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo central y acusó al PP de elegir «el miedo»: «Preferimos asumir la realidad, ordenar lo que ya existe y fortalecer la convivencia con políticas públicas eficaces. Ustedes han elegido el miedo, nosotros hemos elegido la responsabilidad«. Después, el delegado de Políticas Sociales, José González, sustentó su rechazo en el impacto administrativo y económico «negativo» que va a tener la medida en la ciudad.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, continuó con las preguntas al alcalde denunciando su modelo de limpieza. «En zonas populares como Puente de Vallecas, Oporto, Simancas o San Blas apenas el 4% de las calles se limpia a diario y hay contenedores a rebosar, basura sin recoger o jeringuillas en parques infantiles», lamentó Maestre. También criticó el «tasazo de basuras» y preguntó si el Ayuntamiento devolverá el dinero si los tribunales lo anulan. Almeida rechazó las acusaciones y aseguró que Maestre busca «ensuciar la vida política de Madrid mediante el odio y la confrontación» y defendió su inversión de 800 millones en limpieza y el refuerzo en los distritos del sur y del este.
Maroto sale del Pleno ante la discusión sobre Cercanías
En la única pregunta del Partido Popular, sobre Cercanías, la tensión volvió a aparecer entre las bancadas, pero esta vez entre la del PP y el PSOE. El portavoz del PP, Carlos Izquierdo, denunció 250 incidencias en lo que va de año, con retrasos y cancelaciones recurrentes, y el alcalde llegó a calificar el sistema como «el peor modo de transporte público». En ese contexto, Almeida ironizó sobre Maroto, a la que definió como la concejala que «mejores servicios presta al Gobierno del Partido Popular», comentario que motivó que la socialista abandonara temporalmente el hemiciclo. «¿Dónde va señora Maroto? No se vaya, por favor, nos viene bien que esté en este Ayuntamiento», ironizaba el alcalde.
El cruce entre ambos partidos continuó en el debate sobre la Encuesta de Calidad de Vida municipal. Maroto aseguró que el mandato de Almeida «está llegando a su fin» por la pérdida de confianza ciudadana y criticó su confrontación con el Gobierno central y su gestión en algunos distritos. El alcalde replicó que su valoración sigue por encima del aprobado y defendió los datos de satisfacción ciudadana: «Si yo tengo que dimitir con un 5,6, ¿qué tendría que hacer usted? Los madrileños la puntúan a usted con un 3», afirmó.
Tras esto, el PSOE siguió con sus críticas al Ayuntamiento. Esta vez, sobre las sentencias desfavorables que han tumbado proyectos como la Ordenanza de Terrazas, el párking del Bernabéu o las Zonas de Bajas Emisiones. La concejala socialista Enma López ha denunciado que los «desastres» judiciales de Almeida generan inseguridad jurídica y costes públicos, cifrando en 1,3 millones las costas pagadas en litigios «de las arcas de los madrileños». La vicealcaldesa, Inma Sanz, rebajó el impacto al asegurar que las sentencias desfavorables no alcanzan el 2,5% de las normas aprobadas y tachó las críticas de «bulos y apocalípticas».
Las Damas Apostólicas, feminismo y Lagunas de Ambroz
Tras concluir el turno de preguntas, llegaron las propuestas del terreno urbanístico, en las que el PP aprobó en solitario la modificación del plan para la catalogación y protección del Noviciado de las Damas Apostólicas, en Chamartín, que permitirá su transformación en residencia de estudiantes con nuevas edificaciones sin aceptar ninguna alegación de la oposición, que cargó con dureza contra el plan. Vox lo calificó de «una salvajada» y «una sentencia de muerte» para «el segundo pulmón verde del distrito», mientras Más Madrid lo definió como «una nueva necrológica urbana» y advirtió de daños irreversibles al patrimonio. El Gobierno defendió que la iniciativa garantiza la «protección definitiva» del complejo y su revitalización.
La vivienda —pero con un tinte feminista previo al 8 de marzo— cogió protagonismo cuando la concejala de Más Madrid Lucía Lois le reclamó al Ejecutivo municipal medidas ante el encarecimiento del mercado y preguntó directamente si sería positivo que los precios bajaran y señaló que esta situación afecta principalmente a las familias monomarentales. Tras criticar que Madrid haya cerrado 2025 con un fuerte incremento del coste de la vivienda, concluyó que la ciudad vive «el momento más caro y más injusto». En respuesta, el delegado de Vivienda, Álvaro González, defendió que la solución pasa por aumentar la oferta y cuestionó las políticas de control de precios, ironizando que «todo el mundo quiere comprar barato para vender caro, incluso los socialistas».
Tras esto, y también a petición de Más Madrid, se abordó el futuro de las Lagunas de Ambroz. El PP rechazó la propuesta de Más Madrid para crear una «Casa de Campo del Este» que protegiera este humedal, al considerar que supondría paralizar 18.000 viviendas «imprescindibles» en la Nueva Centralidad del Este. La oposición defendió preservar el enclave como espacio natural estratégico y pidió «no dejar pasar esta oportunidad histórica». El delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, sostuvo que la protección ambiental es «compatible con el desarrollo urbanístico» y que ya llevan a cabo medidas para ello y se ha referido al Plan Especial del Bosque Metropolitano, que contempla protección para las lagunas.
El poblado de los Vargas y el único acuerdo del día
El PSOE también ha propuesto unas líneas de intervención para el desalojo previsto el 10 de marzo del poblado chabolista de los Vargas, en Fuencarral, y han acusado al Ayuntamiento de echarlos por el avance del desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Los socialistas piden una actuación «responsable y coordinada» que proteja a las cerca de cincuenta familias residentes en la calle Antonio Cabezón. El concejal de Fuencarral, José Antonio Martínez Páramo, detalla que este desalojo responde al riesgo de derrumbe e insiste que no se va a desalojar todo el poblado y que se les ofrece soluciones habitacionales que «continúan rechazando».
Por último, el Pleno ha llegado a un entendimiento con dicha propuesta de Vox para la creación de una línea específica de apoyo municipal a la investigación biomédica, especialmente en el ámbito del cáncer de páncreas «que está investigando extraordinariamente el investigador Mariano Barbacid«. Para, inmediatamente, volverse a separar en torno a una moción de urgencia de Más Madrid pidiendo la dimisión de la vicealcaldesa y responsable de Seguridad, Inma Sanz, por las irregularidades recientemente denunciadas por opositores respecto al proceso para adherirse a la Policía Municipal de Madrid.
Con esto, un Pleno marcado por el limbo en el que se encuentra Vox ha llegado a su fin. La situación del grupo municipal tardará en dilucidarse —como mínimo— un mes. Como es un proceso judicializado, los recursos de reposición y alzada podrían alargar más el proceso y, además, también entra en juego el régimen sancionador municipal que Ortega podría utilizar para blindar su situación. De momento, se desconoce quién hablará en nombre de Vox en el próximo Pleno de marzo, tampoco se sabe si Toscano, Ansaldo y Ortega ya ejercerán como no adscritos o, si al no estar bajo el paraguas de Vox, deciden dejar sus concejalías. Lo único que se sabe es que la fractura dentro del grupo es evidente y que nada volverá a ser como antes para el grupo municipal, ni para Ortega Smith, ni para Cibeles.