Un documento desclasificado del 23F muestra un diagrama fechado en noviembre de 1980 en el que se valoran las diferentes conspiraciones políticas y militares que podían sucederse en España en los meses posteriores.
El informe, atribuido al entonces jefe de Prensa del Ministerio de Defensa y antiguo miembro de los servicios de inteligencia, el teniente coronel del Ejército Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, según recoge en su libro Anatomía de un instante Javier Cercas, está dividido en tres partes en las que se analiza la viabilidad de tres tipos de operaciones: una civil, otra militar y otra cívico-militar. Esta última, un golpe de Estado blando en el que, siempre según el documento, participarían el PSOE y díscolos de UCD, el partido de Adolfo Suárez, tenía «una viabilidad muy alta» y manejaba un plazo de ejecución que no iba más allá de «la primavera de 1981», apenas unas semanas después del 23-F.
De manera un tanto confusa, a este informe de seis páginas se añaden otras que se presuponen escritas después del intento de golpe de Estado, pues en ella se recogen impresiones de diferentes militares que apuntaban a que el primer gran fallo que se cometió ese día fue «dejar al Borbón [Juan Carlos I] libre y tratar con él como si fuese un caballero». «Es por tanto un objetivo a batir y anular«, se ahonda.
La primera parte del informe se centra en las maniobras civiles, es decir, políticas, para acabar con el Gobierno de Adolfo Suárez, muy minado por la situación económica y la pérdida de confianza en quien era uno de los artífices de la transición democrática. Entre ellas cabe destacar una nueva moción de censura el PSOE —que en mayo de 1980 ya había presentado una sin resultados—, aunque esa vez recabando apoyos de díscolos de UCD descontentos con Suárez y obteniendo «una abstención pactada» con el Partido Comunista de Santiago Carrillo, aunque a esta posibilidad se le otorgaba una «viabilidad muy escasa».
Eso sí, la situación habría sido diferente si a todo lo anterior se hubiera añadido que se acordase un «general de talante liberal» como presidente del Gobierno. En el documento se especifica entre paréntesis nombres como Manuel Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente del Gobierno; el teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría; o el teniente general Manuel Díez-Alegría. En este caso la «credibilidad» del escenario era «casi total» si se daban dos supuestos: el apoyo de la Corona y el reclutamiento de un general de «estas características». «Con esta medida piensan ofrecer antídoto al golpismo», se apostilla en el documento. El informe también maneja otras maniobras de ideología democristiana, mixta y liberal a las que se dan una viabilidad «prácticamente nula» o «muy escasa».
La operación militar
El escenario es muy diferente cuando el autor del informe entra a analizar la posibilidad de una operación militar, que divide en tres subtipos: una a cargo de los tenientes generales, otra de los coroneles y la última de los denominados «espontáneos».
En la primera de ellas se sitúa al entonces presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, como referente político, y a «uno o varios generales de gran historial y capacidad de arrastre» como los gestores y autores del golpe. «Al no haber cobertura política de partido, Fraga estaría intentando ser el líder civil», se afirma en el informe, que apunta a que «si el deterioro de la situación [se entiende que político] es rápido», es «muy probable» que tenga lugar y que este guardaría cierta apariencia institucional. «Se considera que los militares son contrarios al protagonismo tipo [Augusto] Pinochet o [Jorge] Videla», añade.
El golpe de los coroneles, «que no pierden el tiempo en conspiraciones de café», no parecía inminente, pero era uno de los más peligrosos. El documento calcula que, de no revertirse la situación, podía producirse en aproximadamente dos años. «Entienden que no solo UCD ha de quemarse, sino también su alternativa, el PSOE, para que se den las condiciones objetivas de cambio de régimen con protagonismo militar (…) Si se dan las condiciones, la acción sería imparable», resume el informe.
Como en el de los tenientes generales, el civil de referencia es Manuel Fraga, pero al contrario que los tenientes generales, los coroneles «no son monárquicos y piensan en una república presidencialista», y «admiten la existencia de partidos políticos, pero muy matizadamente definidos en la Constitución nueva que promoverían al llegar al poder».
Por último, se encuentra el golpe «de los espontáneos», que «tuvo un amago en la Operación Galaxia«, esto es, aquella en la que ya fue detenido en 1978 el teniente coronel Antonio Tejero, autor material del 23-F, por urdir una acción contra el Estado que, tras ser condenado a apenas siete meses de cárcel, acabó impulsando tres años después.
En esta operación se considera «el golpe de mano casi como una acción de comando, bastando algunas pequeñas unidades» para tomar puntos concretos de «Madrid y capitales importantes» de España. En este caso, «se impediría la huida del Rey» y, «una vez realizado el golpe, se pondrían a las órdenes de manos militares contactados». «Serios temores de que el hecho pueda ejecutarse y triunfe», se apostilla.
Por último, se encuentra la posible operación cívico-militar, «promovida por un grupo mixto de civiles sin militancia política y generales en activo de brillante historial». Para el triunfo de este golpe «formalmente constitucional» se antojaba imprescindible «los apoyos de UCD y PSOE» y la «intervención de la Corona, poniendo en marcha mecanismos constitucionales». «El presidente del Gobierno sería un general con respaldo del resto de militares y el Gobierno estaría compuesto por un 50% civiles independientes y algún militar. El resto, civiles propuestos por UCD, PSOE y CD [Coalición Democrática]», se apunta.
A pesar de que el golpe no busca una ruptura del sistema como el de los coroneles, aparentemente sí busca limitar las libertades democráticas con objetivos tan claros como «erradicar el comunismo» o «legislar para impedir partidos regionales». En el informe de noviembre de 1980 se destaca que este golpe «lleva gestándose un año», con él «han mostrado su conformidad determinados líderes del PSOE y UCD» y su viabilidad «es muy alta». En el documento se habla incluso de «un plazo de ejecución para primavera de 1981».
Más acciones violentas tras el 23-F
En este punto el informe recoge lo que parecen ser impresiones de diferentes militares que ofrecen su opinión sobre el fallido golpe de Estado del 23 de febrero: «Comenta que las Fuerzas Armadas están mal preparadas para la lucha subversiva y revolucionaria», «No están decepcionados por los acontecimientos del 23-F y no es el momento de hacer crítica de o que debieron hacer ‘los heroicos camaradas de armas'», «Afirma: ‘Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control'», son algunas de las frases que se anotan.
Así, se señala como principal fallo del fracaso del golpe de Estado «dejar al borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero» y se recogen otras impresiones como «considera que el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un Gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar», y que «es, por tanto, un objetivo a batir y anular».
Más adelante se hace referencia «un inminente nombramiento de [teniente general] Jesús González del Yerro como sucesor de [teniente general] José Gabeiras [como Jefe del Estado Mayor del Ejército]», algo que no se produjo, y que en ese contexto «se ha puesto en marcha otra operación militar de incalculables consecuencias con González del Yerro a la cabeza y con el aparato de [José Luis] Cortina», entonces al frente de la Agrupación de Operaciones para Misiones Especiales del Cesid. Cortina fue procesado en el juicio sobre el 23-F, pero finalmente los magistrados lo declararon inocente.
Asimismo, en el informe se recogen previsiones sobre otros posibles golpes, como la Operación Halcón y la Operación Marte, a través de las que en la jornada de reflexión de las elecciones del 28 de octubre de 1982 que ganó por mayoría absoluta Felipe González varios militares pretendían «estrangular los principales medios decisorios del Estado y Gobierno», declarar el estado de guerra en el país y aislar la ciudad de Madrid con el cierre de las carreteras de acceso, así como ocupar el aeropuerto de Barajas y las estaciones de tren. En esta operación fueron detenido el coronel Luis Muñoz Gutiérrez y otros dos jefes del Ejército.