Hace ya más de una década que los primeros vigueses entraron a vivir en el primer bloque de viviendas de protección autonómica que se construyó en Navia. Los que tuvieron suerte y consiguieron un piso, pagaron por el mismo unos 130.000 euros. Durante los primeros diez años, los propietarios de estas viviendas que querían venderlas tenían que pedir autorización a la Xunta y en todo caso hacerlo a un precio limitado. El objetivo era evitar que se especulara con inmuebles que precisamente están (y estaban) destinados a ciudadanos que no se pueden permitir una compra con los precios del mercado actual.

Transcurridos sin embargo esos diez primeros años, esos pisos han quedado liberados de la protección autonómica, y los dueños se están aprovechando de ello para sacar tajada y disparar su rentabilidad. En las últimas semanas han salido a la venta varios de esos apartamentos por más de 250.000 euros, es decir, el doble de lo que costaron. Por tanto, los propietarios han hecho negocio con viviendas protegidas. En algunos casos, las venden porque quieren mudarse a otras zonas de Vigo y, por lo general, establecerse en una casa o apartamento más grande.

Lo que llama la atención de estos procesos de compraventa es que las inmobiliarias que ponen los anuncios, por lo general, no especifican que se trata de viviendas sociales o de promoción pública. Solo si el cliente les pregunta se lo comunican. El objetivo es evitar que el potencial comprador piense que puede haber algún problema y no se eche atrás.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mayoría de estos inmuebles se han vendido por el precio que pedían los propietarios al poco tiempo de anunciarse en portales como Idealista. Y es que la demanda para mudarse a Navia es enorme, especialmente por parte de parejas jóvenes con hijos. Es más, en los buzones de varios edificios interesados en la compra de un piso en el barrio dejan una nota con sus datos para que se pongan en contacto con ellos en caso de que salga alguno a la venta.

Pagos en negro

Para esquivar los controles de la administración, además, los propietarios piden hasta 75.000 euros ya en metálico con la complicidad de las inmobiliarias, que intermedian en la operación. Dos casos reales: 285.000 euros por un dúplex de tres habitaciones y dos baños con plaza de garaje en el barrio de Navia —75.000 en B— o 240.000 euros por un piso en Barreiro de las mismas características y garaje—30.000 en B—.

Con los pagos en mano, los propietarios evitan esta norma a ojos de la administración cuando quieren vender la vivienda durante el período de protección, ya que el piso se escritura por la cantidad tasada oficialmente. Esta práctica deriva en ocasiones en una especie de subasta encubierta: si los dueños encuentran a compradores que ofrecen más dinero en negro, el piso es suyo.

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