Una nueva plataforma ciudadana, Dret de Pas, se ha constituido en Mallorca para cuestionar algunos aspectos del anteproyecto de la futura ley de la Serra de Tramuntana, presentado recientemente por el Consell. El colectivo, integrado por cerca de un centenar de personas -principalmente ciclistas de montaña- considera que el texto puede tener consecuencias importantes sobre el acceso a los caminos de la Serra y ha anunciado que presentará alegaciones colectivas durante el periodo de exposición pública.
La plataforma también ha convocado una concentración en Selva el sábado 28 de marzo, donde se leerá un manifiesto y se recogerán firmas de ciclistas, excursionistas y escaladores que quieran sumarse a las alegaciones.
El principal motivo de preocupación, según explican, es que la ley introduce un sistema que podría dificultar el uso de caminos tradicionales de la Serra, muchos de los cuales discurren por fincas privadas pero son públicos. En la Serra de Tramuntana, gran parte del territorio es de propiedad privada, pero eso no significa que todos los caminos lo sean. Muchos itinerarios históricos atraviesan fincas privadas pero tienen carácter público o uso tradicional.
Según recoge el anteproyecto, para realizar actividades de montaña en terrenos privados será necesario contar con autorización previa del propietario, que deberá quedar documentada por escrito o de forma telemática. Además, la práctica de la bicicleta de montaña quedaría limitada únicamente a los caminos que figuren expresamente en un mapa oficial de rutas autorizadas.
El problema, según señala la plataforma, es que ese mapa todavía no existe. Tampoco existe, añaden, un mapa completo de los caminos públicos de la Serra, un documento que consideran imprescindible si la futura ley pretende limitar la circulación únicamente a este tipo de vías. «Queremos evitar que se cierren caminos que son públicos pero que pasan por fincas privadas. Si hay que pedir autorización a cada propietario no es viable; es una forma encubierta de cerrar los caminos», explica uno de los portavoces de la plataforma, Josep Maria, uno de los portavoces de la plataforma.
La plataforma insiste en que no se opone a la protección del patrimonio ni a la regulación de determinados usos, pero considera que el anteproyecto introduce restricciones demasiado amplias y ambiguas. «Estaría bien que limitaran el paso en algunos sitios de manera justificada, pero lo quieren hacer al revés: cerrarlo todo y marcar algunas vías permitidas», señala el portavoz.
También cuestionan que el impacto de la bicicleta de montaña sea uno de los argumentos principales para justificar estas limitaciones. «Una bicicleta no desgasta más que una persona que va a pie. Como en todo, hay quien actúa con respeto y quien no. Pensamos que la mayoría de ciclistas no generan una erosión significativa», sentencia.