Una juez ha citado al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por haber cometido una presunta ilegalidad al revelar datos de dos periodistas del diario El País que fueron a la puerta de la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según la denuncia que le interpusieron los dos periodistas, el estratega político, también conocido como MÁR, envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de difusión en el que también se encontrarían más profesionales de la información una fotografía de los redactores de El País a las puertas de la vivienda de Ayuso, además de sus nombres y apellidos. Esto, según su jefe de Gabinete, estaba resultando en un «acoso» a los vecinos de la presidenta madrileña, incluyendo, según dijo, a «niñas menores de edad», que habrían sido «acosadas» por los redactores. «Es un acoso habitual en dictaduras«, aseveraba supuestamente en el mensaje.
A pesar de que el caso fue archivado, un recurso presentado por los denunciantes fue admitido por la Audiencia Provincial de Madrid instó a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid a reabrir el caso. Según ha podido saber Libertad Digital, la juez Raquel Robles ha llamado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez en condición de querellado el próximo 6 de abril.
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Además, la magistrada –que ya archivó la causa hace más de un año por considerar que la querella tenía nula relevancia— ha pedido a la Policía Nacional que identifique a los dos agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta. Uno de ellos, que iba de paisano, habría identificado a los dos periodistas, que, según ellos, se encontraban realizando una investigación sobre la vivienda de Ayuso.
Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya informó de que, a su juicio, el jefe de Gabinete de Ayuso no había incumplido las normas de privacidad de los denunciantes. Aun así, el cauce legal seguirá en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla tras la resolución de la Audiencia Provincial, sin perjuicio de que la magistrada siga pensando que los hechos no tienen relevancia una vez tomada la declaración del jefe de Gabinete y vuelva a archivar el caso.