El expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024 —que se cobró 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia— que le permita personarse en la causa y tener acceso a toda la información contenida en la misma. El letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha presentado un escrito ante el juzgado con el objeto de defender los intereses de Mazón.
La semana pasada, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, acordó su citación como testigo (aún sin fecha) y le pidió que aportara los mensajes de WhatsApps que intercambió la tarde de la dana. La instructora adoptó esta decisión días después de conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano había rechazado investigar al todavía diputado autonómico del PP. Ahora, la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como se indica en el escrito.
Mientras ejercía de president, la jueza instructora le invitó a comparecer en calidad de investigado hasta en tres ocasiones. En ninguna de ellas aceptó la invitación. El pasado 2 de diciembre dimitió como jefe del Consell, pero mantuvo el acta de diputado autonómico que le procura el aforamiento en virtud del cual solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la causa hay dos investigados: la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El movimiento de Mazón se interpreta en medios judiciales como una forma de protegerse ante la investigación de la magistrada que mantiene las diligencias abiertas “sobre él, aún después de la resolución del tribunal competente”, según señala el propio escrito de su abogado. Es decir, viene a sugerir que la magistrada lo sigue investigando.
Tobarra continúa, por ejemplo, con las diligencias —solicitadas un mes antes del pronunciamiento del Tribunal Superior valenciano— para recuperar a través de una comisión rogatoria los mensajes de WhatsApp del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que este dijo haber borrado. Además, cabría la posibilidad de que surgieran nuevos indicios como resultado de su declaración como testigo, en la que está obligado a decir verdad.
Por todo ello, el expresident se ha acogido a la reforma de 2021 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se da la posibilidad a los aforados a personarse en las diligencias de una causa que le afecte, según apuntan fuentes judiciales que advierten de que se trata de un terreno inexplorado, sin precedentes al menos conocidos.
Mazón, según el mismo escrito, ha mantenido desde el inicio de la causa “una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica”.
“Esa posición de prudencia procesal —sigue el mismo escrito— no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del TSJCV”. Por ello, hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria.
Tras la decisión del Tribunal Supremo valenciano, adoptada por unanimidad por cinco jueces, “y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente”, explica. Así, la representación legal de Mazón solicita a la magistrada que tenga por presentado este escrito y, una vez admitida la personación, le facilite el acceso completo a la causa.