El administrador concursal de Urbas no solo ha tumbado el plan de salvamento de la compañía por ser inviable. En paralelo, ha puesto en cuestión la propia arquitectura del pasivo con la que la constructora trató de sacar adelante su reestructuración. El informe, remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso El Confidencial, abre un frente aún más complejo: la posible existencia de créditos inflados, mal clasificados o, directamente, inexistentes dentro del concurso que habían servido a Urbas para votar a favor de su plan de reestructuración hace meses y, ahora, para intentar sacar adelante su propuesta de plan de pagos.
En concreto, el administrador pone el foco en dos sociedades acreedoras, Larisa Inverpromo y Germux. Ambas compañías, como ya publicó este diario, votaron en su momento a favor de la homologación del plan de reestructuración junto a otras sociedades del grupo. Sin embargo, la compañía terminó solicitando el concurso de acreedores voluntario, y ahora ese respaldo previo queda bajo sospecha.
El problema, siempre según la administración concursal, es que los créditos de ambas sociedades no responden a la realidad. En el caso de Larisa, el informe describe una estructura de vínculos societarios que, a su juicio, desdibuja cualquier apariencia de independencia. El presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, ha sido representante físico de la compañía en el consejo de Montebalito, y detrás de Larisa figura Nova Lurani, sociedad que en el pasado actuó como soporte financiero de Urbas mediante inyecciones de liquidez.
El informe es tajante: “La existencia de un préstamo participativo de 2,6 millones de euros, concedido por Nova Lurani a favor de Larisa, corrobora la ausencia de autonomía financiera de esta última, la cual opera como un apéndice de la estructura societaria diseñada por el Sr. Acedo para la gestión y el control del pasivo de Urbas”. A esto se suma que Larisa aparece conectada con la propia Urbas a través de su administrador único, vinculado a su vez a otras sociedades del grupo.
Un entramado societario interconectado
En el procedimiento concursal, Larisa ha declarado una deuda de 21,2 millones de euros, reconocida como crédito ordinario. Pero el administrador concursal sostiene que ese encuadre es incorrecto: en el acuerdo firmado en 2020 entre Larisa y Urbas existía un pacto explícito de subordinación, por lo que debería ser clasificado como un crédito subordinado. De ser así, ese crédito sería de los últimos en cobrarse, de acuerdo con el orden de prelación de créditos, alterando de forma significativa el reparto entre acreedores. Esto es importante, porque la escala de cobro está vinculada directamente al valor del voto.
Más contundente aún es el análisis sobre Germux. Aquí, el administrador concluye que los créditos comunicados “no existen”. La sociedad figura como vinculada al presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, algo que la propia compañía reconoció en diciembre de 2025. Además, su administrador único también estuvo al frente de Nova Lurani, reforzando la tesis de un entramado societario interconectado.
El informe describe «un sistema funcional de sociedades vinculadas a las necesidades de reordenación del pasivo de Urbas»
“Se puede afirmar que estamos ante un acreedor que no es ajeno o independiente de la concursada”, señala el informe, que describe un “sistema funcional de sociedades vinculadas a las necesidades de reordenación del pasivo de Urbas”.
Germux declara dos créditos principales: uno privilegiado, de 2,1 millones, procedente de un préstamo hipotecario originalmente suscrito con Santander —y adquirido por apenas 50.000 euros—, y otro ordinario, de 13,2 millones, al que se suman 2 millones adicionales en intereses como crédito subordinado. Sin embargo, el administrador desmonta esta estructura.
Un portavoz oficial de Urbas señala que la constructora manifiesta «su asombro por el informe emitido por la administración concursal, que parece buscar la liquidación de una empresa con activos y capacidad indudable, en lugar del modo de sacarla adelante». La compañía defiende que los créditos de las compañías acreedoras de Urbas «son correctos, tienen su calificación original, se han presentado con transparencia ante la CNMV y están auditados desde el principio por diferentes firmas». Y aclaran que la compañía «está tranquila porque el informe de la administración concursal no es vinculante y basta con que haya mayoría en el convenio para sacar adelante el plan de abono de la deuda, que prevé pagar a todos los acreedores en tres años y sin hacer ninguna quita”.
Un crédito que simplemente no existiría
Según detalla, el análisis de los flujos financieros revela una operativa circular: Urbas habría financiado, a través de sociedades vinculadas, la compra de su propia deuda por parte de Germux. “La trazabilidad de los fondos […] ha permitido comprobar que los fondos que Germux utilizó para el pago del crédito de Santander provenían de Urbas”, apunta el informe.
Este mecanismo tiene una consecuencia jurídica directa: la extinción de la deuda por confusión, al coincidir en la práctica deudor y acreedor. Es decir, el crédito simplemente no existiría. A ello se añade que el supuesto crédito ordinario de 13,2 millones ya habría sido liquidado en un acuerdo de 2023, lo que refuerza la conclusión de que se trata de un crédito inexistente.
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Estas conclusiones no son un elemento aislado. Encajan con el diagnóstico general del administrador concursal, que ha rechazado de plano el plan de viabilidad presentado por la compañía. El informe desmonta sus principales hipótesis y reduce la capacidad de generación de caja prevista de casi 340 millones de euros a apenas 63,5 millones, dejando un agujero de más de 270 millones que hace inviable el calendario de pagos.
La revisión afecta a todos los pilares del plan: desde el negocio promotor —con proyectos que no podrán ejecutarse en plazo— hasta las desinversiones, que no se han materializado, o las subvenciones públicas, que no llegarán a tiempo. Incluso desaparecen sin explicación inversiones clave contempladas en planes anteriores.
Tesorería en negativo
El resultado es un escenario de tesorería en negativo desde el arranque, con déficits crecientes que impiden atender los primeros vencimientos ya en 2027. A esto se suma la afloración de otros 39 millones de deuda no contemplada inicialmente, que agravan aún más la situación.
Con este telón de fondo, el informe no solo cuestiona la viabilidad futura de Urbas, sino también la consistencia de su pasado. La fotografía que dibuja el administrador concursal es la de una compañía cuyo plan de rescate se apoyaba en previsiones irreales y en una estructura de acreedores bajo sospecha. Un cóctel que deja a la constructora asomada, cada vez más, a la liquidación.