El comité de empresa y la dirección de Solvay alcanzaron este miércoles un pacto en sus negociaciones sobre el ERE planteado por la compañía que … mejora sustancialmente las condiciones iniciales ofrecidas por la empresa. El acuerdo, que se someterá a referéndum vinculante el próximo lunes, 6 de abril, reduce en 32 el número de despidos iniciales planteados en el expediente, afectando finalmente a un total de 45 trabajadores.
Tras una jornada maratoniana celebrada en Santander, Solvay y el comité de empresa de la planta de Barreda sellaron el acuerdo que pone fin al periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con un resultado sensiblemente mejor al que apuntaban todas las reuniones previas celebradas entre las partes. El pacto final reduce a 45 el número de despidos del expediente y abre la puerta a la posibilidad de extenderse hasta los 52 si siete empleados externos al perímetro del ERE solicitasen su adhesión voluntaria y la empresa lo aceptase. El desenlace contrasta con la situación registrada el pasado lunes, cuando la dirección redujo a 54 los despidos, cuatro menos que la semana anterior pero mantenía unas condiciones económicas que los sindicatos UGT, CC OO y USO calificaban de «muy alejadas» de sus exigencias. La empresa había descartado prolongar las sesiones más allá de este miércoles, fecha en que finalmente se cerró el pacto.
En materia de indemnizaciones, el acuerdo supone una mejora sustancial respecto a la oferta inicial. Los trabajadores mayores de 63 años percibirán 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Para el tramo de 58 a 63 años se activa un plan de rentas equivalente al 80% del salario neto, frente al 70% que la empresa había puesto sobre la mesa y que además exigía una antigüedad mínima de 15 años. Los empleados menores de 58 años recibirán 40 días por año con un máximo de 30 mensualidades, muy por encima de los 33 días y 24 mensualidades –el umbral legal del despido improcedente– que figuraban en la propuesta inicial. A ello se suma un incentivo por adhesión voluntaria de hasta 30.000 euros, seis veces superior a los 5.000 euros que la dirección había planteado en las primeras jornadas de negociación.
El acuerdo deberá ratificarse en referéndum vinculante el próximo lunes, en una votación que se desarrollará en dos franjas horarias: de 5.30 a 15.00 horas y de 21.00 a 23.00 horas.
Arasti señala a Madrid
Antes de conocerse el acuerdo, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, pidió al Ministerio para la Transición Ecológica que tome decisiones «rápidas y suficientes» respecto a la situación de la fábrica de Solvay de Torrelavega, y destacó que el Gobierno regional apoya sus demandas en Madrid porque entiende «que la mejor manera de defender a los trabajadores es defendiendo a la propia empresa».
El consejero cántabro resaltó que «estamos en tiempo de soluciones y creo que estaremos de acuerdo en que las soluciones están en Madrid». En ese sentido, señaló que el Gobierno regional y la dirección de Solvay habían propuesto una solución específica para la planta de Barreda, una propuesta centrada en los certificados de ahorro energético, y en la que el Ejecutivo cántabro está ahora pendiente del Ministerio para la Transición Ecológica. «Tiene que decir (el Ministerio) o que sí o que no. Y si dice que no, todos estaremos de acuerdo en que su obligación es poner encima de la mesa alternativas primero suficientes y después rápidas», advirtió.
El consejero insistió en que en Cantabria se necesita que el Gobierno central sea «un aliado» y que el Ministerio para la Transición Ecológica «ejerza de abogado defensor de la industria, no de fiscal». «Necesitamos que el Gobierno de España esté a lo que está, a 400 y pico kilómetros de Santander, pero no a una distancia sideral de nuestra industria», añadió. Arasti subrayó que el Gobierno regional entiende «que la mejor manera de defender a los trabajadores de Solvay es defendiendo a la propia empresa Solvay». «Todos entendemos que cuanto mejor vaya a una empresa, mejor irá para sus trabajadores», concluyó.