El Gobierno espera aprobar este martes la regularización extraordinaria de inmigrantes que afecta a unas 500.000 personas en España, 26.000 de ellas en … Euskadi, que ya viven y trabajan en nuestro país, pero de manera irregular. Faltaba el dictamen del Consejo de Estado, que se envió ayer y que avala en lo sustancial el texto, aunque plantea mejoras técnicas que se estudia cómo incorporar antes de que pase por el Consejo de Ministros. La previsión del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar la ley el martes para que posteriormente se publique en el Boletín Oficial del Estado. A partir de entonces, los extranjeros en situación irregular podrán acudir a las oficinas de la Seguridad Social, que en el caso de San Sebastián están en el barrio de Riberas de Loiola, para culminar el proceso, poder inscribirse en el mercado laboral y tener así una oportunidad de trabajar con todos los papeles en regla.
Han sido más de dos meses de espera desde que el pasado 27 de enero el PSOE y Podemos anunciaran el pacto en este asunto. El Consejo de Estado ha apoyado que la medida se haya tramitado por vía reglamentaria por ser «un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional», según han trasladado fuentes del Ministerio dirigido por Elma Saiz. Pero la resolución del Consejo de Estado también sugiere cambios en el texto y desde el Ejecutivo han afirmado que se «está trabajando» para incluir las recomendaciones del Consejo de Estado para poder aprobarlo «lo antes posible».
Desde el Ministerio, en un mensaje enviado a las doce menos cuarto de la noche del viernes, han celebrado el dictamen y han asegurado que las «recomendaciones» del organismo caminan en la misma línea del texto original« y »respetan la esencia« del mismo», y han respaldado su utilidad para «clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión» del texto y «su aplicación».
Encuentro en Navarra
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aprovechó ayer un encuentro en Pamplona con la presidenta navarra, María Chivite, para lanzar un mensaje de calma. Saiz afirmó con rotundidad que el proceso de regularización «es inminente» y que se está «siguiendo el calendario previsto». Según la ministra, se están realizando todos los trámites necesarios para que el nuevo marco normativo sea «ágil y eficaz» y vea la luz «cuanto antes». En esa misma línea, la ministra subrayó que «cuando todas las administraciones remamos a favor podemos mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable».
Chivite respaldó la medida calificándola como una «oportunidad social y económica» para el territorio, subrayando que la integración laboral es la mejor herramienta frente a los discursos xenófobos. Ambas mandatarias vincularon este avance con las cifras «históricas» de afiliación a la Seguridad Social, que en el conjunto de España ya alcanzan los 22 millones de personas.
Sin embargo, el optimismo ministerial ha chocado con las fechas marcadas en rojo por los colectivos de migrantes. El pasado 7 de abril era el día previsto para que los extranjeros en situación irregular pudieran iniciar sus solicitudes. No obstante, el Boletín Oficial del Estado (BOE) no había publicado todavía el real decreto.
«Ejercicio de dignidad»
El retraso se debía, en gran medida, a que el texto se encontraba pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Aunque este órgano consultivo disponía de hasta dos meses para emitir su informe, en el Gobierno central esperaban que el decreto se apruebe ya en Consejo de Ministros y publicado a mediados de este mes como muy tarde. Esta demora ha provocado que oficinas como las de la Seguridad Social en Riberas de Loiola, en San Sebastián, hayan vivido jornadas de inusual calma frente a la «avalancha» que se preveía inicialmente.
Por su parte, el sindicato ELA endureció ayer su discurso, exigiendo la aprobación inmediata del decreto y denunciando que la «burocracia política» solo sirve para alimentar bulos y violencia racista. Desde la central sindical subrayan que esta regularización no es una «concesión» del Gobierno, sino el fruto de la lucha de la plataforma «Regularización YA» a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Además, la central mayoritaria vasca anunció que abrirá sus oficinas en las capitales vascas para ofrecer asesoramiento ante lo que consideran un «ejercicio de dignidad» del movimiento antirracista. Además, exigen que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes para compensar el tiempo perdido por el retraso administrativo.
La urgencia del proceso es también una cuestión de mercado laboral. De los 26.000 migrantes en situación irregular que residen en Euskadi, el 98,6% está en edad de trabajar. El objetivo de este decreto, que afecta a medio millón de personas en todo el Estado, es permitir su inscripción legal en el mercado de trabajo, transformando una situación de vulnerabilidad en una contribución directa al bien común. El cierre de este proceso sigue, en cualquier caso, pendiente del BOE, mientras miles de familias aguardan el paso definitivo que convierta la «inminencia» prometida por el Gobierno en una realidad administrativa tangible.
Además, durante la reunión entre Saiz y Chivite también se pusieron en valor las buenas cifras de afiliación a nivel nacional, alcanzando el «récord histórico» de 22 millones de afiliados. Gipuzkoa, por su parte, se quedó, con los datos de marzo, a 1.382 cotizantes de su récord absoluto, y la afiliación llega en estos momentos a 341.952 personas.