Pedro Sánchez busca una interlocución directa con los ciudadanos mientras esquiva al Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha vuelto a recurrir a la relación epistolar para defender la regularización de más de medio millón de inmigrantes que el Consejo de Ministros aprobará … en su reunión de este martes. Se trata de una medida con alto impacto ideológico y que se llevará a cabo sin pasar por el Parlamento, donde no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo pivota entre la moralidad y el utilitarismo. Define la iniciativa como «un acto de normalización» de la situación de los inmigrantes afectados, «de justicia con nuestra propia historia» por los emigrantes españoles de épocas pasadas; y «de necesidad» por el envejecimiento de la población, por lo que es necesario la incorporación de «nuevas personas trabajando y cotizando». En rueda de prensa desde Pekín, Sánchez también aludió al «invierno demográfico» de nuestro país y reconoció que el «dinamismo» de los inmigrantes, su aumento en España en los últimos años, es lo que explica que la economía sea «la que más crece en Europa».

Sánchez que se encuentra de viaje oficial en China, por lo que no presidirá hoy el Consejo de Ministros, ha buscado patrimonializar, de este modo, la medida, apuntando que el verdadero sentido de la misma es «reconocer derechos, pero también exigir obligaciones». «Somos conscientes de que las migraciones plantean desafíos, sería irresponsable negarlo, pero también sabemos que la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos». El presidente apela al «orgullo de ser español», porque «hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica».


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    Por la regularización masiva

La iniciativa se enmarca también dentro de la pugna ideológica que utiliza la inmigración como arma arrojadiza. El posicionamiento del Gobierno es que la migración debe entenderse como «una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida». Todo ello en contraposición al camino «de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión».

El Gobierno ha tenido que trabajar contra el reloj durante todo el fin de semana para introducir las correcciones que apuntó el dictamen del Consejo de Estado. Las principales objeciones, tal como informó ABC, tenían que ver la acreditación de la ausencia de antecedentes penales de los extranjeros, y con apuntes sobre el recorrido para materializar la regularización.