En el tablero político asturiano, el eco de la explosión en Cerredo todavía retumba con la fuerza de un trueno persistente que se niega a … disiparse entre los valles de Degaña. El Gobierno del Principado ha decidido levantar un muro de contención frente a las olas de lodo que amenazaban con salpicar los despachos de la Administración tras el fatídico accidente minero. Con una frialdad casi quirúrgica, el Ejecutivo ha despachado la propuesta de dictamen de la comisión parlamentaria que investigó el fatídico accidente rechazando de plena que la tragedia -que sesgó la vida de cinco mineros el pasado 31 de marzo de 2025- deba cobrarse piezas políticas o técnicas en los niveles altos de la función pública regional.

Esta maniobra de resistencia institucional se produce en un momento de especial delicadeza simbólica. La tormenta parlamentaria ha sorprendido al Ejecutivo con su presidente, Adrián Barbón, de viaje oficial en México, dejando el timón del palacio de Presidencia en manos la vicepresidenta, Gimena Llamedo, Pero tampoco fue ella la que compareció, sino quien es encargado de poner cara al Ejecutivo: el portavoz y consejero de Hacienda.

Guillermo Peláez fue quien se encargó de ejercer de escudo en una comparecencia ante los periodistas convocado con apenas veinte minutos de antelación. Su discurso pretendía sepultar cualquier sombra de duda sobre la diligencia pública mientras el jefe del Ejecutivo cumplía con su agenda al otro lado del Atlántico.

Posición no unánime

Sin embargo, tras el mármol de sus palabras, se hizo evidente una grieta profunda: el portavoz habló explícitamente en nombre de la «parte mayoritaria», una metonimia que desnudó la soledad del PSOE en esta trinchera. Al otro lado de esa falla tectónica, IU-Convocatoria por Asturies opta por el momento por guardar un silencio sepulcral. Y eso que llevan días afirmando que deben asumirse responsabilidades políticas por el accidente. Pero de momento, mutismo sepia. ¿A qué se debe? Tras la coleiada prevista para esta semana se supone que tendremos la respuesta.

Así pues, para la rama socialista del Ejecutivo asturiano, la verdad tiene un solo dueño y un solo responsable: la empresa Blue Solving, propietaria de la mina de Cerredo. Peláez dibujó el escenario no como una explotación regulada, sino como un infierno dantesco, una geografía del riesgo que operaba en los márgenes de la ley. Bajo esta premisa, la Administración se presenta no como un vigilante ciego, sino como un actor burlado por una sociedad mercantil que, movida por la avaricia, «violentó la ley» para extraer un beneficio económico teñido de tragedia.

El portavoz insistió en que «no existe una relación de causa-efecto», ese hilo que la oposición pretende seguir desde la explosión de grisú hasta los despachos de la Consejería de Industria. Para la mayoría del Gobierno regional, ese hilo es una quimera: ni los procedimientos ni la estructura orgánica fueron, a su juicio, el detonante del siniestro. «Los hechos conocidos no justifican señalamientos personales ni técnicos», subrayó Peláez, blindando a los cuadros técnicos que el borrador del dictamen situaba en la diana de la negligencia por una supuesta falta de supervisión en una mina que «nunca fue autorizada». ¿Qué fue de aquel «llegaremos hasta el final» que formaba parte del «compromiso de sangre» del presidente Barbón con las familias mineras? A tenor de lo que ayer dijo Peláez, ese final no parece que esté en el póquer de exconsejeros de Indutria: Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, actuales presidentes de Hunosa y del Puerto de Gijón, respectivamente, ni en Belarmina e Isaac Pola.

El Ejecutivo asturiano se aferra al informe de la Inspección General de Servicios como si fuera un breviario de redención. Un documento que apunta a fallos administrativos, pero que no concluye en responsabilidades de ninguna índole. Ese documento, nacido de la iniciativa de Barbón antes de su partida a México, es el ariete con el que el Gobierno quiere demostrar que no ha habido parálisis. Las once recomendaciones que en él se incluyen se presentan como la medicina necesaria para un sistema que, aunque se pretenda libre de culpa política, admite grietas operativas que exigen la creación del nuevo Servicio de Seguridad Minera.

Pero mientras el PSOE intenta cerrar la herida con parches legislativos y refuerzos judiciales, la ausencia de sus socios de gobierno resulta atronadora. IU ha declinado avalar este cierre de filas. Este vacío comunicativo sugiere que, para la minoría del Ejecutivo, la responsabilidad política no es un concepto que se pueda sepultar bajo toneladas de retórica técnica. El Principado busca que la responsabilidad política muera en la orilla de la legalidad estricta, derivando todo el peso hacia la vía penal. No obstante, el silencio de IU queda flotando como el polvo en suspensión de una galería: una presencia invisible, pero capaz de asfixiar la armonía del pacto si la presión termina por romper el muro de contención socialista.

La posición del Gobierno

1. El Gobierno del Principado reafirma su compromiso con la investigación y la verdad, expresado desde el primer minuto por el presidente, Adrián Barbón. Uno de los frutos de ese compromiso es el informe de la Inspección General de Servicios, elaborado por iniciativa del propio presidente del Principado. El Ejecutivo ha hecho suyas todas las recomendaciones incluidas en el informe de la Inspección General de Servicios y ha anunciado otras decisiones, como la puesta en marcha del Servicio de Seguridad Minera.

2. Recordamos que el accidente se produjo en una explotación ilegal de carbón con condiciones de trabajo deplorables. Ningún permiso administrativo ni proyecto de investigación alguno amparaba la actividad que realizaba la empresa Blue Solving, responsable última del siniestro. La investigación judicial en marcha, para la que el gobierno ha reforzado el juzgado con más personal, determinará las responsabilidades penales en las que pueda haber incurrido.

3. La parte mayoritaria del gobierno entiende que la propuesta de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria ni el informe de la Inspección General de Servicios anudan la existencia de una relación de causa efecto entre las decisiones de la Administración del Principado, su estructura o sus procedimientos y la explosión de grisú que provocó los cinco fallecidos.

4. También consideramos que los hechos conocidos no justifican en modo alguno la atribución de responsabilidades personales ni técnicas, contra lo que plantea el borrador de dictamen. La única responsabilidad directa y comprobable, sometida a investigación judicial, es la cometida por la empresa que violentó la ley para su beneficio económico con una actividad nunca autorizada por la Administración.