“No somos ningunos estafadores, nosotros quisimos vender la casa de campo de Llucmajor por circunstancias familiares. Fuimos a una inmobiliaria y a esta mujer, que trabajaba allí, le encantó la finca, en seguida dijo que se la quedaba. Fue a verla muchas veces, nos dijo que era la casa de sus sueños. Conocía las condiciones, estaba al corriente de la situación de la casa”. Una familia propietaria del inmueble que a mediados de este año ha resultado querellada por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en la isla se defiende y va a pleitear contra la inquilina por incumplimiento de contrato.

“Ella ha incumplido el contrato de arrendamiento con opción de compra, no ha pagado 10.000 euros que debía abonar antes de marzo de 2025. Por tanto, pierde la opción de compra”, señalan.

“Nosotros queríamos vender la finca desde un primer momento, ni nos planteábamos una opción de compra. Como ella no podía pagar todo el precio, nos pidió una opción de compra. Se lo hicimos como un favor. Al principio, le dimos muchas facilidades”, reconoce uno de los antiguos propietarios, refiriéndose al contrato de alquiler con opción de compra que ambas partes suscribieron a mediados de marzo de 2024.

Según se desprende del documento, el precio establecido para la compraventa de la finca rústica, situada a las afueras de Llucmajor, fue de cerca de 300.000 euros. La opción de compra comprendía un primer pago de 25.000 euros junto con una mensualidad de 1.200 euros por el alquiler y se acordó otro pago de 10.000 euros en el segundo año, “que deberá ser abonado mediante transferencia bancaria antes de marzo de 2025”.

“Estos 10.000 euros aún no los ha pagado y tampoco abona la mensualidad entre el día 1 y 5 de cada mes. Por tanto, ha incumplido el contrato. Después de este incumplimiento, ella nos puso la querella por estafa. Ahora, está haciendo negocio con la casa y no está al corriente de los pagos. Ha realquilado una parte de la propiedad. Ella quiere revender la finca”, se quejan los dueños.

“Ella quería la casa para volverla a vender, para hacer negocio. La opción de compra finaliza en marzo de 2027. Ahora, realquila una caseta y una caravana. La caravana la alquila para fiestas, se anuncia por Internet. Ha puesto la casa en alquiler vacacional en páginas tipo como Airbnb. Nunca ha sido su finalidad tener una granja escuela allí, sino venderla”, aclaran.

La joven inquilina se querelló contra los propietarios por un supuesto delito de estafa. Según su versión, quería crear una granja escuela en el campo, en Llucmajor. “Por eso, adquirí esa finca. Pero, después de firmar el contrato de alquiler con opción a compra y empezar a mover papeles, me di cuenta de que no lo podía hacer porque hay infracciones urbanísticas”, indicó la afectada. “Si hubiera sabido que la vivienda era ilegal, no la hubiera comprado”, agregó.

Por el contrario, los querellados sostienen que la mujer “era conocedora de la situación de la casa, ella estaba al corriente, pero suponemos que se pensaba que con la nueva ley de la amnistía urbanística del Govern balear lo iba a poder arreglar más fácilmente”.

Casa sin cédula de habitabilidad

Los familiares detallan al respecto: “Nosotros no sabíamos nada de las infracciones. Nunca nos llegó una carta ni una notificación. Nuestro padre compró la finca en 2005 y las infracciones son más antiguas. La casa no tiene cédula de habitabilidad. Eso ella lo sabía, ella aceptó las condiciones”.

Además, “ella trabaja en el sector inmobiliario, podía haber ido a verificarlo antes, ella se dedica a esto, trabajaba en la inmobiliaria a la que fuimos”, subrayan los querellados, quienes añaden que la inquilina ha hecho un baño y ha embaldosado en la propiedad.

En el contrato firmado el pasado año se especifica que la parte compradora “conoce la finca rústica por haberla visitado personalmente y haberse informado de su calificación urbanística en el Ayuntamiento y a través de sus asesores jurídicos y técnicos urbanísticos”. Además, en el documento, declara conocer “el estado físico, urbanístico y jurídico en el que se encuentra el inmueble, aceptando las condiciones en las que se encuentra y de las cuales reconoce hallarse plenamente informada”. Mientras, los dueños manifiestan que el inmueble no está sujeto a ningún régimen especial ni tiene ningún tipo de restricción. La propiedad debe transmitirse libe de cargas y gravámenes.

Si la inquilina “incumpliera con la modalidad y obligaciones de pago, a la tercera mensualidad pendiente, la parte concedente podrá dar por resuelto el contrato, haciéndose suyas las cantidades entregadas y recuperando la posesión del inmueble”, por lo que la arrendataria deberá desalojar el inmueble y entregar las llaves al propietario, según indica el contrato.

La abogada de la familia propietaria, Deborah de Prada, ha tratado de alcanzar un acuerdo amistoso con la otra parte antes de interponer una demanda por incumplimiento contractual. La letrada ha propuesto que la inquilina reconozca que debe 10.000 euros y el pago tardío del alquiler cada mes, lo que supone un incumplimiento del contrato y, por consiguiente, la extinción definitiva del derecho de opción de compra. Así, según la abogada, la inquilina ya habría perdido ese derecho, como también la facultad de cederlo a terceros, ya sea una persona física o jurídica.

La parte contraria no está de acuerdo, ya que pretende recuperar todo el dinero que puso, antes de abandonar la casa.

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