Jordi Pujol, en una foto de 2011. CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.

El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.

El límite del proceso penal ante una figura central del poder

Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.

Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.

Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.

Una memoria pendiente más allá del juicio

Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.

Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.

El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.

La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.

El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.