España ocupa una posición preocupante en el mapa global del consumo de alimentos ultraprocesados. Lo confirma una serie de investigaciones publicadas en la revista científica The Lancet, que pone cifras a una tendencia que lleva décadas consolidándose en silencio: la proporción de calorías que estos productos aportan a la dieta española se ha triplicado en los últimos treinta años, pasando del 11% al 32%. Dicho de otro modo, uno de cada tres bocados calóricos que ingiere un español medio procede hoy de productos que nada tienen que ver con la cocina tradicional mediterránea.
El informe, titulado Ultra-Processed Foods and Human Health, ha sido elaborado durante dos años por un equipo de 43 expertos internacionales en nutrición y salud pública, y constituye hasta la fecha uno de los análisis más exhaustivos sobre el impacto de estos alimentos en la salud de la población. Su conclusión principal es clara: los ultraprocesados están desplazando de forma progresiva e imparable a los alimentos frescos y mínimamente procesados, deteriorando la calidad de la dieta y abriendo la puerta a múltiples enfermedades crónicas.
Los datos manejados en el estudio proceden de encuestas sobre adquisición de alimentos realizadas en 1990, 2000 y 2010, y parten del supuesto de que lo que los hogares compran es también lo que finalmente se consume. Aunque se trata de una estimación indirecta, los investigadores la consideran suficientemente representativa para trazar la evolución del problema a lo largo del tiempo.
Los riesgos
Las consecuencias para la salud pública son de gran alcance. La evidencia científica acumulada en el informe asocia el mayor consumo de ultraprocesados con un riesgo más elevado de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas renales, depresión e incluso muerte prematura. Un catálogo de patologías que dibuja un panorama sanitario sombrío si la tendencia no se revierte a tiempo.
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Ante esta realidad, los autores del informe reclaman una respuesta decidida y coordinada por parte de los gobiernos. Las medidas propuestas incluyen la implantación de etiquetas frontales con advertencias similares a las que figuran en las cajetillas de tabaco, la retirada de estos productos de comedores escolares y centros hospitalarios, restricciones a su publicidad y un incremento de los impuestos que los encarezca frente a opciones más saludables.