La difusión por parte de Redeia (antigua Red Eléctrica) de un vídeo de casi 23 minutos sobre el apagón del 28 de abril de 2026, presentado bajo la apariencia y estilo de un documental, no es un ejercicio de transparencia, sino un intento evidente … de reescribir los hechos. Coincidiendo con el primer aniversario del incidente, el operador del sistema eléctrico ha optado por ofrecer un relato cerrado, sin contraste ni voces independientes, que se desliza por la rampa de las emociones de sus más altos ejecutivos hacia la autoexculpación. No es la función de una empresa pública construir narrativas, sino rendir cuentas
El contenido del vídeo insiste en una tesis que ya resulta difícilmente sostenible: el apagón fue un episodio imprevisible en un contexto operativo normal. Sobre esa premisa, la compañía reivindica su actuación sin asumir errores y, más grave aún, apunta a la responsabilidad de terceros sin aportar pruebas verificables. En el propio vídeo, la presidenta de Redeia señala a una instalación concreta como elemento desencadenante, pero lo hace sin respaldo documental accesible ni informes técnicos completos. No se puede acusar sin demostrar, y menos desde una posición institucional que exige neutralidad y rigor.
Pero el problema no es solo lo que se afirma, sino la actitud de fondo. Un año después del mayor fallo eléctrico reciente, siguen sin aclararse cuestiones esenciales: si hubo señales previas de inestabilidad, si se gestionaron adecuadamente o por qué se han modificado después los criterios de operación del sistema con impacto directo en los costes. Lejos de despejar estas incógnitas, Redeia ha optado por dificultar el acceso a información clave, negándose a compartir íntegramente comunicaciones y registros operativos con otros agentes del sector, lo que agrava la desconfianza. Su presidenta, Beatriz Corredor, no ha querido ofrecer entrevistas a medios de comunicación, como ABC, lo que forma parte de su obligación, y ha preferido producir este video.
En este contexto, el recurso a un formato audiovisual unilateral, sin escrutinio externo y con limitaciones a la participación pública, resulta impropio de quien gestiona una infraestructura crítica. Más aún cuando el propio sector ha cuestionado la versión oficial y cuando los consumidores siguen sin respuestas claras ni compensaciones plenamente resueltas. La transparencia no se declama: se practica con datos completos, auditorías independientes y rendición de cuentas efectiva.
Este episodio trasciende a la propia Redeia. Las nuevas tecnologías permiten a empresas y organismos públicos dirigirse directamente a la ciudadanía, pero ese canal no puede sustituir al contraste ni al control institucional. Cuando se utiliza para imponer un relato sin verificación, se degrada el ecosistema informativo y se debilita la confianza en las instituciones. La responsabilidad última es ineludible. La presidenta de Redeia debió asumir las consecuencias políticas y profesionales del apagón hace un año. No lo hizo entonces y el tiempo no ha corregido esa anomalía. Persistir en una estrategia de autojustificación no hace sino agravarla. Redeia ha errado gravemente. España no necesita documentales de parte, costeados con dinero del contribuyente, sino explicaciones técnicas completas y responsabilidades claras. La compañía debe rectificar, abrir toda la información relevante y someterse al escrutinio que corresponde a su función. Y su dirección, si no está en condiciones de hacerlo, debería dar un paso al lado.