A una semana del inicio de la huelga indefinida de los docentes valencianos convocada a partir del 11 de mayo, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha remitido a los sindicatos la propuesta de servicios mínimos para afrontar el paro. La convocatoria, impulsada por … STEPV, CCOO y UGT, cuenta además desde este lunes con la adhesión de CSIF.
Una de las principales preocupaciones se centra en el alumnado de segundo de Bachillerato, que este año se enfrenta a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad). Por ello, dentro de la propuesta de servicios mínimos, la Conselleria plantea que el profesorado de este curso «cumpla la totalidad de su horario lectivo» para «garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente».
En total, la medida afectaría a unos 24.000 estudiantes que actualmente cursan segundo de Bachillerato en centros públicos de la Comunidad Valenciana, que competirán en la EBAU con alumnado de centros concertados, privados y de otras comunidades autónomas.
Al respecto, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que «una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado», al tiempo que ha incidido en que «no podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones». «Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida», ha aseverado.
En esta línea, McEvoy ha destacado que «este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes», por lo que «una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso».
Servicios mínimos según la tipología de cada centro:
En paralelo, la resolución de servicios mínimos establece que en todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, debe haber una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. Así, también recoge que en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, habrá un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.
Por otro lado, en los centros de Educación Infantil, habrán dos o tres educadores o educadoras de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente), mientras que en los centros específicos de Educación Especial, habrán dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.
Además, en los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, debe haber un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.
Asimismo, en los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.
«La Generalitat reconoce y respeta el derecho de huelga»
Por su parte, la Generalitat ha indicado a través de un comunicado que «reconoce y respeta plenamente el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española».
No obstante, la administración ha apuntado que «de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española constituye un servicio esencial para la comunidad. El seguimiento de la huelga sin la determinación de una prestación mínima podría generar perjuicios al derecho a la educación del alumnado y afectar directamente a las familias en un día laborable».
En este sentido, desde la Conselleria han señalado que los servicios mínimos fijados «no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga», sino «garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad».
Reivindicaciones del profesorado
Cabe recordar que hace unos días la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita, firmaron un documento conjunto que recoge 40 medidas agrupadas en ocho grandes ejes que el profesorado considera prioritarios para frenar la huelga.
Entre las cuarenta medidas, los sindicatos y colectivos exigen, en primer lugar, bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a los 20 estudiantes. El acuerdo también propone una recuperación de las plantillas, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.
El documento también reclama una mejora salarial para el profesorado valenciano, al considerar que se sitúa entre los peor remunerados del país. Exigen una recuperación progresiva del poder adquisitivo, cifrado en torno al 20%, lo que se traduciría en un incremento cercano a los 500 euros mensuales. Además, solicitan la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo.
Por otro lado, los docentes exigen un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de «frío y calor extremo», la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como ‘Edificant’, así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana. Asimismo, solicitan la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.
Otra de las demandas es la «desburocratización», mediante la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados. Además, el texto incluye la sustitución inmediata del personal que esté de baja, la concesión de días de libre disposición en equiparación con otras comunidades, la reducción de horas lectivas o la equiparación de la jornada laboral con el resto de funcionarios pertenecientes al Estado.
Entre sus reivindicaciones, las organizaciones también defienden un impulso decidido al valenciano mediante «un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social». Además, reclaman la retirada inmediata de los cambios introducidos por el Gobierno valenciano en el currículo de Bachillerato que excluyen a autores catalanes y baleares.