Continúa la polémica por el cierre de aulas en Infantil. La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes retrasar la tramitación de la proposición de ley de UPN sobre conciertos educativos, en plena polémica por el cierre de unidades de en la red concertada. La decisión mantiene el carácter urgente del debate parlamentario y ahonda en las tensiones entre los socios que sostienen al Gobierno por la disparidad de criterios sobre el alcance jurídico y educativo de la iniciativa, así como sobre la gestión del Departamento de Educación.
En la ronda de ruedas de prensa posterior a la reunión semanal, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha enmarcado la polémica en una estrategia del Ejecutivo foral contra la concertada al afirmar que “el socialismo navarro tiene una línea muy clara: quiere cerrar todas las aulas de la red concertada que pueda”. Ha defendido que la proposición de ley de su grupo ha evitado el cierre inmediato de 33 aulas y ha cargado contra el consejero de Educación, al que ha acusado de actuar de forma “absolutamente intransigente”. Esparza ha recordado que existe una mayoría parlamentaria contraria a las decisiones del Departamento y ha reivindicado la urgencia de la tramitación, destacando que la iniciativa busca “asegurar la libertad de las familias” y evitar cierres, al tiempo que ha recalcado que la ley sigue abierta a enmiendas y negociación.
La socialista Ainhoa Unzu, por su parte, ha defendido la petición de aplazamiento del debate para recabar un dictamen del Consejo de Navarra, al considerar que la proposición “no se adecua a la legalidad”. Ha calificado de “profundamente irresponsable” que se haya rechazado esperar a ese informe y ha advertido de las consecuencias prácticas de la norma, como la posible repetición del proceso de admisión o la pérdida de plazas ya asignadas. Según ha señalado, “es gravísimo que por querer modificar la situación de algún centro muy concreto, lo puedan pagar todas las familias”, insistiendo en que la iniciativa carece de planificación, seguridad jurídica y sensibilidad hacia el sistema educativo.
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha reconocido reservas sobre la ley de UPN, aunque ha justificado su rechazo a paralizar la tramitación por razones de plazo: “aprobamos una urgencia… no vamos a aprobar ahora que se detengan los plazos”. Ha considerado que el problema radica también en la decisión del Departamento de Educación, que ha calificado de precipitada y sin consenso, y ha advertido de que decisiones de este tipo, avaladas por una minoría parlamentaria, generan inestabilidad. Aznal ha valorado positivamente la disposición al diálogo del consejero y ha reiterado que su grupo mantiene “la mano tendida” para negociar una solución.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido la urgencia del debate y ha centrado la preocupación de su grupo en los efectos de la decisión del Departamento sobre las familias. “Lo que nos preocupa son los efectos que tiene su decisión”, ha señalado, aludiendo a la falta de respuesta a la demanda existente. Ha planteado abrir un debate sobre la equiparación de ratios en todos los centros sostenidos con fondos públicos y ha instado al Ejecutivo a revertir completamente los cierres. Azcona ha insistido en que “la solución tiene que estar en manos del Departamento de Educación” y ha ofrecido disposición para alcanzar acuerdos.
Javier García, del PP ha atribuido la actuación del consejero a un “odio ideológico” hacia la concertada y ha defendido la libertad de elección de las familias, cuestionando la coherencia de quienes critican este modelo mientras lo utilizan. Ha recordado que varios centros han recurrido las decisiones ante los tribunales y ha avanzado que su grupo estudia una iniciativa legislativa para garantizar financiación y recursos tanto en la red pública como en la concertada. En ese sentido, ha apostado por evitar recortes y reforzar la calidad educativa mediante medidas como la reducción de ratios.
Finalmente, Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha calificado de “temeridad” la decisión de no aplazar la tramitación y ha acusado a UPN y a los grupos que han apoyado continuar con el proceso de impulsar una ley que busca “blindar los conciertos con la educación privada y concertada”. Ha criticado el contenido de la iniciativa por condicionar la planificación educativa, equiparar redes y consolidar unidades que considera innecesarias. Guzmán ha defendido el carácter prioritario de la red pública y ha recordado el compromiso programático de reducir conciertos, lamentando que otros grupos hayan optado por “blindar esos conciertos innecesarios” en lugar de esperar al dictamen jurídico.