El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno desvió 2.389,4 millones de euros de las partidas presupuestarias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para pagar pensiones en el año 2024. En su Declaración sobre la cuenta general del Estado del año 2024, el Tribunal de Cuentas señala que ante la escasez de partidas presupuestarias suficientes por la prórroga de las cuentas públicas, el Gobierno decidió recolocar una parte de la partida correspondiente a los fondos europeos.
Se trata del dinero que el Gobierno había presupuestado para empezar a financiar proyectos del MRR, a la espera de que los fondos europeos llegaran de forma efectiva. Esto no significa que el pago de las pensiones se haya hecho técnicamente con fondos europeos, pero sí podría haber ralentizado la absorción de estos recursos. Además, no está claro que sea una forma legal de reubicar partidas presupuestarias.
Todos estos cambios ocurren en un contexto de prórroga presupuestaria en el que el Gobierno se enfrenta a importantes limitaciones legales para aprobar nuevas partidas de gasto. De ahí que, en estos años, haya tenido que hacer reajustes entre partidas ya existentes para poder cubrir las necesidades de gasto que iban surgiendo. En este caso, el Gobierno se quedó sin fondos suficientes para abonar la nómina de las pensiones y, ante las dificultades para pasar nuevos gastos por el Congreso, optó por utilizar una parte de la partida presupuestaria destinada a los fondos europeos.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre del año 2024 dos modificaciones de los presupuestos para dotar de más recursos a las partidas de pensiones. La primera de ellas fue una ampliación de crédito de 1.722,1 millones de euros, incorporada el día 6, y la segunda, una transferencia de crédito de 66,3 millones de euros, aprobada el 19 de noviembre. El Tribunal de Cuentas precisa que ambas fueron «financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
El Ministerio de Hacienda alegó al Tribunal de Cuentas que este uso de las partidas de los fondos europeos no afectaba a la ejecución de los mismos. Su explicación es que se trata de una parte de los fondos que se mantienen en el presupuesto debido a la prórroga presupuestaria, pero que no iban a ser utilizados. Esto es, era un excedente derivado de la extensión de las cuentas de 2023 que no se iba a utilizar en el año 2024.
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Hacienda continúa la justificación al Tribunal de Cuentas señalando que ya había aprobado una retención de los créditos sobrantes de los fondos europeos para que no pudieran ser utilizados. De esta forma, el ministerio asegura que el desvío de este crédito presupuestario no afectó a la absorción de los fondos europeos que, aún así, está yendo con retraso.
El problema que se plantea en esta situación es que la normativa sólo contempla transferencias de créditos entre secciones de los propios fondos europeos. Esto significa que no existiría justificación posible al cambio de la partida presupuestaria, por muy bien intencionada que sea. La normativa es taxativa y señala que los créditos asociados al MRR no se pueden destinar a otras partidas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 (la que es de aplicación) señala que tajantemente que «los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos […] sólo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio». No hay ninguna excepcionalidad que permita al Gobierno utilizar estos créditos presupuestarios para ninguna otra cuestión.
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Tras recibir esta alegación del Ministerio de Hacienda, el Pleno del Tribunal de Cuentas sufrió una profunda división interna. Una parte de los miembros aceptó las explicaciones del Ejecutivo, pero otra parte quiso insistir en la denuncia de este hecho por ser contrario a la ley. Finalmente, la mayoría del Pleno aceptó las alegaciones de Hacienda, pero otra parte de los consejeros rechazó las explicaciones.
De esta forma, en la Declaración finalmente publicada, el Tribunal de Cuentas señala que «la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar las modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio, por afectar a la gestión de los fondos del MRR«. En otras palabras, siembra dudas sobre si la absorción de los fondos europeos podría haber sido más rápida si el Gobierno no hubiese retirado estos 2.389 millones de euros de la partida presupuestaria. Pero no especifica si el Gobierno ha incumplido la ley con esta actuación.
Sin embargo, el anteproyecto de la Declaración era mucho más contundente y conciso. El Tribunal de Cuentas señalaba expresamente que «la normativa sólo contempla las transferencias de créditos entre secciones dentro del PRTR, a fin de garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Sin embargo, este entrecomillado fue borrado. Algunos consejeros, como Javier Morillas Gómez, alegan que «la Declaración debería haber mantenido esta circunstancia como una salvedad con el texto del anteproyecto» ya que «las normas aplicables no permitían en ningún caso que se autorizasen las transferencias financiándolas con créditos sobrantes del servicio 50 (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia)».
En esa misma dirección se pronuncian en otro voto discordante otros cuatro consejeros, que creen que el Tribunal de Cuentas «debería rebatir las alegaciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos». En su lugar, creen que el órgano fiscalizador debería «afirmar que las dos modificaciones presupuestarias carecieron de fundamento normativo por infracción del artículo 37.1 del Real Decreto-ley 36/2020 y de la regla quinta del artículo 7 de la Ley de PGE 2023».
El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno desvió 2.389,4 millones de euros de las partidas presupuestarias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para pagar pensiones en el año 2024. En su Declaración sobre la cuenta general del Estado del año 2024, el Tribunal de Cuentas señala que ante la escasez de partidas presupuestarias suficientes por la prórroga de las cuentas públicas, el Gobierno decidió recolocar una parte de la partida correspondiente a los fondos europeos.