La complicada maraña legislativa que envuelve todo lo que tiene que ver con el patrimonio está llevando al titular del Juzgado número 2 de Getxo, … que instruye el ‘caso palacete’ con diez imputados, algunos por destrucción de patrimonio histórico y otros por prevaricación, a ser muy minucioso. Hay tres concejales del PNV investigados, dos de ellos socios de la cooperativa que derribó el edificio del siglo XIX. El instructor se está centrando en aclarar, por un lado, si el edificio estaba protegido, como defiende desde el principio la Ertzaintza, y, por tanto, si el derribo acometido en agosto de 2024 en el transcurso de las obras para levantar 12 viviendas de lujo fue ilegal.
El juez ha solicitado, además de información a la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Getxo, un peritaje independiente al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Busca cotejar el informe policial de más de 1.000 páginas. Dicho documento del Colegio de Arquitectos ha sido remitido al juzgado y viene a ahondar en lo que defendió hace unas semanas, por escrito, el Gobierno vasco y lo apuntado por el arquitecto municipal experto en Patrimonio que denunció haber sido apartado del visado del expediente. Esto es, que el edificio del siglo XIX era un «bien protegido» bajo custodia municipal.
La diferencia es que la arquitecta designada como perito es tomada por el juez como completamente imparcial, de forma que aquello que diga será de gran peso en la causa. De hecho, se ha comprometido «a decir la verdad y actuar con la mayor objetividad posible». La técnica recoge en su informe, al que ha tenido acceso EL CORREO, que el palacete «forma parte de los bienes culturales de protección municipal», es decir, preservados por el Ayuntamiento. Pero, además, ahonda en detalles como la cronología de los hechos que son de vital importancia para la causa, porque a lo largo de toda la operación urbanística hubo cambios legislativos. Recuerda que cuando el Consistorio concedió en octubre de 2022 la licencia para rehabilitar el palacete y construir 12 pisos de lujo estaba vigente una ley que convertía automáticamente a estos edificios en un «Bien Cultural de Protección Básica». Dicha calificación era un completo blindaje porque no «cabían ni derribos parciales ni totales», insiste la experta.
Sin embargo, cuando el palacete terminó de echarse abajo, en agosto de 2024, había otra ley distinta en vigor. El inmueble seguía estando protegido, pero la cooperativa podía derribarlo si cumplía una serie de requisitos. Debía solicitar la descatalogación con un «informe favorable previo al Consejo de Patrimonio Cultural», órgano del Gobierno vasco, según anota la experta. También se debía abrir un proceso de información pública. Ninguno de los dos trámites se realizaron. La arquitecta recuerda que hasta en «tres informes de los cinco» elaborados por el Gobierno vasco con motivo de la revisión del PGOU se hacía referencia al palacete derribado.
Declaraciones de testigos
Aclarar estas cuestiones son de vital importancia para la causa. El mes pasado el juez Marcos Amor aprobó un auto en el que ampliaba la instrucción seis meses más dada la complejidad del caso. La investigación suma ya año y medio y todavía está en una fase muy incipiente. Tanto que todavía no ha habido ni una sola declaración en sede judicial. En las últimas semanas se ha dado un fuerte empuje a las diligencias. A petición del PP, acusación particular, tendrán lugar mañana las primeras comparecencias. Se celebrarán en tres jornadas.
Los primeros en testificar serán los agentes de la Ertzaintza que se hicieron cargo de la investigación; los policías locales que firmaron el acta de derribo tras la queja de los vecinos; el técnico que realizó la Inspección Técnica de Edificios y el administrador de la empresa que en un primer momento se interesó por la promoción, pero que se retiró al no ser «viable económicamente». La semana que viene será el turno del presidente de la cooperativa, los vecinos que denunciaron el derribo y el arquitecto municipal, Urko Balziscueta, que denunció haber sido apartado del caso, así como una segunda arquitecta municipal que también reconoció el valor arquitectónico del edificio.
La Policía Local no anotó incidencias hasta la demolición
La Policía Local acudió tres veces a la parcela del palacete. Una con anterioridad al derribo, aunque no constan «incidencias ni por maquinaria pesada, ni por la falta de licencia». El PP, que ejerce de acusación particular, ha reprochado en numerosas ocasiones al Ejecutivo municipal que no se enterase de unas «obras en medio del pueblo». Según el informe policial remitido al juez, la primera salida fue el 16 de mayo de 2024. El responsable de la obra llamó a los agentes porque había «gente dentro y desperfectos».
No se menciona en el atestado la rotura de una tubería que, según la cooperativa, inundó el solar y fue debilitando el edificio, lo que, dijeron, obligó al derribo. La segunda intervención fue el 2 de agosto. Un vecino denunció que «se estaba tirando un edificio sin autorización». Los agentes certifican que hay «excavadoras y el edificio ha sido derribado». El acta se remitió al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo. El 14 de agosto hay otra denuncia de un vecino porque el «agua está inundando la calle». El responsable de la obra asegura que «no es la primera vez» y pone una denuncia por robo.