Bruselas
El presidente del Gobierno insta a la Comisión Europea (CE) a proteger a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional así como a la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
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En una carta enviada a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el presidente español solicita la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, un instrumento que protege de las sanciones de países terceros e incluso permite no reconocer las sentencias de tribunales extranjeros.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que España «no mira hacia otro lado» y ha advertido de que «sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos».
España no mira hacia otro lado.
Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos.La UE no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución.
Por eso, hoy pedimos a la Comisión que active el Estatuto de…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 6, 2026
Sanciones al TPI por ir contra Israel
La administración estadounidense ha sancionado a altos cargos y personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) en respuesta a la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant.
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También a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, por su «campaña» contra Israel. A estas decisiones se sumó otra sanción en diciembre de 2025 contra dos jueces adicionales del Tribunal Penal Internacional por sus «esfuerzos» para «investigar, arrestar o procesar» a ciudadanos israelíes.
En la carta se detalla que las medidas de presión autorizadas por Trump incluyen la «cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos». El Gobierno español plantea en su escrito que ha llegado el momento de que este instrumento «supere la lógica comercial con la que fue creado» y se convierta en un «escudo» frente a decisiones que amenacen el sistema internacional de protección de derechos.