El descenso a Primera RFEF, una debacle a la que el Real Zaragoza se asoma de forma decidida a falta de cuatro jornadas para el final y con la penúltima posición liguera y a cuatro puntos ahora mismo de la salvación, implica un varapalo a todos los niveles, también por supuesto económico, aunque la actual propiedad, Real Z LLC, que adquirió la mayoría accionarial en 2022, siempre se ha esforzado en garantizar la supervivencia de la entidad en ese escenario de salir del fútbol profesional, de la Primera y la Segunda División.

En todo caso, la situación económica, con una deuda a 30 de junio pasado de 39,76 millones, es mucho más benévola que hace unos años tras las sucesivas ampliaciones de capital, un total de cinco y 42,7 millones en ellas para situar el capital en 49,015. Además, en el mal panorama que sitúa el descenso hay una pequeña ventaja, ya que este suspende el actual convenio de acreedores, que se debe terminar de pagar en 2031, por cinco años, consecutivos o alternos, mientras el equipo esté en la categoría de bronce.

El club realizó una oferta de compra de deuda concursal en 2023, adquiriendo 9,54 millones de los 20,2 que restaban entonces (un 47,32%), que suponía pagar a los acreedores concursales el 40% de la cifra adeudada y un ingreso financiero tras las adhesiones de estos de 3,9 millones

Así quedó reflejado en la última modificación de convenio, en 2021. El Zaragoza salió en 2012 del concurso y estableció un segundo cambio de ese convenio hace ahora 5 años, por el que se estableció un pago lineal de la deuda concursal de 10 años para los 24,7 millones que restaban, a razón de 2,47 por año. Sin embargo, el club realizó una oferta de compra de deuda concursal en 2023, adquiriendo 9,54 millones de los 20,2 que restaban entonces (un 47,32%), que suponía pagar a los acreedores concursales el 40% de la cifra adeudada y un ingreso financiero tras las adhesiones de estos de 3,9 millones por el ahorro en el pago del montante global.

El pago concursal en 2024, en septiembre de ese año, fue de 1,63 millones (más de 800.000 euros de ahorro con respecto al pago lineal establecido en 2021) y aún no figura en los informes concursales el correspondiente a 2025, que en teoría sería similar al ser lineal. Entonces, ese sería el ahorro que tendría la SAD al quedarse suspendido el pago de la deuda concursal por estar en Primera RFEF, siempre que esa situación no se dé más de 5 años.

El descenso a Primera RFEF supone un tremendo varapalo en los derechos televisivos, actualmente en 6,6 millones y que no llegarían al medio millón, una disminución en la cifra de abonos, que en la temporada 24-25 supuso 5,4 millones y en los patrocinios, comercialización y publicidad

Hay que tener en cuenta que el descenso a Primera RFEF supone un tremendo varapalo en los derechos televisivos, actualmente, en las cuentas de la 24-25, en 6,6 millones y que no llegarían al medio millón, una disminución en la cifra de abonos, que en esa 24-25 supuso 5,4 millones y en los patrocinios, comercialización y publicidad. Es cierto que hay una ayuda al descenso establecida por la Liga de Fútbol Profesional, que ronda los 1,5 millones, pero el golpe económico es terrible para una entidad que ahora tiene una cifra de negocio que roza los 18 millones (17,949, según las cuentas a 30 de junio pasado) y que la vería reducida de forma drástica, si bien la previsión es que, en caso de jugar en Primera RFEF, el proyecto zaragocista sería de los más fuertes, o quizá el que más, en la próxima temporada.

Contaría además con esa ventaja pequeña de esa suspensión de un convenio que en ese caso ya no finalizaría en 2031, teniendo en cuenta que el Zaragoza salió del concurso de acreedores en 2012, un año después de que fuera declarado, y entonces para una quita global de acreedores ordinarios de 68 millones (la total estaba en 145) quedó fijado que se les pagaba el 40% de la deuda y un 10% en función de traspasos. Esa modificación de 2021 fue la segunda que se hizo tras la de 2016, aunque entonces solo se eliminó la limitación de tres años de suspensión en Segunda para que el primer pago a los acreedores se hiciera en 2018.

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