Cuando María Jesús Montero se despidió del Consejo de Ministros hace casi mes y medio con el encargo de Pedro Sánchez de reconquistar la Junta de Andalucía perdida por los socialistas hace más de siete años, no viajaba sola. En su asalto al Palacio de … San Telmo, la candidata del PSOE cargaba con el equipaje de los ocho años que estuvo al frente del Ministerio de Hacienda. Lo que para ella es una credencial de gestora solvente se ha convertido también en un campo de minas judicial que le están explotando en plena campaña electoral.
En su esforzada carrera para voltear las encuestas aferrada al «desmantelamiento» de los servicios públicos en Andalucía como único discurso, la secretaria general del PSOE andaluz está tropezando cada día con una declaración en el Supremo, con el recuerdo de un mensaje «cariñoso» enviado al exministro José Luis Ábalos, con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que compromete a alguno de sus hombres de confianza o incluso con un reproche del Tribunal de Cuentas.
Montero no dejará su acta de diputada en el Congreso hasta después de las elecciones del próximo 17 de mayo. Defiende que lo hace para «no perder» su plaza de «personal no sanitario» en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque, de rebote, le permite conservar su aforamiento ante el Tribunal Supremo. La inmunidad parlamentaria, sin embargo, no frena el chaparrón de informaciones que apuntan a sus antiguos colaboradores más estrechos o directamente hacia ella.
El ‘factor Begoña’ y el papel de Antonio Cervera
Para entender la génesis de las investigaciones que tienen epicentro en el Ministerio de Hacienda, hay que echar la vista atrás y viajar a su etapa como consejera andaluza de Salud (2004-2013), primero, y como responsable autonómica de Hacienda (2013-2018), después. Fue en los despachos oficiales de la Junta donde la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno comenzó a forjar una red de lealtades que trasladó a Madrid. Uno de los hombres que siempre le han acompañado ha sido Antonio Miguel Cervera, director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda.
La trayectoria de este alto cargo ha corrido paralela a la de su jefa, a la que conoció en la sala de mando del SAS. Fue director gerente del Hospital de Valme de Sevilla cuando ella era una de las subdirectoras médicas. Más tarde, fue su secretario general técnico en la Consejería de Salud, director general de Patrimonio cuando se hizo cargo de la cartera de Hacienda y en 2019 se lo llevó a Madrid para nombrarlo presidente de Sepides, una filial del conglomerado de empresas estatales de la SEPI.
Aldama insinúa que la venta de un importante inmueble de la SEPI fue bloqueada tras el interés mostrado por Begoña Gómez
El nombre de Cervera ha salido a la palestra en el caso Mascarillas que ha reunido en el banquillo a Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al presunto comisionista Víctor de Aldama. En su declaración en el Supremo la pasada semana, este acusado confesó que la SEPI, dependiente de Hacienda, sacó a subasta una parcela estratégica en el centro de Madrid, Campo Velázquez, por la que presentó una oferta de 250 millones de euros como intermediario del fondo Platinum.
Según relató el empresario, fue Cervera quien respondió a su secretaria que estudiaría la propuesta. Pero el negocio se truncó. Aldama sostiene que Koldo le comunicó que debía retirarse porque «la señora Begoña Gómez [mujer del presidente del Gobierno] quería Campo Velázquez para ella» debido a su vinculación con el Instituto de Empresa, inquilino del inmueble. El conseguidor insinuó que los activos públicos de la SEPI, que custodiaba Cervera, habían sido bloqueados para favorecer supuestos intereses familiares en La Moncloa.
Un nuevo informe de la UCO sobre la trama de la SEPI
Otra figura destacada en el ‘ascensor’ de confianza de Montero, que hizo las maletas cuando ella se marchó a Madrid, es Vicente Fernández. Lo nombró presidente de la SEPI al poco de llegar al Ministerio. Fernández formaba parte de «Hirurok» («nosotros tres»), un grupo integrado también por la exmilitante y ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso que, según la UCO, se habría lucrado con los rescates y ayudas concedidas por el Ministerio a empresas entre 2021 y 2023. El informe que la Guardia Civil entregará en breve al juez Santiago Pedraz amenaza con ser un misil en la línea de flotación de la campaña de la dirigente socialista, aportando indicios de una organización criminal que operaba bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda, según ha publicado Vozpópuli citando fuentes de la investigación.
La trama de la SEPI no es el único frente que se le ha abierto a la candidata socialista. Aldama la ha señalado por un presunto trato de favor tributario. Sostiene que la entonces ministra dio una «orden clara», a través de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, para que la Agencia Tributaria ayudara a una de sus empresas con una deuda millonaria.
Para sortear el temporal, Montero ha optado por el silencio. Horas antes de una acusación tan grave, trató de desacreditar a Aldama alegando que «me la tiene jurada porque ha estado en la cárcel por una inspección de Hacienda». Pero no ha interpuesto (al menos que haya trascendido) una querella criminal por calumnias e injurias contra el empresario, que habría sido la reacción lógica de una persona cuando se le imputan hechos radicalmente falsos.
El desvío de fondos europeos al pago de pensiones
Por si el asedio de la Justicia no bastara, el Tribunal de Cuentas acaba de asestar otro golpe técnico a su legado. Hacienda utilizó 2.389 millones de euros de fondos europeos —destinados teóricamente a la transformación económica— para pagar pensiones. Hacienda alega que eran fondos «sobrantes» y que es lícito emplearlos en otros fines, pero el órgano fiscalizador advierte de la excepcionalidad de una maniobra que choca con el marco regulatorio de Bruselas y por el que Manos Limpias ha denunciado a Montero en el Supremo. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España (PP), ha pedido explicaciones «urgentes» a la candidata tras sentenciar que el parche «huele a chanchullo socialista», motivado por la ausencia de nuevos presupuestos en lo que va de legislatura.
Carlos Cuerpo, quien ha sustituido a líder andaluza como vicepresidente primero del Gobierno, tiene un concepto mucho más elevado de su compañera, a la que ha elogiado como una «gestora responsable» y «una fuerza de la naturaleza». Montero necesitará, efectivamente, toda esa energía telúrica para que las explosiones judiciales que planean sobre su etapa en Madrid no terminen sepultando sus opciones de llegar a San Telmo.