El pasado martes, poco más de un mes de la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra, se consumó la ruptura total entre la … multinacional española y los hermanos Escribano (tanto Ángel como Javier), al vender su participación –la segunda más elevada del accionariado, con un 14,3% tras la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– por algo más de 1.300 millones de euros. Un movimiento que se produjo tras semanas de enfrentamientos con el Gobierno y con el objetivo de desbloquear la fusión por absorción entre Indra y EM&E al eliminar los conflictos de intereses (Javier Escribano preside esta última). Sin embargo, las diferencias en la valoración del precio bloquean, al menos de momento, la operación.
Las posiciones de ambas partes, según desvela ABC (diario del grupo Vocento, en el que se integra EL COMERCIO) se encuentran muy alejadas. El Ejecutivo no quiere que la futura participación de EM&E en el accionariado de Indra supere el 12% una vez que se consolide la operación, por lo que el precio máximo fijado por la SEPI alcanzaría, como mucho, los 1.500 millones de euros (una cifra, en principio, que el organismo no pretende superar).
Por su parte, los Escribano ven esa cifra insuficiente. Según señala la cabecera, cuentan con dos informes (uno de una consultora de prestigio mundial y otro de un banco español) que hace un año ya valoraban la empresa en 2.300 millones, por lo que parece difícil que acepten una oferta por debajo de esa cifra, que supondría el 20% del capital de Indra.
Más allá del precio, los Escribano también condicionan la fusión a la capacidad de decisión y gestión que en el futuro puedan tener tanto Ángel como Javier Escribano (actual presidente de EM&E y consejero de Indra hasta su salida del accionariado), puesto que su intención no es la de vender para desentenderse.
Sin embargo, los planes del Gobierno pasan por una potencial operación mixta; es decir, una parte en capital (puesto que Indra carece de capacidad para endeudarse más) y la otra en acciones. Ese movimiento, respaldado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, situaría la participación de los Escribano en el entorno del 7 u 8% (siempre en función de la valoración que hace la SEPI), un porcentaje muy alejado de lo que la familia Escribano está dispuesta a aceptar y que, por el momento, deja la operación en un punto muerto.