El destino ha vuelto a cruzar los caminos del Gobierno de España y de la Administración Trump en uno de los momentos más delicados de la relación diplomática bilateral en las últimas décadas. La agresiva ofensiva judicial contra el Estado español del fondo … de litigios Blasket, que busca recuperar para sus clientes -una veintena de fondos que invirtieron en España en el primer boom de las renovables (2007-2012) y a los que la administración española recortó en 2014 las primas acordadas- las compensaciones de más de 2.300 millones de euros reconocidas por las cortes de arbitraje internacional, ha conseguido conducir el asunto hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que a petición de España resolverá en las próximas semanas si asume como si fueran resoluciones propias las indemnizaciones dictadas en esos laudos o no.
El asunto es relevante porque de resolver la cuestión en ese sentido el fondo tendría aval judicial y campo abierto para instar el embargo de cualquier activo no protegido del Reino de España en Estados Unidos para forzar el pago de las compensaciones exigidas, y que aún están pendientes, según explican fuentes de los representantes legales del fondo. Y tiene el morbo añadido de que el Supremo sustanciará la cuestión tras conocer un informe del Abogado General de Estados Unidos, principal responsable del Departamento de Justicia de la Administración Trump y una persona muy cercana al presidente, del que se conoce su escasa sintonía con el actual gobierno español.
Fuentes del fondo de litigios recalcan la importancia de la inminente resolución del Supremo. Hasta la fecha la ofensiva judicial en Estados Unidos contra el Reino de España se ha saldado con siete sentencias favorables a los intereses de los fondos en diferentes tribunales federales, que han avalado la exigencia de obligaciones de pago por 688 millones de euros. Desde el Gobierno se asegura que todas esas resoluciones han sido dictadas en primera instancia y que han sido apeladas, y confían en que su recurso de amparo ante el Supremo prospere y certifique «que los laudos no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados en Estados Unidos.
El bufete que está representando los intereses legales del fondo de litigios y que ha trazado la ofensiva judicial contra España, King & Spalding, asegura, por el contrario, que si el Supremo resuelve a favor de sus intereses «no habrá ya ninguna otra maniobra que pueda impedir la amplia batería de embargos de bienes soberanos que estamos dispuestos a desplegar».
El Falcon, la selección de fútbol, contratos de misiles…
La amenaza empieza a ser tangible. El bufete no solo ha contratado los servicios de un despacho especializado para rastrear en los 50 estados de la Unión activos o derechos titularidad del Estado español potencialmente embargables sino que se ha apoyado en las resoluciones favorables recibidas en distintos tribunales federales para realizar una avalancha de requerimientos judiciales a organismos como la FIFA, la Reserva Federal de Estados Unidos o The Clearing House, el operador de sistemas de pago más antiguo de EE.UU. que intermedia cada día dos billones de dólares de intercambios financieros, para detectar cuentas bancarias o flujos financieros que se le puedan intervenir.
La estrategia no se pone límites. En una reciente visita a Madrid, Matthew McGill, socio del bufete que representa al fondo Blastket, puso en el punto de mira de esos potenciales embargos el Falcon que utiliza el presidente del Gobierno en sus desplazamientos internacionales y el Airbus que utiliza Felipe VI. Los aviones presidenciales acostumbran a ser objetivos prioritarios de estos fondos de litigios por su valor simbólico. Hace unos años la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se vio obligada a alquiler aviones a compañías comerciales para evitar el posible embargo del emblemático Tango 01 en el que acostumbraba a embarcar para sus viajes internacionales.
Un informe de la Administración Trump determinará la resolución del Supremo de EE.UU. que podría abrir la puerta a acciones millonarias contra España
Hace una semanas desde el entorno del fondo ya se deslizó la intención de tratar de embargar todos los pagos asociados a la participación de la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, incluido el posible premio de la FIFA en caso de que resultara campeona, y a su paso pro Madrid McGill reveló que también están valorando la viabilidad jurídica de solicitar medidas cautelares que le permitan intervenir el contrato de defensa firmado por España con la empresa Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares (1.440 millones de euros al cambio).