La ofensiva contra el narcotráfico en el sur de España, articulada bajo el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, sigue arrojando un balance dramático en el plano humano. Desde que Fernando Grande-Marlaska activara esta estrategia en 2018, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han acumulado más de 240 incidentes en operativos, una cifra que pone en entredicho la eficacia real de la protección brindada a los agentes frente a la creciente agresividad de las mafias.
El episodio más reciente de esta sangría ha tenido lugar este mismo viernes, empañando de nuevo la gestión del Ministerio del Interior. Dos guardias civiles han fallecido a unas 80 millas de la costa de Huelva tras colisionar su embarcación del Servicio Marítimo contra una narcolancha durante una persecución. El siniestro ha dejado además otros dos agentes heridos, uno de ellos de gravedad, evidenciando una vez más que la superioridad técnica de los narcotraficantes sigue siendo un desafío que los planes anuales de Interior no logran neutralizar del todo.
Esta tragedia resulta dolorosamente familiar. El 9 de febrero de 2024, mientras se presentaba oficialmente una de las prórrogas del plan para sacar pecho de los resultados, el puerto de Barbate se convertía en el escenario de la muerte de otros dos guardias civiles, arrollados por una planeadora que operaba con total impunidad ante la falta de medios adecuados de los agentes. Aquel suceso ya dejó marcada la gestión de Fernando Grande-Marlaska, cuestionada por la exposición de los efectivos en situaciones de clara inferioridad.
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La violencia no da tregua tampoco en tierra firme, especialmente en las provincias de la costa andaluza y Sevilla, áreas que el plan ha ido absorbiendo por la expansión del conflicto. El 8 de noviembre de 2025, un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad al enfrentarse a disparos de armas de guerra mientras intentaba desmantelar una guardería de droga cerca del Guadalquivir. Este nivel de hostilidad bélica contrasta con los balances oficiales que el Gobierno remite al Parlamento.
En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo cifra en «244 incidentes» los ataques sufridos por los agentes entre 2018 y noviembre de 2025. Sin embargo, el Gobierno evita precisar la gravedad de estos episodios, limitándose a subrayar una inversión acumulada de 75,5 millones de euros y un refuerzo de plantillas que supera los 26.000 efectivos. Aunque Interior insiste en que los agentes cuentan con equipos de protección balística y medios «conforme a los riesgos», la realidad de los funerales de Estado contradice la sensación de seguridad que se intenta proyectar desde el ministerio.
Las estadísticas operativas, renovadas para 2026 con 38,2 millones de euros, son imponentes: casi 50.000 operaciones, 2,2 millones de kilos de droga incautados y miles de armas de fuego decomisadas. Pero tras el brillo de los datos de incautaciones, las asociaciones profesionales como AUGC y Jucil mantienen un tono de amarga advertencia. Tras las muertes en Huelva, los representantes de los agentes han recordado que llevan años avisando del riesgo extremo y denunciando que la inversión no se traduce en una seguridad efectiva sobre el terreno.
La presión sobre Marlaska ha forzado la apertura, el pasado 24 de abril, de una mesa técnica para atender la histórica reclamación de considerar la Guardia Civil y la Policía Nacional como «profesión de riesgo». Se trata de un gesto administrativo para estudiar coeficientes reductores en la jubilación, una medida que llega tras años de exigencias y que busca equiparar a los agentes nacionales con las policías autonómicas. No obstante, para muchos profesionales, estas mesas técnicas llegan tarde y no compensan la sensación de desprotección en unas costas donde el discurso oficial de Interior parece chocar frontalmente con la cruda realidad de las persecuciones a 80 millas de distancia.