Con motivo del Día de Europa, y cuando se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, UGT reivindica un proyecto europeo asentado en la democracia, la paz y la cohesión social. Cuatro décadas de integración han permitido avances relevantes en derechos laborales y protección social, pero hoy ese modelo se enfrenta a un punto de inflexión que pone en riesgo su propia razón de ser.
El sindicato alerta de que el debate político comunitario está girando de forma preocupante hacia una visión desequilibrada, centrada casi exclusivamente en la competitividad, el control del gasto y el retorno de las reglas fiscales. Bajo la influencia de los informes Letta y Draghi, se consolida una agenda que relega el pilar social europeo a un plano secundario y presenta como inevitables decisiones que pueden tener un alto coste social.
UGT considera especialmente grave que conceptos como la “simplificación normativa” o la reducción de cargas administrativas se utilicen para justificar procesos de desregulación. No se trata de mejorar la eficacia de las normas, sino de debilitarlas. El regreso de la disciplina fiscal no puede convertirse en una nueva etapa de austeridad que vuelva a descargar el ajuste sobre la clase trabajadora, erosionando derechos conquistados tras décadas de negociación y conflicto social.
La misma preocupación se extiende al avance acelerado de la Inteligencia Artificial en los centros de trabajo. Sin un marco normativo sólido, la digitalización puede traducirse en nuevas formas de precariedad: gestión algorítmica opaca, falsa autonomía, intensificación del trabajo y sesgos discriminatorios. Para UGT, no bastan principios generales: son necesarios derechos exigibles y un papel efectivo de la representación sindical.
En paralelo, la propuesta del denominado “28.º régimen europeo” plantea un riesgo evidente de fragmentación social, al facilitar marcos normativos a la carta que permitirían eludir convenios colectivos nacionales y fomentar el dumping social.
El debate sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea refuerza estas preocupaciones. El aumento del gasto en seguridad y defensa no puede financiarse debilitando los fondos de cohesión ni frenando una transición ecológica justa.
UGT defiende que cualquier apoyo económico a las empresas debe estar vinculado de forma estricta al mantenimiento del empleo, a salarios dignos y al respeto de los derechos laborales. El crecimiento económico solo es legítimo si mejora la vida de las personas y refuerza la cohesión social.
Europa debe reforzar su modelo social, no ponerlo en riesgo. Su fortaleza no se medirá por su capacidad militar ni por los márgenes de beneficio empresarial, sino por su capacidad para garantizar trabajo digno, servicios públicos de calidad y derechos efectivos. Blindar el modelo social europeo y proteger a la clase trabajadora sigue siendo la base imprescindible para una Europa unida, democrática y con futuro.
