Madrid
Este 2026 se cumplen 45 años del cierre de la Fábrica de Uranio de Andújar, conocida como «la nuclear» entre sus exempleados. Uno de los pocos que aún viven, Antonio Castro, en un paseo por Andújar, nos relata que pasó por todas sus secciones y «le obligaron a firmar una cláusula de confidencialidad»: «No podíamos contar qué se hacía allí dentro». Él se incorporó a la plantilla de la FUA en 1975 y se mantuvo en la que fue la primera instalación radioactiva de España hasta su cierre en 1981: «Nos daban un mono, una mascarilla de papel o de goma, unos guantes si los pedías y para de contar».
Asegura el extrabajador que «nadie era consciente del peligro de la radioactividad» en dichas instalaciones que inauguró Franco en 1959. El problema es que una cadena de errores y de negligencias por falta de prevención y de salud laboral, provocó que la plantilla de la «nuclear» fuera condenada incluso cuando aún permanecía en activo.
Nos detenemos junto con Antonio en una tienda de muebles del centro de la ciudad jiennense. Su propietaria, Eva Navas, nos recibe y es parte de una conversación en la que iban a participar más exoperarios de la FUA.
La razón por la que declinaron la invitación, que el propio Antonio les hizo para que conozcamos su historia, viene por la desmotivación de más de 20 años de batalla legal para el reconocimiento de la enfermedad profesional debido a la exposición a la radioactividad sin ninguna protección ni información sobre sus riesgos que no ha llegado ni esperan que lo haga: «En un principio dijeron que sí, pero ayer me llamaron para decirme que para qué iban a venir si no se va a solucionar nada».
El hartazgo y la resignación ante un auténtico periplo por recibir una indemnización, como sí parece que se avanza en concederse a las víctimas del amianto y la silicosis, hace que quienes trabajaron entre las paredes de «la nuclear» o sus familiares no aspiren ya a que se haga justicia.
Cabe destacar que en torno a 50 de los 126 trabajadores ya habían muerto en 1988 por cáncer u otras patologías graves como consecuencia de una vida laboral atravesada por la manipulación del uranio sin medidas de seguridad.
Las secuelas del accidente
«Mi padre cada vez que coge un resfriado acaba en neumonía, tiene un bulto en el pulmón que le están controlando y necesita oxígeno 16 horas al día», relata Eva Navas, hija de Manuel, uno de los extrabajadores de la FUA. Cuenta que llevaba a casa el atuendo laboral para lavarlo allí: «Tengo metido ese olor intenso a hierro, incluso cuando mi padre suda huele así».
Asegura que conserva fotografías de «ellos comiendo encima de los bidones», porque la factoría carecía de dependencias donde pudieran almorzar. Aquellos bidones almacenados cargaban el precipitado de diuranato de armonio, el compuesto esencial para la fabricación de combustible nuclear y de cuya obtención se encargaba la FUA. En los 22 años de funcionamiento produjo un total de 20.000 toneladas que se exportaron principalmente a Francia y a Estados Unidos para los reactores de sus centrales nucleares.
Antonio explica que en el propio recinto de la FUA se construyeron viviendas para los directivos y capataces: «Uno de ellos era mi tío y yo iba a bañarme en la piscina de allí». Considera que el peligro era también desconocido para los propios altos cargos de la fábrica que estaba gestionada por la antigua Junta de Energía Nuclear, reconvertida en 1986 en el actual Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Eva recuerda que tenían cultivos regados por el agua de ese mismo lugar radioactivo y no eran conscientes de lo que suponía consumir aquellas frutas y hortalizas: «No se tenía ni idea. Yo misma he estado en la fábrica sin ninguna protección cuando le hacíamos compañía a mi padre en Nochebuena o Nochevieja».
La FUA no tuvo un reglamento de higiene y seguridad hasta 1971, cuando ya había fallecido el primer trabajador. Eva asegura que muchos murieron jóvenes por «cáncer de pulmón, de garganta o de riñón» y que estaba más que extendido «el dolor de huesos». Antonio, con quien hablamos, también ha padecido cáncer de tiroides.
Se superaba 970 veces el máximo de contaminación
El goteo de fallecimientos «fue terrible», en torno a 50 hasta 1988 que fue el año en el que la plantilla tomó consciencia de que no era una casualidad. Diez años después, en 1998, presentaron una querella penal contra 12 exdirectivos de «la nuclear», entre ellos, el propio director, Manuel Perarnau, que falleció por cáncer también.
Uno de los responsables de la entonces Junta de Energía Nuclear, Emilio Iranzo González, alegó en sede judicial que en un informe elaborado en 1963 «detectó que en la fábrica se superaban 970 veces el máximo permitido de contaminación y que esos niveles se fueron rebajando». El propio director, Perarnau, llegó a admitir que la FUA «se trató de una mera experiencia piloto para sus responsables». Finalmente, el caso se archivó en 2002 al entender la justicia que no se había cometido delito alguno.
La base de dicha querella penal presentada por los trabajadores, reunidos en una asociación, fue un informe médico firmado por el Dr. Diego Martínez de la Concha. El facultativo del Hospital Reina Sofía (Córdoba) estudió durante casi 3 años a 52 extrabajadores de la FUA. Además, accedió a las historias médicas de 22 empleados ya fallecidos a los que la Junta de Energía Nuclear les hacía reconocimientos como gestora de la factoría: «Yo en aquel informe reconocía un alto grado de sospecha sobre el papel determinante de las exposiciones radioactivas en el desarrollo de tumores y afecciones».
Martínez de la Concha especifica que en las pruebas médicas previas a las realizadas por él mismo «ya tenían altas concentraciones de uranio en orina». Según unos análisis de 1964, figuraban más de 110 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos. Por tanto, la Junta de Energía Nuclear tenía conocimiento de estas evidencias.
Por otro lado, Martínez de la Concha comparó la mortalidad por cáncer entre los propios trabajadores con la población general a distintos niveles: «La razón de mortalidad por cáncer en el colectivo de exempleados era muy superior a la esperada. Sin embargo, no había grandes diferencias cuando comparabas la población de Andújar en su conjunto con la de Jaén provincia o el resto de Andalucía». El doctor ya jubilado reconoce que «siempre se ha preguntado por qué razón nunca se les ha reconocido la enfermedad profesional»: «Había cierta evidencia de que habían estado expuestos a esos riesgos y no atender a su demanda creo que fue más empecinamiento de la Administración que otra cosa».
Los trabajadores no tiraron la toalla
Lo cierto es que los extrabajadores no se dieron por vencidos y acudieron en 2002 a los juzgados de lo Social para que se les reconociera su enfermedad profesional, algo que revalorizaría las pensiones tanto de ellos mismos como las percibidas por sus familiares. Sin éxito por esta última vía, presentaron un año después una reclamación al CIEMAT, dependiente del Ministerio de Ciencia, para exigirle 12 millones de euros en indemnizaciones.
La reclamación fue desestimada en 2008 por haber prescrito, un jarro de agua fría al que se sumó una resolución del Instituto Nacional de Seguridad Nacional en la que concluía que no hay motivos para reconocer a los 126 operarios la enfermedad profesional. Esto a pesar de informes encargados por la Junta de Andalucía que apuntan a daños inmunológicos, en el aparato respiratorio o en el excretor por la exposición al uranio.
Portazo tras portazo, Eva y Antonio lamentan que «todos los partidos políticos se han metido en el asunto y a la hora de la verdad han escurrido el bulto». Ambos también apuntan también a la intención de ocultarlo para evitar que Andújar caiga en el estigma.
En este sentido, se refieren al interés por encubrir lo que ocurría en la FUA para no salpicar al tejido productivo y ponen como ejemplo el caso de la antigua planta industrial de refinación y envasado de aceite, Koipe: «Se inauguró en 1965 y se amplió en 1971. Estaba donde la nuclear y, si allí había radioactividad, en Koipe también. A nadie le interesaba que se hablara de ello porque si se perdían los 600 puestos de trabajo de allí y los de la FUA, Andújar se quedaba peor que Linares».
La antigua fábrica de uranio está sepultada bajo un cerro artificial
Las instalaciones de la antigua fábrica de uranio se encontraban a menos de 200 metros del Guadalquivir y a tan solo a 600 metros del casco urbano de Andújar. Hoy en día, está sepultada bajo un cerro artificial en el mismo lugar al que llaman «la escombrera» y supone una superficie de casi 254.000 metros cuadrados. Juan Antonio Muñoz, doctor en Geografía e Historia Contemporánea y autor de un estudio sobre la FUA, argumenta que la ubicación responde a criterios logísticos que estuvieron por encima de los radiológicos, de seguridad y protección de la población: «Está en el polígono industrial de Andújar, contiguo a la estación de tren y con acceso a la carretera de Madrid. Pero, geológicamente hablando, la factoría está sobre un suelo arcilloso, prácticamente al lado del río, lo menos indicado para una instalación de carácter nuclear».
Tras 22 años de funcionamiento, desde 1959 a 1981, la FUA fue desmantelada por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, ENRESA. Antonio recuerda cómo «todo lo enterraron en el dique de estériles, salvo los muebles de las viviendas de los directivos y capataces que estaban dentro del recinto» como cuenta Antonio: «Desmantelaron la fábrica al completo. Todo fue para adentro como escombros y maquinaria, lo dejaron hecho un solar. Eso sí, los muebles de quienes vivían allí, como mi tío, sí dejaron que se los llevaran a sus nuevas casas».
No fue hasta 10 años después del cierre de la FUA cuando comenzó su desmontaje. Juan Antonio Muñoz apunta en su estudio a las «farragosas excusas burocráticas en la tardanza en la iniciación del proyecto de desmantelamiento y sellado» que comenzó en 1991 y finalizó en 1995.
Desde entonces, existe un plan de vigilancia y mantenimiento que consiste en la realización de inspecciones supervisadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, siendo la última en octubre de 2025. «El plan contempla una red de vigilancia y control de sondeos y de pozos situados en la parcela de la FUA. Medimos la emisión de radón a la atmósfera en toda la superficie de la pila y mantenemos la vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas, además de mantener la vegetación de la parcela y el vallado perimetral», argumenta Pedro Rodríguez, jefe del Plan de Vigilancia y Mantenimiento de la FUA (ENRESA).
Los estudios de los estándares de seguridad se realizan anualmente en el emplazamiento y zonas adyacentes, además de recorridos con fotografías de campo. En cuanto al control de emisiones del gas radón, las pruebas se realizan cada dos años en toda la superficie y, en caso del agua, se toman medidas trimestralmente in situ: «Tenemos una red de control de aguas superficiales y subterráneas. En total se controlan más de 30 parámetros en cada muestra como análisis radiológicos, de iones y de uranio químico».
Actualmente, los suelos no requieren la toma de muestras al «eliminarse las posibles afecciones durante la restauración del emplazamiento y posterior verificación de su correcta limpieza». Sobre los límites establecidos para garantizar la seguridad, Rodríguez asegura que en lo que respecta al gas radón «nunca se han detectado valores que los hayan superado».Sobre las aguas subterráneas, detalla que «por lo general permanecen por debajo de los límites establecidos y sin riesgo alguno para la población o medio ambiente».
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Por su parte, el historiador Juan Antonio Muñoz apunta a que no se impermeabilizó el subsuelo con cimentación o muros enterrados para evitar que el agua acumulada en la tierra se filtre hacia el interior: «Estamos hablando de un terreno que cuando caen cuatro gotas es un barrizal. Tengamos en cuenta que agua abajo, siguiendo el río, está la presa de Marmolejo. Cuando haya que remodelarla o derribarla por estar obsoleta será peligroso sacar el lodo estancado por la radioactividad que debe haber».
ENRESA asegura a la SER que «el sellado se realizó en las zonas de nueva ocupación del dique en las que no existía una capa impermeable natural de aislamiento». Muñoz se muestra crítico en relación al mantenimiento del dique de estériles o la «escombrera», «perforada por las madrigueras de los conejos que están en el entorno». Igualmente, arremete contra ENRESA por «no mantener una vigilancia adecuada»: «He estado en multitud de ocasiones, ves agujereada la alambrada y tampoco hay cámaras de seguridad».