09/05/2026 a las 22:53h.
La crisis del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo y rumbo a Canarias tras permanecer fondeado en Cabo Verde, ha desbordado el terreno sanitario para instalarse en el político. La gestión del buque protagonizó una nueva bronca entre el Gobierno canario (CC-PP) y el Estado (PSOE-Sumar), al tiempo que ha dado munición al PP nacional contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha permitido a Vox llevar el debate a su marco habitual de amenaza y frontera.
En Canarias, el Gobierno regional situó desde el primer momento el foco en la falta de información y de participación en la toma de decisiones. El Ejecutivo de Fernando Clavijo reclamó los informes técnicos que justificaban que el pasaje no desembarcara en Cabo Verde y que el barco pusiera rumbo a Tenerife. La exigencia de documentación la justificó el presidente en que las islas eran el territorio directamente afectado por la operativa y el Gobierno autonómico quería conocer los riesgos, los protocolos y los motivos del cambio de criterio.
Sanidad trasladó en un primer momento, el 5 de mayo, que compartía que no era razonable que el barco se trasladase a Canarias, pero poco después la Organización Mundial de la Salud pidió que el buque fuera al puerto más cercano de Europa: Canarias. El Gobierno central asumió esa decisión sin que Canarias participara en ella en los términos que reclamaba el Ejecutivo autonómico. Clavijo reconocería con posterioridad que era competencia estatal, pero criticó las formas.
En esos momentos, la mirada canaria apuntaba al presidente de España. Pedro Sánchez, además, no había llamado a Clavijo, una muestra del poco tacto institucional de la Administración central con las islas.
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Luisa del Rosario González
A partir de ahí, el conflicto se agravó. Se cuestionó que el barco viniera a Canarias; después, que pudiera atracar en puerto; más tarde, que el pasaje desembarcara; y, finalmente, las condiciones en las que debía permanecer la tripulación.
Garantías y respeto institucional, reclamó Canarias, mientras el Estado defendió que había mantenido contactos con el Gobierno regional y que la respuesta se estaba organizando con criterios técnicos, sanitarios y de coordinación internacional.
En medio quedó el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la vez secretario general de los socialistas en Canarias y uno de los interlocutores del Gobierno central con Clavijo durante la crisis.
Finalmente, se produjo una reunión en Madrid entre Clavijo, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el propio Torres. El encuentro rebajó la tensión, a lo que se sumó poco después la llamada de Sánchez a Clavijo.
Pero la distensión institucional no impidió que el episodio siguiera alimentando una lectura política más amplia: la de unas islas que se consideran informadas tarde, consultadas poco y obligadas a asumir decisiones tomadas fuera. Es el marco abierto por Clavijo al hablar de un trato «casi colonialista» hacia Canarias. Del debate sobre protocolos sanitarios y competencias administrativas se salta al terreno del agravio territorial, un campo de batalla en el que el nacionalismo canario se mueve con soltura.
El eco del conflicto interadministrativo entre el Gobierno regional y el de España hizo que el PP nacional viera una nueva oportunidad de confrontar las figuras de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que abría un flanco contra la ministra de Sanidad y dirigente de Sumar.
Inseguridad
Para el PP, el Gobierno actúa con «soberbia e ineptitud», lo acusa de sembrar el «caos» y la «intranquilidad». Pero, por si fuera poco, recupera el recuerdo de la pandemia de covid-19. La comparación con lo vivido en 2020 funciona como una herramienta política: no tanto por la naturaleza del virus, distinta y conocida, sino por la posibilidad de asociar la crisis a inseguridad.
A ese carro también se apuntó Vox, que juega en su terreno: el miedo. La formación ultraderechista de Santiago Abascal vinculó la llegada del crucero con la idea de amenaza sanitaria y la utilizó para insistir en sus mensajes sobre control de fronteras, llegadas por mar y riesgo para la población.
La crisis del MV Hondius dejó de ser únicamente una discusión sobre un buque concreto para incorporarse a un discurso más amplio sobre quién llega, bajo qué condiciones y quién debe asumir las consecuencias.
En las islas, mientras, el PP se ha mantenido en un papel discreto, salvo por la intervención del vicepresidente, Manuel Domínguez, reclamando que el buque se «desinfectara» en otro lugar, aunque la tripulación tuviera que continuar el viaje en él. El PSOE, por su parte, se ha mantenido en silencio más allá de las intervenciones del ministro Torres. No obstante, sacarán el tema el próximo martes en la Cámara regional.
CC ha dejado el protagonismo al Gobierno regional, con el que pareció entrar a competir Primero Canarias. La formación lanzada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández se alineó con la negativa a que el buque llegara a las islas. Es más, fueron los primeros en denunciar el «trato colonialista» del Gobierno de España hacia Canarias en el caso del crucero con hantavirus y rechazaron que estuviéramos «ante una emergencia humanitaria». La razón: «se trata de un crucero de lujo que cuenta con el soporte y apoyo tanto de la compañía naviera como de la Organización Mundial de la Salud (OMS)».
A quien no le ha gustado este escenario ha sido a Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera —uno de los grupos que apoya al Gobierno de Clavijo—. El presidente gomero intentó salirse del clima de bronca y pidió dejar de hablar del «dichoso barco» y centrarse en trabajar en los asuntos importantes para Canarias.