Gustavo Petro vuelve a la carga. En la recta final de su cuatrienio, y en plena campaña para elegir a su sucesor, el presidente de Colombia está volcado a concretar contra viento y marea su idea de cambiar la Constitución de 1991, a pesar de las resistencias que despierta en distintos sectores. En su último discurso del Primero de Mayo, la semana pasada, oficializó la campaña para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a la que atribuye un supuesto origen popular, a pesar de que es promovida desde el Gobierno. Su propósito es recoger cinco millones de firmas que lleven al próximo Congreso a aprobar el llamado a las urnas. “Tendrán la obligación de promulgar la convocatoria a la Constituyente, y entonces nos veremos otra vez en las calles y en las plazas”, arengó a la multitud reunida el Día de los Trabajadores en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín.

La relación de Petro con la Constitución del 91 ha sido ambivalente. El presidente lleva ya dos años largos agitando la idea de una Constituyente para movilizar a sus bases, sin despejar del todo las razones para hacerlo, que ha ido cambiando según la coyuntura. Si en un primer momento sus promotores fueron dos exministros luego caídos en desgracia, Álvaro Leyva y después Eduardo Montealegre, con rebuscadas tesis jurídicas rebatidas por numerosos expertos, ahora es el propio presidente el que la enarbola sin disimulo. El Día de los Trabajadores dijo que solo quiere añadirle dos capítulos, uno para hacer realidad las reformas sociales y otro para blindar el sistema político contra la corrupción. En más de una ocasión ha argumentado que la Constitución nunca se aplicó, ni se construyó el Estado social de derecho que se proponía.

El rechazo a su iniciativa ha llegado desde las más diversas orillas. En gran medida, debido a que el propio Petro aseguró en infinidad de ocasiones que por ningún motivo se proponía convocar una Constituyente. No solo lo repitió en la campaña de 2022, sino que incluso llegó a firmar esa promesa en una tabla al estilo de los diez mandamientos en su fallida candidatura del 2018, cuando necesitaba cortejar al centro político.

Aunque por momentos la exalta, es llamativa la visión crítica de una Constitución que es también el gran legado de la Alianza Democrática M-19, el movimiento que surgió de la guerrilla a la que Petro perteneció en su juventud. La AD M-19 fue fundamental en la Asamblea Constituyente de 1990, que tuvo entre sus tres copresidentes a Antonio Navarro Wolff. Se trataba del segundo de la guerrilla detrás de Carlos Pizarro, con quien había firmado el primer acuerdo de paz de la América Latina contemporánea. Navarro persistió en la palabra empeñada a pesar del asesinato de Pizarro, baleado en un avión en abril de 1990, apenas mes y medio después de entregar las armas y cuando era candidato presidencial.

Recolección de firmas para apoyar la Asamblea Nacional Constituyente, en Bogotá, el 1 de mayo.NATHALIA ANGARITA

Colombia estaba al borde del precipicio. Esa sangrienta campaña presidencial se saldó con el asesinato de otros tres candidatos, entre ellos el favorito, Luis Carlos Galán. En ese ambiente convulso se abrió paso el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que allanó el camino para redactar una Constitución que reemplazara a la de 1886. La AD M-19 fue una de las fuerzas mayoritarias de aquella Asamblea Nacional Constituyente, junto al Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, del líder conservador Álvaro Gómez. Por eso se escogió una presidencia colegiada compuesta por Navarro, Gómez y el liberal Horacio Serpa. Una celebrada postal de pluralidad en medio de un consenso nacional, en lo que los entendidos llaman un “momento constituyente”, que contrasta con la pugnacidad y polarización actuales.

Pero Petro la ve a través de otro prisma. “Al final del día, en la Constituyente el M-19 recorrió el camino de claudicación”, escribe el todavía presidente en Una vida, muchas vidas (Planeta, 2021), su autobiografía política. “Para preservar un texto democrático, para cuidar sus pilares fundamentales y, en especial, los capítulos relacionados con los derechos de la gente, el M-19 renunció a toda idea revolucionaria. Solo la historia dirá si tomó la decisión acertada. Para mí, hoy, ese texto constitucional es una bandera que no se ha ondeado y que, por eso, todavía es un objetivo por conseguir”.

Sus cambiantes reparos no han encontrado mayor eco en otras fuerzas políticas. Diversas figuras le han señalado que la Constitución no solo tiene las herramientas para las transformaciones sociales por las que aboga la izquierda, sino que fue concertada por muchos grupos. Fue un gran acuerdo nacional, el concepto que Petro solía invocar en el comienzo de su Gobierno y que ahora Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, también se plantea como prioridad –aunque sin cerrar la puerta a la Constituyente–.

Para Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, en Medellín, “hay un temor razonado de que se pierdan los avances de la Constitución del 91”. Cuando una sociedad toma la decisión de convocar una Asamblea Constituyente, no se sabe bien en qué puede desembocar ese proceso, advierte. “Lo vimos recientemente en Chile. Hubo mucha incertidumbre sobre el resultado. Uno sabe cómo arranca, pero no cómo puede terminar”, explica. Destaca que, en el caso de Colombia, nadie se reclama como único dueño de la actual carta política. “Finalmente, con sus virtudes y defectos, es el texto de todos, que más o menos conecta a distintos sectores sociales. Hoy sería muy difícil llegar a ese nivel de acuerdo”, concluye.

Desde que el presidente empezó a hablar de Constituyente, el jurista Rodrigo Uprimny ha reiterado en numerosas columnas que la considera una propuesta improvisada, inconveniente y riesgosa. La sustentación de la necesidad de convocarla nunca ha sido clara, señala. No hace falta para enfrentar el cambio climático, ni para implementar el acuerdo de paz, la reforma agraria o para mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos, algunas de las justificaciones que Petro ha sugerido, valora Uprimny.

Tampoco valida la narrativa del bloqueo institucional, que el presidente ha esgrimido cada vez que sus reformas se atascan en el Congreso. “Sin demonizar la posibilidad de una Constituyente limitada –que está en la Constitución y puede ser útil para ciertos temas–, soy muy crítico de este proyecto y creo que genera un riesgo enorme”, valora por teléfono Uprimny, un reconocido constitucionalista. “El primer resultado negativo ha sido el alejamiento de la izquierda de la Constitución, cuando había sido una defensora de esa Constitución; era más bien la derecha la que había querido echarla para atrás. Ya tiene el efecto de que algo que nos unía, ahora nos divide”, se lamenta. “Esta no es una Constituyente de origen ciudadano, es claramente de origen presidencial”.