El goteo de alumnos a la entrada de uno de los institutos de Secundaria más grandes de Valencia, el IES Lluís Vives, era escasa este lunes, primera jornada de huelga indefinida en la educación pública valenciana. El paro ha vaciado las aulas, según los sindicatos, que cifran el seguimiento entre el 80 y el 90%. La Consejería de Educación lo ha rebajado al 50%. Las manifestaciones del mediodía en Valencia, Alicante, Elche o Castellón han sido masivas, con 20.000 asistentes en la capital (según datos de la Delegación del Gobierno). En Alicante, han participado unas 12.000 personas (según la Policía Nacional), en Castellón la han seguido algo más de 5.000 personas, y en Elche la cifra rondaba los 2.800 manifestantes. “Ortí, escucha, la escuela está revuelta”, han coreado los huelguistas dirigiéndose a la titular autonómica de Educación, Carmen Ortí. La huelga se desarrolla con los servicios mínimos establecidos, recurridos por los sindicatos. El TSJCV, sin entrar en el fondo del asunto, ha rechazado suspenderlos de forma cautelar.
Faltaba poco para las ocho de la mañana y un alumno de 1º de Bachillerato entraba este lunes al IES Lluís Vives de Valencia porque tiene una clase importante de matemáticas: “Tienen razón y necesitan ser escuchados. Yo los apoyo”, refiere el estudiante de los profesores de la pública y de sus reivindicaciones. A otra joven, de 1ª de la ESO en el mismo instituto, le parece que el conflicto se ha ido acumulando en el tiempo y se muestra de acuerdo con la protesta. Otras dos alumnas de 2º de Bachiller tienen examen hoy: “Están en su derecho de hacer la huelga pero tenemos miedo de que nos pueda perjudicar. Sin embargo, tienen razón: en una clase somos 30 alumnos, mucha gente; y en cuanto a instalaciones no tenemos aire acondicionado. Este invierno se rompió la caldera y trajimos hasta mantas”, señalan, convencidas de que “[los profesores] se están presentando a los exámenes y están dándolo todo por nosotros”.
El colegio Cervantes, también de la capital, imparte los ciclos de infantil y primaria, y este lunes ha abierto sus puertas como todos los días lectivos. Dos madres acaban de dejar en este colegio a sus respectivos hijos de 11 años, atendidos por los servicios mínimos “Estoy de acuerdo con la huelga del profesorado. Creo que la escuela pública está muy abandonada. He trabajado como profesora en un colegio concertado y también en la pública y la diferencia de presupuesto es notable. Han subido muy poco los salarios, por no decir prácticamente nada”, apunta Ana, una de ellas.
En Castellón, las calles han amanecido este lunes sin el bullicio habitual de coches en doble fila frente a los colegios. La misma imagen se ha repetido en diferentes centros educativos de otras localidades de la provincia, como el CEIP Mestre Caballero de Onda (26.000 habitantes). Allí, Cris, María de Mar, Rosana y Paula, cuatro de sus profesoras de primaria, han secundado el paro. “Necesitamos más maestros y más recursos, tanto personales como materiales”, reivindican las docentes, que denuncian unas ratios “inasumibles”, más aún ante el “aumento considerable de alumnado con necesidades educativas especiales”. Tan inasumible, coinciden, como la carga burocrática impuesta que les resta tiempo para la atención directa al estudiantado y la preparación de materiales didácticos.
Una persona muestra una reproducción de un billete de 75 euros, la subida salarial de 1.050 euros brutos anuales -unos 75 euros brutos al mes en tres años-, ofrecida por la Generalitat a los profesores. Biel Aliño (EFE)
Las docentes trabajan con aulas de entre 23 y 25 alumnos, entre los que hay menores con necesidades educativas especiales —dislexia, TEA, retrasos madurativos o problemas de aprendizaje derivados del desconocimiento del idioma—. “La ratio ideal sería de 18 alumnos o poder contar con codocencia, es decir, con dos maestros dentro del aula”, sostienen. Reclaman también más especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa, ya que, aseguran, un alumno con necesidades especiales “debería recibir cinco horas de atención semanal y muchas veces apenas puede contar con una o tres, además compartidas”.
El profesor interino de Filosofía Óscar González, del IES Torrevigía de Torrevieja (Alicante) se encuentra al llegar al aula “a 35 alumnos metidos en un barracón” que, conforme avance el mes de mayo, “se asarán de calor”. “La Generalitat lo está enfocando todo desde el punto de vista económico y no es verdad”, sostiene González.
Manifestación de Castelló, este lunes.Carme Ripollés
“Los recursos no llegan y no se adaptan a una realidad social que ha cambiado profundamente en los últimos años”, añaden Susana Poveda y Martí Garcia, profesores de castellano y valenciano de 2º de Bachillerato” en el IES El Pla de Alicante. “En nuestro centro hay un importante porcentaje de personas recién instaladas en España y sin conocimientos del idioma” que necesitan una mejor atención. En el caso de los estudiantes del último curso de Bachillerato “están con nosotros, nos preguntan qué pueden hacer, se ofrecen a escribir al Consell”, asegura Garcia, “pero también están preocupados por su futuro”.
Los sindicatos consideran el primer día de huelga un “éxito rotundo”. Marc Candela, coordinador del STEPV, sindicato mayoritario, explica que las aulas se han vaciado: “El seguimiento es total y Educación debe tomar nota y convocarnos lo más pronto posible a una negociación real y efectiva”. Recuerda que los servicios mínimos decretados por la Generalitat han sido recurridos ante el TSJCV porque les parecen “abusivos”. “Su redacción es tan ambigua que cabe de todo y tenemos muchas dudas sobre lo que debe hacer o no el profesorado en 2º de Bachillerato”, ha explicado.
José Seco, del CSIF, confía en que esta huelga masiva “lleve a la Generalitat a hacer una contraoferta razonable y nos sentemos a negociar”, y Xelo Valls, de CC OO, insiste en que los sindicatos “sí queremos sentarnos a negociar pero no para nada. Las últimas reuniones con ellos han sido para decirnos que no había presupuesto o para hacernos una oferta irrisoria: eso no es voluntad negociadora, es solo aparentar”. Kilian Cuerda, de UGT, confirma que la Generalitat está tensando la cuerda para ver cuanto “aguantamos los docentes con el paro”.
Ortí: abiertos “los canales de diálogo”
La consejera de Educación, Carmen Ortí, en declaraciones a la televisión autonómica À punt, ha asegurado que mantiene abiertos los “canales de diálogo” con los sindicatos y que la intención de la Generalitat es “llegar a acuerdos”. Pero, de momento, ha elaborado diferentes planes ante los diferentes escenarios que se puedan plantear y, en función de ellos, se irán “dando respuesta”.
Según la consejera, la próxima reunión con los sindicatos estaba prevista para el 9 de junio, pero ha asegurado que si estos están dispuestos a “volver a sentarse a la mesa” la convocaría “lo más pronto posible”. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha incidido por la tarde en la misma idea: “Nos gustaría sentarnos ya pero tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar. Y sí queremos hacerlo tendremos que abandonar posiciones maximalistas”.
El secretario autonómico, que ha asegurado que desde el pasado septiembre se han reunido en 29 ocasiones con los sindicatos (sin avances para evitar la huelga), ha cifrado el paro en el 50,12% (Alicante, un 49,02%; Castellón, un 47,80%; y Valencia, un 51,79%). También ha reconocido McEvoy, a preguntas de los periodistas, que sería un buen gesto la desconvocatoria de la huelga aunque no sería una línea roja para volver a la mesa de negociación. “Estamos abiertos a cualquier posibilidad”, ha reiterado sin ocultar el malestar de la Consejería por los tres sindicatos que el pasado jueves, en la última reunión, se levantaron de la mesa cuando oyeron la oferta económica sin esperar a conocer el resto de puntos.
Los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís han anunciado, por otro lado, que presentarán una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por la carta enviada el pasado viernes por la consejera de Educación a todas las familias con alumnos matriculados en centros públicos a través de la aplicación GVA Familias “por el uso partidista”.