La ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos este viernes durante una operación contra una narcolancha en Huelva marcó la jornada de duelo celebrada el pasado sábado en la capital onubense. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha querido abrir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros trasladando el «pésame» en nombre de todo el Gobierno a las familias y amigos de los dos agentes muertos durante la persecución.

Saiz también ha tratado de reivindicar «el compromiso» del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y ha presumido del refuerzo desde el año 2018 de los medios personales, materiales y tecnológicos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «En estos años se han incrementado los efectivos destinados a combatir las redes criminales, se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y se han mejorado los recursos de vigilancia marítima y de coordinación policial», ha asegurado la ministra, intentando responder así a las duras críticas de las asociaciones de guardias civiles, que denuncian desde hace años falta de medios y abandono institucional.

Pese a la creciente polémica, la portavoz del Gobierno ha evitado explicar directamente la ausencia de Marlaska en el funeral, limitándose a destacar la «empatía» que, a su juicio, ha mostrado el ministro en todo momento y subrayando nuevamente «el incremento de dotaciones». «Lo que no va a hacer el Gobierno es instrumentalizar políticamente el dolor», ha afirmado Elma Saiz, que ha justificado la ausencia del titular de Interior alegando que se encontraba centrado en el operativo por la crisis del hantavirus. «Al funeral acudió no solamente la directora general de la Guardia Civil sino también la secretaria de Estado de Seguridad», ha añadido la ministra.

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Sin embargo, en Moncloa reconocen ahora que la decisión de que Marlaska no acudiera al funeral no respondió a una estrategia calculada para evitar los abucheos —como sí sufrió la candidata socialista—, sino a que el Ejecutivo no calibró el impacto político de esa ausencia. Fuentes gubernamentales admiten incluso que «igual nos equivocamos» al tomar esa decisión.

Esas mismas fuentes han evitado pronunciarse sobre las palabras de la exvicepresidenta primera y candidata socialista, María Jesús Montero, quien redujo a un accidente laboral la muerte de los dos guardias civiles. Montero, no obstante, se ha visto obligada a rectificar para tratar de contener la polémica a las puertas de las elecciones andaluzas.

Montero se ha visto obligada a rectificar y hablar de muertes en acto de servicio después de la avalancha de críticas y de que numerosas asociaciones de la Guardia Civil exigieran una corrección inmediata de sus palabras.