La ley para vetar modelos de privatización sanitaria como el del Hospital de Torrejón ha dado este martes un nuevo paso para su ―difícil― aprobación en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende derogar la norma que permitió la gestión privada de la sanidad pública de 1997. Además, el Gobierno ha aprobado un nuevo modelo de copago farmacéutico que rebaja la aportación de las rentas medias y bajas.

La nueva ley, que Sanidad aceleró después de que este periódico destapase el escándalo del Hospital de Torrejón, con unos audios en los que el CEO de la compañía pedía aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de la empresa, pretende que la gestión indirecta de servicios sanitarios sea excepcional.

“Se acabó convertir la sanidad pública en una franquicia para fondos buitre y de inversión como puede ser Quirón”, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García. “La ley nos blinda de un CEO que decía que había que diferenciar entre los pacientes rentables y no rentables”, ha añadido.

En caso de aprobarse en el Congreso, para lo que necesitaría el apoyo de la mayoría de investidura, no tendrá carácter retroactivo. Concesiones como las de Torrejón o las de Quirón Salud, la empresa más beneficiada por esta fórmula, seguirán por tanto vigentes hasta su vencimiento.

Sí estará permitida la gestión de entidades sin ánimo de lucro, una fórmula que tiene mucha presencia en Cataluña. Estas concesiones no se verían afectadas, algo que García siempre ha subrayado ante los reproches de los grupos independentistas desde que anunció la ley.

Si entra en vigor, para recurrir a la gestión privada, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida “es sostenible y eficiente”.

El texto incluye tres grandes mecanismos de control. El primero es la evaluación previa obligatoria, con órganos formados por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil que deberán elaborar un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.

El segundo mecanismo es un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que será obligatorio en contratos de concesión “para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria”, explica Sanidad.

El tercer control pasa por la preferencia por el sector social: en caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro.

García ha destacado que “por primera vez” el Estado hará una evaluación de las diferentes experiencias de gestión desde 1997 para “conocer con datos reales” qué impacto han tenido estos modelos sobre la calidad asistencial, cuáles han sido los resultados en salud, cuáles han sido los costes con transparencia y cuál ha sido la eficacia real de estos sistemas.

“Muchas veces este debate se ha planteado únicamente desde un enfoque ideológico. Por eso necesitamos que esta ley plantee algo que sea mucho más serio, que es evaluar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y qué consecuencias han tenido determinadas decisiones en gestión sobre la sanidad pública”, ha dicho la ministra.

Copago de fármacos

El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto-ley para reformar el sistema de copago farmacéutico. Los tres tramos que existían hasta ahora (que iban de un 40% de aportación para las rentas menores de 18.000 a un 60% para las mayores de 100.000 euros) se convierten en seis, con el objeto de aportar mayor progresividad. En términos generales, el Ministerio de Sanidad calcula un ahorro para las familias de 265,63 millones de euros. El cambio también tendrá que ser revalidado por el Congreso.

Esta nueva norma, ha dicho García, “protege especialmente a aquellos pacientes crónicos que son activos, pero que tienen rentas bajas o medias, y adapta el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias”.

“El sistema actual tenía problemas importantes, pero sobre todo habíamos observado que donde había un mayor problema de adherencia terapéutica era en aquellos pacientes que no podían pagarse la medicación”, ha señalado la ministra.

Hasta ahora, las rentas menores de 18.000 euros pagaban un 40% del precio de los fármacos. Esta franja ahora se divide en dos: menos de 9.000 y hasta 17.999, que seguirán aportando esta misma porción, pero tendrán un tope mensual de 8,23 y 18,52 euros, respectivamente. Es algo pensado sobre todo para garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico.

El siguiente tramo, hasta ahora, iba desde 18.000 hasta 100.000 euros. Todas estas rentas pagaban un 50% de los fármacos. Ahora se divide en uno que va hasta los 34.999 (pagarán un 45%, con un límite que antes no existía de 61,75 euros); otro hasta los 59.999, que baja al 45%; y otro hasta 100.000 euros, que se desciende al 50%. Quienes cobren más de esta cifra mantendrán su aportación como hasta ahora, en el 60%.

Entre los pensionistas, la situación sigue como estaba en las rentas hasta 59.999 euros, que pagarán un 10%. Cambian los topes de aportación mensual: se mantiene en los 8,23 euros hasta 17.999 euros de renta) y baja a 13,27 hasta 59.999. Para los que cobran entre 60.000 y 99.999 euros, la aportación se mantiene en el 10%, con el mismo tope que hasta ahora (18,52). Finalmente, para los que ingresan más de 100.000 euros, la aportación se mantiene: 60%, con el mismo tope (61,75 euros).

Este cambio de financiación iba a estar en principio incluido en una nueva Ley del Medicamento que tiene todavía pendiente su tramitación parlamentaria. Pero no recibió el visto bueno de Hacienda y se sacó del texto, que ahora ha sido directamente aprobado en el Consejo de Ministros.