El 95 % de las personas encuestadas considera que los menores están desprotegidos en internet y aprueba medidas como el control parental, la edad mínima obligatoria para el acceso a redes y la regulación de la publicidad dirigida a menores. Son algunos resultados de la Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, elaborada por la Fundación ”la Caixa”, la Universitat de Barcelona, Red.es y la Fundación Hermes.

La
ciudadanía reclama una protección efectiva de sus derechos en el mundo digital
en asuntos que afectan a su actividad diaria y a los colectivos más vulnerables,
como los menores. Así lo refleja la Encuesta sobre percepción social de los
derechos digitales en España, el primer estudio que evalúa el conocimiento
de la población española sobre los derechos digitales, así como la valoración ciudadana
sobre los riesgos, retos y oportunidades del entorno digital.

Es un proyecto elaborado por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y la Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona, desarrollado en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y presentado hoy, durante la primera jornada del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. La investigación muestra el retrato más completo hasta la fecha de cómo vive la ciudanía la transformación digital y cómo le afecta.

Qué
derechos digitales deben ser protegidos por ley

Ante
los riesgos asociados a la digitalización, las personas encuestadas muestran un
amplio consenso sobre la necesidad de proteger legalmente las actividades
especialmente expuestas. Así, la práctica totalidad de la ciudadanía considera
que la privacidad y la protección de datos (96%), así como la protección ante situaciones de acoso,
mensajes de odio y difamación en plataformas digitales (94%) deben estar garantizadas por ley. Igualmente,
el 89% estima que el borrado de información personal disponible
en internet y el acceso asequible a internet (81%) deberían gozar de protección legal.

Otros
derechos que, según la opinión mayoritaria, deben ser legalmente reconocidos
son la libertad de expresión en plataformas digitales (76%), la existencia de algoritmos no
discriminatorios (73%)
y el derecho a la revisión humana de decisiones automatizadas (72%).

Las
personas encuestadas señalan mayoritariamente a las administraciones públicas
(45%) y a las empresas tecnológicas (39%) como las entidades responsables de garantizar
los derechos digitales.

Otro
de los elementos destacables es la preocupación generalizada por la protección
de los menores en el entorno digital. El 95% considera que los menores están poco o nada
seguros en el entorno digital
y se detecta un amplio consenso sobre la necesidad de implementar medidas de
protección. El control parental es apoyado por el 96% de las personas encuestadas; la implantación de
una edad mínima para el uso de smartphones,
por el 91%, y la
regulación de la publicidad dirigida a menores, por el 96%.

Respecto
a los medios preferidos para informarse, hasta los 29 años las redes sociales
son la primera opción (55%).
A medida que aumenta la edad, los otros medios van ganando más peso en las
preferencias.

En
cuanto a las noticias falsas, la mayoría cita las redes sociales (88%) como los entornos en las que más se difunden. Ante
este escenario, el 78%
afirma que verifica habitualmente el contenido de internet, ya sea consultando
otras fuentes dentro del propio internet (53%) o en fuentes externas (25%). Un 18% admite que no comprueba su veracidad. Sobre la
difusión de los discursos de odio, de nuevo las redes sociales (86%) son percibidas como el medio en el que más a
menudo o muy a menudo se difunden este tipo de mensajes. 

Riesgos
y participación en línea

En
cuanto a la seguridad en internet, un 69% de la población con educación obligatoria se
siente poco o nada segura, porcentaje que se reduce hasta el 35% entre quienes tienen educación superior.

Entre los principales riesgos asociados
al uso de internet, se señala la privacidad y control sobre los datos
personales (48 %); las estafas y los robos (48 %); la suplantación de identidad
(30 %); el acceso a información falsa (25 %), y el acoso, hostigamiento e
insultos (19 %). Además, el 33 % de la población de entre 18 y 29 años afirma haber
sido víctima de acoso en internet.

Ante
la pregunta sobre el modo de participar en el espacio digital, el 71% apoya la identificación obligatoria para
participar en redes sociales y foros
frente a un 24% que
defiende la participación anónima.

Percepción
sobre las empresas tecnológicas

Las
personas encuestadas señalan que las empresas tecnológicas acumulan con sus
actividades demasiado poder económico (88%) y demasiada información personal (85%) de la ciudadanía. No obstante, un 64% considera que estas compañías desarrollan una
actividad beneficiosa. 

Inteligencia
artificial: límites y desarrollo

El 77% de las personas encuestadas pide más regulación de la inteligencia artificial y el 56% prefiere que su desarrollo se ralentice. El 49% considera que la IA tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Derechos digitales como concepto global

El
informe pone de manifiesto la importancia de la pedagogía y la alfabetización para
aumentar el conocimiento sobre los derechos digitales en su conjunto,
entendidos como una extensión de los derechos de las personas en la esfera
digital, en un contexto en el que 7 de cada 10 ciudadanos han oído hablar del
término derechos digitales, pero un
28% no sabría explicarlo. 

Competencias
digitales

Por
último, 9 de cada 10 ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la
tecnología digital es fácil de usar, una cifra que cae hasta el 46% entre los mayores de 60 años y hasta el 44% entre las personas con niveles de estudios más
bajos, especialmente en tareas de relativa complejidad, como realizar trámites
administrativos en línea.

Ahondando
en los trámites administrativos, entre el 70 y el 80% de la población de entre 18 y 59 años afirma
que la digitalización de las administraciones públicas les ha facilitado la
vida, porcentaje que desciende hasta el 49% entre los mayores de 60. En esa franja de edad,
un 40% señala que los trámites en línea con los servicios
públicos les dificultan la vida.

La
investigación combina una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un
estudio cualitativo. El trabajo de campo fue realizado entre el 20 de octubre y
el 9 de diciembre de 2025. 

Valoración
de la encuesta

Los
datos de la encuesta han sido analizados en una mesa redonda en la que se ha
preguntado a los participantes si consideran que estamos realmente protegidos
en el entorno digital.

María
González Veracruz,  secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha
indicado que 
«este informe, fruto de la relevante labor que viene desarrollando
el Observatorio de Derechos Digitales, confirma que las medidas que el Gobierno
de España está impulsando para proteger los derechos digitales están dando
respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, especialmente, en lo relativo al
desarrollo de un marco regulatorio adecuado y a la necesidad de proteger a
nuestros menores. No vamos a dar ni un paso atrás: tenemos los mismos derechos
en las redes que en la calle
» .

Luisa
Alli, directora general de la Fundación Hermes, ha
manifestado que «los datos apuntan a un mandato social muy claro: más garantías
en el entorno digital. Eso implica proteger mejor a los menores, responder a la
desinformación y garantizar que el uso de datos y la tecnología se rigen por reglas
comprensibles y exigibles».

Para
Jesús Herrero, director general de Red.es, el informe «evidencia que la
población reclama el fin de una red sin ley y la creación de un entorno digital
en el que se garanticen los derechos en el mismo grado que ocurre en el mundo
físico y que esté al servicio de la ciudadanía».

Por
su parte, David Casado, responsable de la Unidad de Prospectiva,
Investigación y Evaluación del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”,
destaca que «este estudio confirma que los derechos digitales han pasado de ser
un debate abstracto a una preocupación cotidiana. La ciudadanía pide que la
transformación digital se haga con seguridad, equidad y confianza, y con
especial atención a la protección de la infancia».

Para
Jordi Muñoz, profesor agregado de Ciencias Políticas de la Universitat
de Barcelona, «la encuesta muestra una combinación muy significativa:
preocupación alta y una demanda clara de reglas y mecanismos de protección. El
consenso en torno a los menores es casi universal y el mensaje general es que
la ciudadanía quiere derechos digitales que se traduzcan en medidas concretas y
evaluables, y espera que tanto los poderes públicos como las empresas
tecnológicas se impliquen en su protección».