El Departament d’Interior ha entonado este miércoles el mea culpa por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra de la unidad de información en la asamblea de docentes de Barcelona, en el marco de las protestas del profesorado catalán y el conflicto que mantienen con el Govern. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido perdón a los docentes y a los sindicalistas, a los que ha ofrecido una reunión. “Pido disculpas por la sensación de desconfianza e inseguridad en relación con el derecho de protesta y vuestro trabajo asambleario”, ha dicho la dirigente socialista a los representantes del profesorado presentes hoy en el Parlament.
Parlon ha apuntado que la presencia de dos agentes en una reunión preparatoria de las movilizaciones fue “un error grave” que no se puede volver a repetir, un diagnóstico compartido también por el director general de la Policia de la Generalitat, Josep Lluís Trapero. “Es una intervención que no está justificada”, han admitido ambos, si bien han negado en todo momento que hubiera “mala fe” o voluntad de injerencia política.
La consellera y el mayor de los Mossos han comparecido en la comisión de Interior y han subrayado que la decisión no se adoptó en la esfera política y que no se transfirió en ningún caso información al Departament d’Educació que encabeza Esther Niubó, que tendrá que comparecer en ese mismo órgano otro día. “Fue una decisión operativa bienintencionada y muy mal planteada que ha mermado la confianza y la imagen del cuerpo”, ha lamentado Parlon.
La consellera ha empleado términos como “acción desafortunada” o “riesgos innecesarios”. También se ha referido a “inercias pasadas” que ha prometido que “se romperán”. “Reconozco el error y la falta de oportunidad, pero no la mala fe ni injerencia democrática”, ha dicho a su vez Trapero, que está en la diana de la oposición pero mantiene la confianza tanto de la consellera de Interior como del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
“Una cosa es la falta de oportunidad y otra es la ilegalidad”, ha afirmado el director general de la Policia, que ha expuesto que el operativo estaba amparado por el marco legal vigente y por el decreto de estructura de la policía de la Generalitat, al tiempo que ha negado la vulneración de un derecho fundamental como es el de protesta. En ese sentido, los dirigentes de Interior han garantizado que la infiltración se ciñó a evaluar los “riesgos” que, a su juicio, entrañaban las protestas de los profesores y que no se utilizó la información para la gestión del conflicto con Educació.
Asimismo, Parlon y Trapero han desvelado que el martes se abrió una investigación reservada sobre la actuación en cuestión y han avanzado que en el futuro habrá “más filtros” y se evaluarán los procesos para evitar que vuelvan a dar errores de este calado. “Modificaremos el decreto de estructura”, ha aseverado Parlon, que ha concedido que para obtener información “se tiene que optar siempre que se pueda por vías no invasivas”.
En la parte inicial de su discurso, Parlon ha tendido la mano a los sindicatos para darles las explicaciones que consideren oportunas. “Tiendo la mano a los sindicatos para podernos encontrar y poder dar explicaciones personales, las que ustedes crean oportunas”, les ha señalado la titular de Interior. “Necesitamos reforzar los espacios de confianza entre el activismo social y el cuerpo”, ha insistido.
Trapero, en su turno, ha hecho hincapié en el hecho de que los responsables de la comisaría general de información y las técnicas empleadas no han cambiado con los tres últimos ejecutivos catalanes. “Las inercias del pasado se pagan caras y las paga el que le toca revertirlas”, ha rematado Parlon.
La oposición ve insuficientes las explicaciones y, salvo PP y Vox, exigen el cese de Trapero
Estas explicaciones, de todos modos, no han contentado a la oposición, que a excepción de PP y Vox –Aliança Catalana no ha acudido– ha mantenido la exigencia del cese del director general de la Policia y considera que la intervención policial no se ajusta a derecho. Junts y la CUP, además, han elevado el tiro al reclamar nuevamente la dimisión de la consellera Parlon y al exigir a ERC y los comunes que paralicen la negociación presupuestaria con el Govern.
“No se trata de un error operativo. Se trata de una vulneración de derechos fundamentales”, ha señalado el portavoz posconvergente en la comisión, Josep Rius, que ha afirmado que lo que se hizo es “ilegal” y que “se ha puesto en entredicho el modelo de la policía catalana”.
Laia Cañigueral, de ERC, ha apuntado que la intervención vulnera la Constitución y que no era “necesaria ni proporcional” y ha pedido democratizar el cuerpo policial.
Junts y la CUP elevan el tiro y reclaman a la consellera que dimita y a ERC y los comunes que rompan negociaciones con el Govern
Los comunes, con el diputado Andrés Garcia Berrio han exigido transparencia y “un cambio de 180 grados” en la orientación política del ámbito policial; y la CUP ha afirmado que estamos ante “prácticas dictatoriales” de otras épocas. “Cese de manera fulminante al director de la Policia, y si no puede o no quiere, dimita”, ha concluido Xavier Pellicer.
En el otro lado de la balanza, el PP ha reprochado al Govern que no defienda la actuación policial. “Ustedes dicen que piden disculpas. Lo que tienen que hacer es pedir disculpas a los dos agentes expuestas, han sido muy torpes”, ha rematado Alberto Vilagrasa. Por su parte, Vox ha querido hurgar en el marco normativo esgrimido por Trapero y ha destacado que fue aprobado por el gobierno de Artur Mas en el 2011 y ratificado en el 2023 por el ejecutivo de Pere Aragonès. “Es muy delicado poner agentes infiltrados en una asamblea de docentes en huelga. No nos huele bien, no hablamos de colectivos violentos sino de una asamblea de trabajadores”, ha apuntado Sergio Macián, que, por contra, ha pedido protección para las dos agentes ahora que han sido reconocidas.
CGT y Ustec ven insuficientes las disculpas
Los representantes de CGT y USTEC, tras escuchar a Parlon y Trapero, han considerado que sus explicaciones son “insuficientes”. Ambas organizaciones, que estudian acciones legales contra Interior, creen que es “grave” que no se identifique al responsable del operativo y por ello piden la dimisión tanto de la consellera como del director general de la policía catalana. “No necesitamos disculpas y hemos echado en falta las palabras inadmisible, intolerable y antidemocrático”, han replicado.
