La Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría de PSOE y Sumar, ha aprobado este miércoles la 69ª prórroga del plazo para registrar enmiendas a la proposición de ley para que los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios … del Servicio de Vigilancia Aduanera sean considerados profesión de riesgo. Esto les permitiría acceder a una jubilación anticipada como pronto a partir de los sesenta años o de los 59 en los casos con 35 años o más de actividad efectiva en alguno de estos cuerpos. La decisión del órgano rector de la actividad parlamentaria, que bloquea por defecto todas las normas procedentes del Senado —esta es una— y de la oposición, es especialmente sangrante tras morir el viernes dos agentes de la Benemérita en Huelva en un operativo contra el narcotráfico al chocar sus lanchas por una acción evasiva de los delincuentes.

Fuentes parlamentarias han informado a ABC de esta resolución, rechazada por los cuatro representantes del PP en la Mesa, y en la web del Congreso ya figura el 20 de mayo como el nuevo plazo límite para registrar enmiendas. Este periodo inicialmente concluía el 3 de septiembre del 2024, poco después de que el Senado aprobase la proposición de ley, pero desde entonces el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha ido ampliándolo semana a semana hasta acumular, con esta última, 69 prórrogas del tiempo habilitado para que los grupos propongan modificaciones. Por supuesto, los partidos no registran propuestas ni estudian la iniciativa, que se bloquea, como tantas otras, por mero interés partidista de los grupos que controlan la Mesa. Esto se suma a las polémicas palabras de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien se refirió el lunes a la muerte de los agentes, en el debate de Canal Sur, como «accidente laboral».

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda se vio obligada a rectificar en redes sociales este martes, donde sí calificó lo sucedido como una muerte en acto de servicio, pero eso no impidió que la sesión de control del Senado, por la tarde, se centrase en sus declaraciones. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, Alicia García, no solo condenó el «secuestro» de la ley que aprobaron los senadores para reconocer a policías y guardias civiles como profesión de riesgo, sino que lanzó a Montero, como si siguiese en el banco azul del Ejecutivo, que no se trata de «un accidente laboral», sino de «asesinatos». En plena campaña electoral en Andalucía, antes de pasar por las urnas el domingo 17 de mayo, al Gobierno se le ha atragantado el asunto e internamente se asume como un error no haber enviado ningún ministro al funeral celebrado por los agentes del Instituto Armado el sábado.

Ahora —y a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que amparó a los diputados del PP que la legislatura pasada recurrieron las 71 prórrogas sin justificación aprobadas para registrar enmiendas a un proyecto de ley tramitado de urgencia y procedente de un real decreto ley—, la Mesa del Congreso da otra patada hacia adelante y sigue ampliando el plazo para presentar modificaciones a la norma que reconocería a los guardias civiles como profesión de riesgo. El PSOE y Sumar, con su mayoría en el órgano, impusieron su criterio y alegaron que el órgano de garantías lo que plantea es que esas moratorias no pueden ser arbitrarias, sino que deben estar motivadas. Este diario ha preguntado las razones por las que se ha prorrogado por 69ª vez la posibilidad de introducir cambios en esta proposición, pero de momento no ha obtenido respuesta.