Caso cerrado en el baloncesto de élite español. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha resuelto el expediente que tenía abierto sobre la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), tras constatar cambios en el modelo de ascenso a la Liga Endesa, algo que enfrentó a las partes hace casi diez años.

 

Según una resolución a la que ha tenido acceso Palco23, el ente regulador del Gobierno ha declarado el cierre de la vigilancia de la Resolución dictada por el Consejo de la CNMC el 11 de abril de 2017. Entonces, la ACB fue multada con 400.000 euros, cantidad que se vio reducida a 200.000 euros, tras interponer un recurso contencioso-administrativo.

 

El motivo detrás de la sanción a la ACB estaba en la imposición de condiciones económicoadministrativas “desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias” a los clubes que adquirían “por méritos deportivos” el derecho a ascender desde la Liga Española de Baloncesto Oro (LEB Oro) a la Liga ACB.

 

La conducta incluía, entre otros, la exigencia de un canon o cuota de entrada, la aportación económica al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD) y la imposición de requisitos financieros adicionales.

 

 

 

 

Fue entonces cuando la CNMC remitió varias solicitudes, entre abril y mayo de 2021, a los clubes que habían ascendido a la Liga Endesa entre las temporadas 2017-2018 y 2020-2021: Breogán SAD, Bilbao Basket, Real Betis y Gipuzkoa Basket.

 

Tras las respuestas de estos, el ente regulador pudo verificar que la ACB había eliminado íntegramente tanto el canon de entrada como el FRAD mediante acuerdos de la Asamblea General de 10 de julio de 2017, sustituyendo estos mecanismos por el valor de participación, de naturaleza reembolsable y calculado de forma objetiva sobre el resultado bruto de explotación (ebitda) de la ACB, pagadero en cuatro temporadas y no discriminatorio respecto de los clubes ascendidos.

 

“Las respuestas de los clubes consultados confirman que, durante las temporadas 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, no se les exigió canon ni FRAD, y que las condiciones económicas aplicadas fueron proporcionales y homogéneas”, se lee en el informe.

 

 

 

 

La CNMC, además, subraya que, desde la Resolución de 2017, el marco regulatorio del acceso a la Liga ACB ha experimentado “cambios estructurales relevantes, al desaparecer los instrumentos económicos origen de la conducta sancionada y al modificarse los Estatutos de la ACB para incorporar un sistema alineado con criterios de proporcionalidad, transparencia y reembolso en caso de descenso”. Para el organismo, este nuevo esquema “ha reducido sustancialmente las condiciones que posibilitaron la infracción original”.

 

Tampoco se han observado mecanismos de presión, limitaciones financieras injustificadas ni obstáculos que afecten al acceso efectivo o a la permanencia deportiva.

 

Por tanto, la CNMC ha decidido declarar el cierre de la vigilancia de la Resolución dictada por el Consejo de la CNMC el 11 de abril de 2017, poniendo fin, de este modo, a un capítulo que ha durado más de nueve años.

 

 

 

 

Todo viene del ‘caso Tizona’

En octubre de 2015, la CNMC anunció la incoación de un expediente sancionador contra la asociación que organiza la principal liga de baloncesto de España, al apreciar “posibles prácticas restrictivas de la competencia” a la hora de decidir si acepta a un equipo que logra el ascenso por méritos deportivos.

 

El proceso se inició tras la denuncia del Club Baloncesto Tizona, que durante esos años vio cómo reiteradamente se quedaba fuera de la ACB por no poder cumplir con las exigencias económicas. En esta ocasión, la entidad sólo pudo abonar parcialmente el canon de entrada (pagó 150.518 euros) y no fue capaz de presentar toda la documentación necesaria.

 

La CNMC consideró entonces que “existen indicios racionales de que la ACB podría haber cometido una infracción” de varios artículos de las leyes relativas a la defensa de la libertad de mercado, “por conductas restrictivas de la competencia que pueden suponer la exclusión injustificada de terceros clubes de las competiciones deportivas organizadas por la ACB y de los ingresos económicos asociados a las mismas”.

 

 

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El Morabanc Andorra también llegó al juzgado

En 2019, el equipo del Principado interpuso una demanda contra la ACB por el canon de ascenso, una tasa que debían pagar los equipos que ascendieran desde la LEB Oro y que ascendía a más de 3,1 millones de euros.

 

En el año 2014, la entidad presidida por Gorka Aixàs tuvo que afrontar dicho pago de forma íntegra, el último club en hacerlo, ya que entre 2015 y 2017 no se produjo ningún ascenso ni descenso debido a que los equipos de la LEB Oro no alcanzaban a reunir dicha cantidad, a la que había sumar 1,6 millones de euros más que iban a parar al Fondo de Ascensos y Descensos.

 

Sin embargo, en febrero de 2024, la competición de baloncesto recurrió la sentencia que le obligaba a abonar 1,2 millones de euros a MoraBanc Andorra por el canon de ascenso a la competición.