Madrid
La Asociación ultracatólica Hazteoir, que dirige la acusación popular en la investigación abierta contra Begoña Gómez, se ha alineado con la defensa de la mujer del Presidente del Gobierno y ha pedido a Juan Carlos Peinado que suspenda su decisión de pedir los escritos de acusación y defensa a las partes. El escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, afea al juez que se haya saltado el trámite que prevé la ley del jurado que da cinco días a las partes para proponer pruebas antes de dictar el auto de procesamiento.
La asociación ultracatólica coincide con Begoña Gómez, pero subraya que se trata de una cuestión «estrictamente procesal». «La presente adhesión no supone asumir valoraciones de fondo de la defensa pues se formula únicamente desde una perspectiva de ordenación procesal, seguridad jurídica y preservación de la plena eficacia de las actuaciones que hayan de practicarse y para garantizar de la manera más amplia el derecho de defensa y evitar la reproducción y multiplicación de recursos». Con estos argumentos, Hazteoir reclama a Peinado que de marcha atrás y vuelva a la casilla de salida para seguir los trámites en el orden que contempla la ley.
Barrabés y la asesora presentan sus escritos de defensa
A la espera de que Peinado resuelva esta petición, las partes siguen engordando el procedmiento. El profesor de la cátedra que codirigía Begoña Gómez y la asesora que Moncloa asignó al Presidente del Gobierno han presentado sus escritos de defensa en los que aseguran que no hay indicios de delito y llaman a casi 70 testigos a declarar. Barrabés señala que «no diseñó, ni asesoró, ni fue el arquitecto de la cátedra extraordinaria».
Añade que «toda su actuación ha sido absolutamente regular. Jamás he mantenido conversaciones con ningún funcionario para influir en las decisiones que debieran adoptar ni, por supuesto, jamás he tenido conversaciones con Begoña Gómez sobre las concretas adjudicaciones a las que habrían concurrido las empresas de las que era accionista. Mi relación estuvo exclusivamente relacionada con el máster». Barrabés pide, si finalmente la causa llega a juicio, copia de las declaraciones que se han realizado ante la fiscalía europea que investiga los contratos que obtuvo con fondos next generation y llama a 58 testigos. Entre ellos, altos cargos de la Universidad Complutense y empresarios como el Presidente de Telefonica, Marc Murtra o Rosauro Varó.
La defensa de Cristina Álvarez asegura que todas las asesoras de las mujeres de los Presidentes del Gobierno han ayudado en actividades privadas. Por ejemplo, el asistente de la mujer de Mariano Rajoy la acompañaba de compras, los asistentes de la mujer de José María Aznar prepararon la boda de su hija y acompañaron a Ana Botella a hacer el camino de Santiago.
El escrito denuncia la «ausencia de rigor, de seriedad, y la temeridad de la acusación popular» porque «retuerce el Derecho Penal y comete auténticas barbaridades jurídicas tan disparatadas que una de las acusaciones se quiere separar de la acusación unificada». Según su escrito de acusación, el nombramiento de los más de cien asesores que tiene VOX serían también un delito de tráfico de influencias.
El escrito recuerda que, «la gestión de la agenda se refiere tanto a la agenda pública como a la privada, pues debe asegurarse, entre otras cosas, de la compatibilidad de ambas agendas». Añade que la asesora «debe llevar a cabo sus funciones de interlocución y coordinación con los equipos de seguridad” cada vez que Begoña Gómez sale del Palacio de la Moncloa, ya sea «para una actividad pública o privada».
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Respecto del delito de malversación, subraya que entre 2021 y 2025, Cristina Álvarez ha trabajado «455 horas y 39 minutos más de las previstas para su especial dedicación» y que, en cualquier caso, «la participación en actividades privadas de Begoña Gómez que se atribuye a la acusada le ocuparon menos de las 455 horas y 39 minutos que trabajó de más en esos años».
En cualquier caso, concluye, «la asistencia a Gómez en actividades de carácter privado o relacionadas con la cátedra no supuso menoscabo de las funciones como asistente de la esposa del Presidente del Gobierno, ni le impidieron cumplir con sus obligaciones».