Vodafone España ha iniciado una nueva ofensiva legal para tratar de revertir la pérdida de control sobre Wewi Mobile, la sociedad matriz que opera bajo la marca Finetwork. La compañía de telecomunicaciones ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial de Alicante. El movimiento busca dejar sin efecto la reciente resolución judicial que anuló el plan de reestructuración mediante el cual Vodafone se había hecho con la mayoría accionarial de la operadora alicantina.
El recurso interpuesto por Vodafone es un instrumento procesal de carácter excepcional. Su objetivo es solicitar al mismo órgano que dictó la sentencia firme que anule sus propias actuaciones, bajo el argumento de que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial. Fuentes de la operadora han manifestado a los medios citados: “Hemos presentado un incidente de nulidad, un recurso procesal excepcional que permite pedir al mismo órgano judicial que dictó una resolución firme que anule actuaciones judiciales porque se ha producido una vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento. Además, es un paso necesario y previo para acudir al Tribunal Constitucional”, señalaron a EL PAÍS/Cinco Días fuentes de Vodafone España.
Mientras la vía judicial suma este nuevo trámite, la situación operativa en la sede de Finetwork refleja una parálisis administrativa. Los socios originales de la compañía, que recuperaron formalmente sus puestos en el consejo de administración tras el fallo de la Audiencia, aseguran que Vodafone no ha facilitado el traspaso efectivo de la gestión, según fuentes cercanas al entorno de los fundadores.
Estas mismas fuentes sostienen que el movimiento procesal de Vodafone tiene escaso recorrido jurídico y lo interpretan como una estrategia para dilatar el proceso antes de elevar el caso al Tribunal Constitucional. De hecho, el consejo ya ha remitido su escrito de oposición al incidente de nulidad ante la Audiencia de Alicante.
Origen del conflicto
La disputa tiene su origen en el deterioro de la relación financiera entre Wewi Mobile y Vodafone a lo largo de 2025. La compañía eldense operaba como un Operador Móvil Virtual (OMV) utilizando la red de Vodafone. Sin embargo, el impago de las facturas por el alquiler de dicha infraestructura generó una deuda que Vodafone decidió capitalizar.
En septiembre de 2025, un juzgado mercantil validó un plan de reestructuración promovido por Vodafone que permitió a la multinacional tomar el control de Wewi Mobile, desplazando a los fundadores. Aquella resolución judicial fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Alicante, que dio la razón a los socios originales y ordenó la restitución del anterior órgano de administración, compuesto por Pascual Pérez como presidente y Pedro Andreu como vicepresidente.
A pesar de que el control societario de Wewi Mobile ha vuelto legalmente a manos de sus fundadores, la viabilidad operativa de la empresa enfrenta a otro obstáculo técnico-legal: la propiedad de la marca Finetwork. Desde abril de 2026, Vodafone España es la propietaria legal de la marca comercial. Esta situación genera una paradoja operativa en la que Wewi Mobile posee la cartera de clientes y los contratos, pero carece de los derechos sobre el nombre bajo el cual comercializa sus servicios.
Esta dualidad permite a Vodafone, teóricamente, hacer uso de la marca Finetwork de manera independiente o bloquear su uso por parte de Wewi. La incertidumbre sobre el futuro de la marca, sumada a la inestabilidad en el consejo de administración, ha provocado una tendencia de pérdida de clientes en los últimos meses, según confirman fuentes del sector.
El consejo de administración restituido ha iniciado un proceso de auditoría interna para analizar las decisiones adoptadas durante el periodo en que Vodafone gestionó la compañía. Según fuentes cercanas al consejo restituido, la operadora británica mantiene bloqueado el acceso a documentación crítica sobre la actividad realizada durante los meses en los que ejerció el control.
Entre los hallazgos preliminares se encuentran cambios significativos en la estructura organizativa y física de la empresa. El consejo ha denunciado el cierre de la sede principal en Elda (Alicante) hace varias semanas, así como movimientos de personal en las oficinas de Madrid.
Según el equipo de Pascual Pérez, una parte de la plantilla de Finetwork fue trasladada físicamente a instalaciones de Vodafone durante el periodo de intervención. Asimismo, se están revisando ceses y nombramientos en puestos directivos intermedios y la integración de procesos operativos en los sistemas informáticos de la multinacional.
Si la Audiencia rechaza el recurso de Vodafone, la operadora solo tendrá la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar recuperar su posición en la compañía eldense. Hasta entonces, la operadora que llegó a dar servicio a 1,3 millones de líneas sigue operando en un escenario de bicefalia jurídica y administrativa, con una deuda pendiente por el uso de red que condiciona su balance financiero.