Las Cortes podrán pronunciarse, por primera vez, sobre la política presupuestaria del Gobierno, más en concreto, sobre la negativa de Pedro Sánchez a presentar unas cuentas públicas por la falta de apoyos parlamentarios. El PP forzará un debate en la Comisión Mixta del Tribula de Cuentas sobre el cierre contable de la legislatura, de manera que los grupos podrán emitir su opinión, según ha anunciado la vicesecretaria institucional, Cuca Gamarra, en un encuentro con periodistas junto al vicesecretario económico, Alberto Nadal.
Con esta maniobra, el partido de Alberto Núñez Feijóo sorteará el veto impuesto por el jefe del Ejecutivo a las Cortes, a las que ha usurpado su capacidad legislativa arrebatándoles la función principal que les otorga la Constitución: la de debatir y votar unos Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una «anomalía democrática«, según ha dicho Gamarra en declaraciones a la prensa.
El Parlamento podrá pronunciarse, además, sobre las «chapuzas» contables del Gobierno, que ha usado fondos europeos para suplir la falta de PGE, llegando a usarlos para el pago de pensiones, según advirtió el Tribunal de Cuentas, lo que ha motivado la crítica de la prensa internacional, escandalizada por las trampas del Ejecutivo.
El último reducto de poder del legislativo
La Mesa de la Comisión Mixta, que representa al Congreso y al Senado, es de mayoría PP por tres votos del total de cinco miembros, por lo que la iniciativa registrada tiene garantizada su aprobación. El órgano se reunirá el próximo 21 de mayo, y el grupo de Feijóo ha solicitado un cambio del orden del día, para lo que se requiere un quinto de los diputados, requisito que cumplen sobradamente, para debatir de manera urgente sobre esta cuestión.
La iniciativa registrada exige «la presentación del Informe sobre la Cuenta General del Estado 2024 por parte de la presidenta del Tribunal de Cuentas». Enriqueta Chicano deberá comparecer en el Congreso y los grupos podrán debatir y pronunciarse sobre los presupuestos del año 2024, cuando se prorrogaron por primera vez los últimos que fueron aprobados en 2022 por las Cortes, los de 2023, y que siguen a día de hoy vigentes, dada la falta de PGE.
La Comisión, una vez escuchado el Tribunal de Cuentas y después de los trabajos realizados por los diputados y senadores de manera conjunta, emitirá un dictamen final, con una serie de propuestas, que deberá elevarse al Pleno de ambas Cámaras. En caso de que haya discrepancias en el voto entre el Congreso y el Senado, la resolución final sobre los presupuestos la fijará la mayoría absoluta de la Cámara Baja.
Se trata de «pronunciamiento del Parlamento que tiene un valor fundamental, ya que, en caso de emitir una opinión negativa, sería como tumbar un presupuesto a posteriori», ha dicho Gamarra, criticando al Ejecutivo por haber ninguneado hasta ahora al poder legislativo. «Adquiere una relevancia política de gran calado», ha insistido.