La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, advertía ya en septiembre del boicot a Eurovisión que se fraguaba entre varios países, entre ellos España, por la participación de Israel. La jefa de la diplomacia del país anfitrión trataba de disuadir a los críticos y les recordaba que el certamen “no es un instrumento para imponer sanciones”. Pero fue precisamente Austria quien recurrió por primera vez al boicot cuando en 1969 decidió no mandar a ningún representante a Madrid. Ese año, España albergaba el evento tras la victoria de Massiel en Londres con el La la la. Viena rechazó participar para no contribuir al blanqueamiento que el régimen franquista buscaba en Europa mientras en España decretaba el estado de excepción y suspendía la escasa libertad de prensa aprobada con la ley Fraga.
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Eurovisión entonces apenas llevaba más de una década celebrándose como un proyecto de construcción europea a través de sus cadenas de televisión. La extensión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) más allá de las fronteras del continente, en especial hacia Oriente Próximo y el norte de África, introdujo tensiones dentro de sus participantes. Seis años después del plantón austriaco, Grecia decidía boicotear el evento como protesta por la participación de Turquía, que acababa de invadir Chipre. Desde sus orígenes, la geopolítica siempre ha marcado el festival.
Tras dos largas décadas (o más) de declive, el festival revivió gracias a la modernización insuflada por los países escandinavos, la democratización del resultado a través del televoto y el entusiasmo vertido por la comunidad LGTBIQ+. Eurovisión pasó a ser una plataforma en la que se reivindicaba la diversidad y la cara más cosmopolita de unas sociedades que no siempre se correspondían con lo que ocurría sobre el escenario. Dana International (Israel), Conchita Wurst (Austria) o Verka Serduchka (Ucrania) se convertían en iconos del festival. A la vez, la Hungría de Víktor Orbán y la Turquía de Recep Tayyip Erdogan decidían apartarse ante esa transformación del festival.
Akylas, representante de Grecia, durante la primera semifinal.HANNIBAL HANSCHKE (EFE)
La UER abrazó esas banderas, pero ha sido incapaz de gestionar su éxito cuando Eurovisión volvió a ser un gran escaparate global en el que han aflorado —y se han trasladado— posicionamientos y enfrentamientos políticos. La organización había decidido que el festival era una plataforma apolítica en la que no participaban países sino televisiones, obviando que en algunos estados los medios de comunicación, en especial los públicos, siguen amordazados y bajo el control de los gobiernos.
La presencia de Rusia se hizo cada vez más insoportable: las t.A.T.u. daban visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en 2003 a pesar del malestar en Moscú, mientras que Georgia en 2009 se retiraba tras negarse a modificar la letra de la canción We Don’t Wanna Put In, en una clara referencia al desafiante presidente ruso.
Tensiones crecientes
Los equilibrios se rompieron en 2021, cuando la UER expulsó a Bielorrusia y, en 2022, a Rusia por la invasión de Ucrania. Al principio, el organismo se resistió a suspender a Moscú al considerar que era un “evento cultural apolítico”. Así se lo comunicó a la SVT sueca que, junto a otras televisiones, forzó a la organización a cambiar de opinión y rechazar la participación rusa. Ese año, Ucrania se alzó con la victoria en el festival de Turín tras arrasar en el televoto y desplazar a Reino Unido y España, los favoritos de esa edición para alzarse con el micrófono de cristal. La geopolítica se había instalado en toda su magnitud tras una expulsión de gran calado y, además, al condicionar el resultado de esa edición, algo que nunca se había producido.
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Las tensiones geopolíticas no se quedaron ahí. La brutal respuesta de Israel al ataque de Hamás provocó una oleada de indignación que puso en peligro la celebración del festival de Malmö de 2024, del que se esperaba un relanzamiento de Eurovisión por parte de los organizadores suecos. Pero no fue así. El festival derivó en un caos. Hubo intentos de acallar silbidos, enfrentamientos entre participantes, manifestaciones a favor de Palestina en las calles, la expulsión del representante de Países Bajos e incluso se prohibió entrar al recinto del festival con la bandera europea.
Se confió en que Suiza, el país donde nació el festival, pudiera apaciguar los ánimos. La edición fue más tranquila, pero la campaña del Gobierno de Benjamin Netanyahu —que incluso publicó mensajes en los que animaba a votar hasta 20 veces a su país— puso a Israel a un paso de la victoria y dejó en evidencia el carácter “no político” que tanto reivindica la UER. La situación en Palestina llevó tras el festival a varios países a pedir la exclusión de Israel, que debía ser votada en el seno de la organización.
Pero esa deliberación nunca se produjo, sino que se planteó un paquete de medidas para dificultar la manipulación del televoto o limitar campañas internacionales. Cinco países relevantes dentro del festival decidieron abandonar el certamen: España, miembro de los Big Five; Países Bajos, uno de los fundadores; Irlanda, colíder en el palmarés; Islandia, que registra una audiencia casi del 100%, y Eslovenia, que forma parte de la primera generación de países que se incorporó tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de Yugoslavia.
La UER es hoy prisionera de sus decisiones respecto a Rusia e Israel. Esa contradicción la lleva a ser incapaz de resolver el dilema en el que lleva al menos tres ediciones enquistada: si opta por seguir fingiendo que el festival es apolítico, debería plantear aceptar a Moscú —lo que ningún miembro parece dispuesto a consentir—; y si acepta que no lo es, debería al menos someter a votación la presencia de Israel.
La polémica ya ha marcado el arranque del festival. En la primera semifinal han vuelto los abucheos —y aplausos— al representante de Israel, cuya prensa teme que Finlandia se alce con la victoria al haber sido una de las voces críticas con su participación. La polarización que augura ese escenario pone contra las cuerdas a la UER ―de la que, por cierto, también forma parte la televisión libanesa―. Los países nórdicos, donde Eurovisión es un fenómeno de masas con audiencias de más del 90%, marcaron sus límites: solo seguirán si se cumplen las normas. Su marcha no solo sería una enorme pérdida de ingresos y audiencia, sino otro golpe en la credibilidad del festival que solo agravará su crisis. Eurovisión tal vez no desaparezca, pero puede volver a la irrelevancia.