La Asociación Unificada de Guardias Civiles han pedido investigar «de inmediato» el fallecimiento en acto de servicio del guardia civil de 63 años, por un infarto. El agente murió tras un servicio de más de 14 horas para el desembarque sanitario de los pasajeros del … MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.
Los hechos sucedieron el domingo 11 de mayo dentro del operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) con motivo de la llegada del crucero MV Hondius, que transportaba pasajeros con un brote de hantavirus. «Lo que debía ser un dispositivo sanitario de primer nivel terminó poniendo de manifiesto, una vez más, la gestión irresponsable de los recursos humanos que la institución practica cuando le conviene ocultar sus propias carencias».
Desde la AUGC aseguran que han sido informados de que el fallecido, Berto, inició su jornada a las 6 de la mañana conduciendo desde Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de Granadilla de Abona y «14 horas después seguía trabajando».
El guardia civil ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en situación de reserva y fuera de especialidad. «Esta circunstancia no es un detalle menor. Es el núcleo del problema», afirman.
La Instrucción de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, firmada el 26 de enero de 2026 y que regula los cometidos del personal en situación de reserva, es meridianamente clara. El personal en reserva fuera de especialidad tiene asignadas funciones tasadas y concretas: labores de formación, Plana Mayor, gestión administrativa, representación institucional, asesoramiento al mando y seguridad estática en el interior de instalaciones. La norma es explícita al señalar que debe evitarse
«La exposición a riesgos contra su integridad física, ya sea por exposición directa a situaciones que puedan derivar en conflicto o por la realización de tareas que requieran un esfuerzo físico intenso». Para AUGC «integrar a este agente en el puesto avanzado del operativo del Hondius, exponiéndole al contacto con materiales potencialmente contaminados y a una jornada extenuante de más de 14 horas, es una presunta vulneración directa de esa instrucción». Por ello, AUGC exige que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales «abra de inmediato una investigación para esclarecer si la asignación de Berto Ruano a ese dispositivo fue legal, y si existió responsabilidad en la cadena de mando».
En función de las conclusiones de esa investigación, «AUGC no descarta acudir a la Fiscalía para depurar todas las responsabilidades que pudieran derivarse», ha adelantado.
«Era perfectamente evitable»
Además, apuntan, «lo que más indigna a AUGC no es solo lo que le ocurrió. Es que era perfectamente evitable».
La llegada del MV Hondius a las costas de Tenerife «no fue una emergencia imprevisible. Se conocía con suficiente antelación para haber articulado un dispositivo planificado, ordenado y respetuoso con la normativa laboral». Sin embargo la USECIC de Tenerife «vio limitados sus descansos, fueron empleados sin guardias de localización y sometidos a jornadas interminables, sin que nadie en la cadena de mando asumiera la responsabilidad que le correspondía». En otro ejemplo más de esta «mala planificación» que denuncia AUGC se encuentra que a día de hoy la USECIC de las Palmas «sigue sin recibir la dietas por el alojamiento y manutención, que tuvieron que ser adelantadas por los propios guardias civiles desplazados».
Han denunciado que «esta institución tiene el hábito de improvisar cuando debe planificar, y de exigir a sus guardias civiles que asuman las consecuencias de esa improvisación».
Lo ocurrido en el Hondius es «la expresión más cruel de ese patrón: cuando la gestión falla, la factura la pagan los agentes. Cuando los agentes mueren, la institución guarda silencio».
Para la Asociación «este silencio tiene nombre: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska», que ese mismo día «rindió homenaje en su discurso en la Academia de Baeza a dos guardias civiles fallecidos en otra operación, no tuvo una sola palabra para el guardia civil fallecido también en acto de servicio».
AUGC lleva años «reclamando sin éxito» que la Guardia Civil reconozca la edad como un factor de riesgo laboral «porque la ciencia lo avala». A su juicio, «un agente de 63 años no puede ser tratado como si tuviera 30».