El Govern de Salvador Illa y la ERC de Oriol Junqueras han sellado un nuevo acuerdo de alcance político y presupuestario, apenas un día después de las elecciones andaluzas. El pacto queda circunscrito a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, … pero su contenido desborda la política estrictamente autonómica: 527 millones de euros hasta 2029 para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, control catalán en la Zona Franca de Barcelona y más inversión estatal.

La coincidencia temporal no es menor. Tras la cita electoral en Andalucía, que ha dejado al PSOE en el peor resultado de su historia a nivel autonómico, el PSC, con el visto bueno del PSOE, y ERC han reactivado la carpeta de los Presupuestos catalanes de 2026, para cerrarla esta misma semana, con más concesiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La independencia fiscal, con el sistema de ordinalidad para Cataluña, es el objetivo para los independentistas.

Según fuentes de la negociación consultadas por Ep, el Govern de Illa y ERC han pactado reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con 527 millones de euros hasta 2029. Este impulso permitirá dotar a la ATC, durante los próximos años, de más medios humanos y técnicos para asumir funciones tributarias vinculadas a la gestión del IRPF. La gestión de este impuesto está en el punto de mira de Junqueras e Illa y su traspaso quedó aplazado para que no afectara a María Jesús Montero en Andalucía.

 

Los independentistas han hecho de la ampliación de la capacidad tributaria de la Generalitat una de sus principales exigencias e Illa necesita a los de Junqueras, sumados a los Comuns de Jéssica Albiach, para aprobar sus primeras cuentas, tras dos años al frente del Govern, y un primer fracaso en la presentación del proyecto de Presupuestos en el Parlament, que los socialistas acabaron por retirar para evitar una derrota parlamentaria sin precedentes.

Ahora, la negociación no se limita a la ATC. El PSC y ERC también están ultimando un acuerdo para modificar el equilibrio de poder en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, con una mayoría de gobernanza actualmente en manos del Gobierno. El objetivo sería que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasen a tener mayoría en el ente. La administración autonómica con el 40% y el consistorio con el 15% del total. El Gobierno se reservaría el 45%, pero perdería el control.

El movimiento se presenta como un avance hacia más soberanía o independencia y, por lo tanto, más competencias para Cataluña. No obstante, habrá que ver la letra pequeña del acuerdo y ver cómo se articula jurídicamente un cambio en la gobernanza del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y el papel que conservaría la Administración General del Estado en un organismo estratégico para la economía barcelonesa. Hay cálculos que sitúan el peso del Consorcio en cerca del 4% del PIB anual de la comunidad.

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En la misma línea, Junqueras habría conseguido el compromiso de crear una línea orbital ferroviaria, concebida para conectar las regiones metropolitanas entre Mataró y Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona. La infraestructura tendría un coste estimado de 5.200 millones de euros, se ejecutaría entre 2027 y 2040 y, según el acuerdo descrito, sería financiada íntegramente por el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones.

Otra de las piezas pactadas entre independentistas y socialistas es la creación por parte del Gobierno de una sociedad mercantil de inversiones del Estado. La fórmula se plantea después de que el Congreso rechazara el Consorcio de Inversiones con el voto en contra no solo de PP y Vox sino también de Junts. A diferencia de aquel instrumento, la sociedad mercantil no necesitaría pasar por la Cámara Baja, pero, a su vez, sería un acuerdo más fácil de revertir.

Con estos acuerdos bajo el brazo, la dirección de ERC ha convocado para este lunes por la tarde a su Consejo Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, para valorar si las condiciones pactadas son suficientes para facilitar un acuerdo presupuestario con el Govern de Illa. Esta misma semana podría celebrarse una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para fijar los acuerdos y darles el primer impulso y, de la misma manera, el Govern enviaría al Parlament el proyecto de Presupuestos.