Los costes en la automoción siguen encontrando fricciones imprevistas en la letra pequeña de los servicios financieros.
A pesar de los esfuerzos normativos e industriales por abaratar el acceso a la movilidad cero emisiones, un análisis sectorial publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone cifras a un desequilibrio de mercado: asegurar a todo riesgo un vehículo eléctrico en España es, de media, un 36% más caro que hacer lo propio con un coche de gasolina de precio y prestaciones equivalentes.
La asimetría tarifaria no solo afecta a los modelos puros de batería. El estudio, que evalúa y compara las condiciones de nueve pólizas de automóvil a todo riesgo (con y sin franquicia), constata que la hibridación también arrastra un recargo técnico.
En concreto, las primas para los vehículos híbridos son un 20% más costosas de media que las de combustión tradicional, sin que el mercado discrimine de forma estadísticamente significativa entre las tecnologías enchufables (PHEV) y las no enchufables (HEV).
Dispersión de precios y la paradoja de la competencia
Más allá de la brecha por tipología de motor, el informe macroeconómico del sector desvela una enorme dispersión de precios entre las propias entidades aseguradoras, lo que evidencia que los modelos de evaluación de riesgo para la nueva movilidad aún no están estandarizados.
Para un mismo modelo eléctrico de gama media, la horquilla de precios en la modalidad de todo riesgo sin franquicia fluctúa entre un mínimo de 544 euros y un techo de 2.934 euros anuales, dependiendo de la firma proveedora.
Si el asegurado opta por mitigar la prima introduciendo una franquicia estándar de 300 euros, el coste se atenúa drásticamente, situándose la banda de precios entre los 274 y los 745 euros al año.
Sin embargo, incluso bajo esta fórmula de coaseguro, se replica la brecha de costes respecto al vehículo de combustión.
A nivel de mercado, firmas especializadas detallan que los precios de suscripción estándar para modelos eléctricos de volumen comercializado en el mercado español (como los del segmento medio) pivotan en torno a un eje de entre 420 y 620 euros bajo la modalidad de franquicia, incluyendo ya cláusulas específicas de cobertura de la batería y cables de recarga, coberturas críticas que las mecánicas tradicionales lógicamente no requieren de provisionar.
El factor batería: el riesgo que tensiona el balance asegurador
La justificación técnica de este sobreprecio responde a una realidad contable de los talleres y las cadenas de valor: el coste de los componentes.
La OCU vincula de forma directa el encarecimiento de las pólizas a las complejidades operativas en caso de siniestro. La reparación o sustitución de un paquete de celdas de gran autonomía puede suponer una factura de hasta 15.000 euros.
Dado que el protocolo postcolisión de muchos fabricantes exige el reemplazo preventivo o total de la batería por motivos de seguridad electromecánica, el coste del siniestro se eleva sustancialmente.
A eso se suma el factor logístico del mercado laboral automotriz: los vehículos eléctricos demandan mano de obra en talleres especializados con técnicos de alta cualificación en alta tensión, lo que reduce la oferta de centros y encarece el coste por hora reparada en comparación con los vehículos convencionales.
Esta lógica financiera flaquea, no obstante, al analizar los modelos híbridos autorrecargables.
La OCU subraya que el recargo del 20% en esta categoría carece de un fundamento técnico claro si se atiende solo al coste del componente, dado que sus baterías son notablemente más pequeñas y su valor de reposición en el mercado de recambios se sitúa alrededor de los 2.500 euros.
Fuentes del sector apuntan a que las aseguradoras podrían estar aplicando factores de corrección adicionales basados en el coste de los componentes electrónicos periféricos o el perfil de siniestralidad estadística de estos conductores.
El fantasma del siniestro total y el valor venal
El verdadero punto de fricción para el asegurado se produce cuando la colisión compromete la estructura interna de la batería.
Ante una factura de reparación que puede superar fácilmente el valor de mercado del coche depreciado, la estrategia habitual de las compañías consiste en decretar la pérdida total del activo, ofreciendo al tomador la indemnización basada en el valor venal del vehículo.
Esta práctica puede generar un quebranto patrimonial relevante para el consumidor, dado el ritmo acelerado de depreciación comercial que sufren las tecnologías de primera generación en el mercado de ocasión.
Ante este escenario de asimetría informativa, la organización de consumidores ha elevado una petición formal de transparencia regulatoria dirigida a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y a las patronales del sector.
Exigen que las compañías informen de manera desglosada y explícita, en cada renovación anual de la póliza, cuál es el importe máximo indemnizable de la cobertura a todo riesgo.
Solo mediante este ejercicio de transparencia contable podrá el usuario calcular eficazmente el coste real de su inversión en movilidad y evaluar si la prima exigida guarda una correlación justa con el valor de mercado del activo que pretende proteger.