La escena que se vivió este martes en el Congreso parecía propia de una película de ciencia ficción. Los diputados de la comisión que investiga los atentados terroristas de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, se dirigían a una pantalla en negro a través de la cual les llegaba la voz distorsionada de un hombre maduro. No era un asistente de inteligencia artificial, sino el responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la provincia de Girona en la época en que se formó la célula yihadista de Ripoll, autora de los ataques que dejaron 16 muertos.
No era la primera vez que un miembro del CNI comparecía en el Congreso. Los máximos responsables del centro de inteligencia lo han hecho repetidamente en la Comisión de Fondos Reservados, que se reúne a puerta cerrada. Pero la identidad de la secretaria de Estado-directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y de su número dos, el secretario general Luis García Terán, es pública. Este martes, por vez primera, lo hizo un agente operativo, cuya identidad está clasificada por ley y no puede revelarse sin cometer delito.
Los diputados se dirigieron al hombre detrás de la pantalla llamándole “agente”. No conocían su nombre ni su número identificativo. El único que le vio el rostro, según fuentes parlamentarias, fue el letrado mayor del Congreso, quien le recibió a su llegada al Palacio de las Cortes y recibió un certificado del CNI que acreditaba que su portador era la persona que había sido citada por la comisión parlamentaria. El detalle no es menor, ya que el Código Penal castiga con hasta un año de prisión o multa de 12 a 24 meses a quien mienta a una comisión de investigación. Una vez certificada su identidad, el letrado mayor llevó al agente a una dependencia para que se conectara por circuito cerrado con la sala donde estaban reunidos los diputados. La sesión era pública, pero un agente controlaba la entrada.
El desencadenante de la citación del espía fue la publicación de dos artículos en el diario Abc en abril del año pasado, cuando la investigación parlamentaria parecía ya agotada. En ellos se aseguraba que Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll y cabecilla del grupo, “cobraba 500 euros mensuales del CNI a través de su oficina de Gerona” y que, tras los atentados, el jefe de la misma, “de carrera militar, fue enviado a la Embajada de España en Bogotá”, como represalia y también para poner distancia. El afectado aseguró este lunes que la oficina que él dirigía “no tuvo contacto de ningún tipo” con Es Satty y que tampoco se le hizo ningún pago desde su “ámbito de competencia”.
El exjefe del CNI en Girona se escudó en que el centro de inteligencia es una organización compartimentada en la que funciona el principio de “necesidad de saber” —en virtud del cual un espía solo debe tener acceso a la información que necesite para su trabajo— para alegar ignorancia sobre las relaciones del imán con otras unidades del centro. Aseguró que solo tuvo conocimiento de la identidad de Es Satty y de las visitas que recibió por parte de agentes del CNI, cuando estaba preso por tráfico de drogas, después de los atentados, a través de una llamada de la sede central del servicio de espionaje.
Reconoció que los atentados causaron una “gran consternación” en su oficina y los agentes estaban “muy afectados”, ya que la célula terrorista se había formado en su propia demarcación sin que la detectaran. No obstante, justificó el fallo de seguridad alegando que el clandestino proceso de radicalización de los terroristas pasó inadvertido “bajo el radar de todo el mundo. Incluso de su entorno social y familiar más cercano”.
Rememorando aquella etapa, aseguró que “era un momento frenético, con muchas investigaciones abiertas”, en el que se recibían numerosas alertas, aunque ninguna sobre Es Satty. “La pregunta [que nos hacíamos] no era si iba a haber un atentado yihadista, sino cuándo, cómo y dónde”, subrayó.
Pese a reconocer que no participó en la investigación posterior al atentado, se escudó en el carácter secreto de la hoja de servicio de los agentes del CNI para no confirmar si fue enviado a la Embajada en Bogotá o es militar de carrera. Sí aseguró que la relación de los espías con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con los Mossos d’Esquadra era “estrecha y fluida” y que el procés independentista, que se aceleró en aquellos meses, no produjo descoordinación. También afirmó con rotundidad que toda la documentación de la que dispone el CNI sobre el imán de Ripoll ha sido desclasificada y está a disposición de la comisión de investigación.
Tras la comparecencia, que se prolongó una hora, algunos diputados se cuestionaban si debían creer o no al agente sin rostro y sin nombre. A falta del lenguaje gestual, que juega un papel fundamental a la hora de dar credibilidad a las palabras, algunos se fijaban en otros detalles: por qué el ex responsable del CNI en Girona esperaba a escuchar la traducción al castellano antes de responder a quienes le preguntaron en catalán. ¿No entiende el catalán o buscaba ganar tiempo para pensar su contestación? Al final, como siempre, más incógnitas que certezas.