Una fiesta organizada por el Gobierno y que pagan las comunidades. De esta metafórica manera se puede ilustrar el nuevo Plan Estatal de Vivienda que rechazan en parte los territorios gobernados por el Partido Popular, aunque ayer lo aprobaron con la advertencia de futuros … recursos en el Supremo. Entre los críticos, Andalucía, cuya consejera en funciones, Rocío Díaz, participó ayer jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid como oyente debido a la actual situación de la Junta tras la celebración de las elecciones autonómicas.
Después de ocho años de inacción tras los que la dificultad del acceso al hogar se ha convertido en el principal problema, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha diseñado la solución desde el Gobierno central para atajar este conflicto que ha empobrecido a una gran parte de los españoles y eclipsa todos sus datos macroeconómicos. El alto precio tanto de la compra como del alquiler obliga a invertir de media el 50% del salario (muchos superan con creces este porcentaje), así que es la mayor causa del empobrecimiento de los ciudadanos.
El Ejecutivo promete movilizar ahora 7.000 millones de euros para repartirlos entre las comunidades en los próximos cuatro años, el triple que el anterior. Pero a cambio introduce varias exigencias, y una concretamente ha levantado a estas administraciones: el Gobierno pone el 60% y las regiones aportan el 40%. Se aumenta sustancialmente la inversión estatal, que en el último cuatrienio fue de 1.443 millones en las ayudas, pero ‘elimina’ de un plumazo esa distribución del 77% (Estado)-23% (autonomías) y les obliga a un esfuerzo enorme a las comunidades. Deben subir un 17% más en un montante total que se ha incrementado enormemente.
1.197 millones es el porcentaje para Andalucía
La Junta muestra su acuerdo con el porcentaje que le corresponde: un 17,10%. A Andalucía le ‘tocan’ 1.197 millones de euros. Para ello, la Junta tiene que multiplicar por seis su aportación mientras que el Ejecutivo central sólo lo duplica. Por dos. Desde la Consejería han de destinar 479 millones a este Plan Estatal cuando fueron 74 en el periodo 2022-2025. 400 más que salen del presupuesto andaluz para una política nacional, y además la vivienda es una competencia en gran parte autonómica.
El Plan moviliza 7.000 millones en cuatro años: el 60% los aporta el Gobierno y el $0%, las comunidades; antes, el reparto era de 77%-23%
Esto supone un esfuerzo enorme y difícil de asumir para la Consejería. Los presupuestos de 2026 recogen una inversión de 740 millones de euros en esta materia (un 40% más que el año pasado). De esa partida, una importante cuantía (alrededor de 120 millones al año) serviría para implementar las políticas de Vivienda de Pedro Sánchez que se rechazan por ser intervencionistas, por provocar inseguridad jurídica, y porque años después han confirmado su fracaso. El presidente prometió levantar 261.000 viviendas en toda España y los cálculos más optimistas apuntan a que como mucho ha logrado entregar las llaves de 18.000.
Las comunidades gobernadas por el PP votaron a favor de esa distribución de fondos (la Junta no pudo al estar en funciones) por la necesidad de actuar ante tal emergencia y contar con el dinero estatal. Si bien, advierten de que habrá futuros recursos en cada una de las regiones ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía ya están revisando y estudiando el Plan Estatal, al que presentaron 22 alegaciones y no han obtenido aún respuesta.
Porque además de exigir un sobreesfuerzo a las administraciones (algunos entienden que es una financiación inviable), consideran que se trata de un acto propagandístico del ‘sanchismo’ que no soluciona el problema de la vivienda y que sólo sirve para imponer su modelo y condicionar las políticas autonómicas. Existen a su vez demasiadas condiciones para acceder a estos fondos y establece poco margen para políticas propias. El plan se ha diseñado «sin negociar suficientemente» con las comunidades. Nace de la imposición y no del consenso, de un proceder autoritario donde no se ha establecido el diálogo necesario para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. «Se ha hecho a espaldas de las comunidades cuando somos las que tenemos que pagar».
Tanto Gobierno como autonomías asumen que la primera y principal receta es construir viviendas, muchas de ellas protegidas, para casar la escasa oferta con la altísima demanda y que la autorregulación del mercado provoque esa reducción en el precio. El Ministerio quiere además ‘blindar’ esas VPOs para que no se puedan vender en un futuro a precio de mercado, una protección indefinida que ya se sentenció como invasión de competencias y ahora se quiere aplicar «por la puerta de atrás».
Se observan discrepancias en la delimitación de zonas tensionadas, algo que se niegan a hacer muchas de las comunidades del Partido Popular.
Un año perdido
En la reunión de ayer jueves en la Conferencia Sectorial, arreciaron las críticas por la lentitud con la que el Ministerio desarrolla su plan 2026-30, que debería haber arrancado el mismo 1 de enero de este año. Ya es finales de mayo y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para luego culminarse con la firma de los convenios bilaterales con cada comunidad, por lo que las ayudas llegarán en 2027. Un año perdido.
Las administraciones regionales aceptaron el plan «con reticencias» y muchas reservas, preparando sus recursos en el Tribunal Supremo. Responden por «miedo» a perder esa financiación gubernamental, ya que no están obligadas a adherirse pero entonces perderían las ayudas.
El Plan Estatal de Vivienda está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. El Ministerio considera que es «un poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía», ya que diferentes administraciones han decidido «remar juntas». Un plan magnífico que se paga a escote entre todos y para el que se ha elevado la cuota.